El pasado 6 de noviembre, el PSOE lanzó una propuesta que no puede pasar desapercibida: blindar el aborto y el mal llamado «matrimonio» homosexual como derechos en la Constitución española. Esta propuesta se enmarca en el 41 Congreso Federal que se celebrará el último fin de semana de noviembre en Sevilla.
Una propuesta que, más allá de sus aparentes intenciones emancipadoras, constituye un paso más en la consolidación de una visión destructiva, y desde luego ideológica, del ser humano y de la sociedad. Porque si algo queda claro, es que esta medida va mucho más allá de garantizar supuestos derechos: establece un marco moral estatal en el que disentir estará, simplemente, fuera de la ley.
Un ataque a la libertad de conciencia
No estamos ante una propuesta ingenua ni erróneamente llamada progresista; estamos ante una toma de partido que consagra un solo punto de vista y que apunta directamente contra la moral. Si el aborto se transforma en derecho constitucional, ¿Qué lugar queda para defender la vida? El aborto es el mayor de los males de nuestro tiempo pero no habrá siquiera un resquicio legal para defender la vida de los más indefensos.
La libertad de conciencia se convierte, así, en una opción condenada al ostracismo.
El Estado, al consagrar el aborto como un derecho intocable, no solo lo permite: lo celebra, lo estimula, lo convierte en un pilar incuestionable de la convivencia.
De la excepción a la norma
Cabe recordar que esta historia no es nueva. Allá por 1985, el gobierno de Felipe González ya abrió la puerta al aborto bajo ciertos «supuestos excepcionales». Lo que en principio se presentó como un gesto «humanitario», limitado a casos de riesgo extremo para la salud de la madre, se transformó rápidamente en una práctica generalizada.
A estas alturas, hablar de excepciones es casi un ejercicio de humor negro. Con la Ley de Plazos de 2010, que permitía el aborto sin justificación hasta la semana 14, se consolidó la idea del aborto como una opción disponible, libre, casi trivial.
El siguiente paso, como era de esperarse, es la consagración del aborto como derecho constitucional. Pero si hasta ahora las decisiones estaban en manos del Parlamento, con sus vaivenes y sus debates, ¿qué sucederá cuando sea la Constitución la que fije este derecho? Pues que la posibilidad de debate quedará enterrada.
Matrimonio homosexual: redefinición de la institución familiar
En cuanto a las relaciones homosexuales, el PSOE busca elevar la legitimidad de unas uniones haciéndolas equiparables a la institución del matrimonio. No se trata aquí de huir de la inclusividad; de hecho, la unión civil ya garantiza los derechos de las parejas del mismo sexo. Pero la cuestión que se plantea es otra: ¿es adecuado redefinir a toda costa el matrimonio que se fundamenta en la complementariedad de los sexos y la transmisión de la vida?
Parece que la respuesta, para el PSOE, es inequívocamente sí. Y si lo que se empeñan en denominar «matrimonio homosexual» queda blindado en la Constitución, cualquier opinión contraria quedará relegada a la categoría de retrograda, discriminatoria, indigna del siglo XXI.
La dictadura de lo incorrecto
Así es como se instaura la dictadura de lo incorrecto, la imposición de una sola forma de pensar, la conversión de la Constitución en un manifiesto ideológico.
La propuesta del PSOE no solo afecta a quienes discrepan del aborto o del matrimonio homosexual por razones personales o religiosas; afecta también a quienes, desde el debate filosófico o ético, defienden que la sociedad necesita instituciones fuertes y claros límites para prosperar.
Si la ley es un reflejo de lo que consideramos moralmente deseable, blindar el aborto y los matrimonios homosexuales en la Constitución se convierte en una declaración contundente: toda opinión que cuestione estos temas es inmoral.
La falsa neutralidad de la ley
La modernidad nos prometió una ley neutral, capaz de mediar entre diversas visiones, respetuosa de las libertades individuales.
La realidad, sin embargo, nos muestra algo muy distinto. La ley es todo menos neutral. Y es natural que así sea, porque legislar es tomar partido. Pero lo que no podemos olvidar es que ese partido puede también anular a otros, eliminar la posibilidad del disenso, convertir la Constitución en un arma ideológica de exclusión.
Cuando se cierra el marco legal a cualquier alternativa al aborto o al modelo familiar natural, se está construyendo una sociedad en la que el «lo que debe ser» es obligatorio, y cualquier otra postura debe ser silenciada.
Derechos sin exclusión
Si queremos hablar de derechos, asegurémonos de que no haya derechos que excluyan las convicciones de millones de ciudadanos, que no haya leyes que condenen a una parte de la sociedad al ostracismo moral.
Con esta propuesta, el PSOE parece haber olvidado que la verdadera democracia no consiste en blindar falsas ideas propias. Para que la Constitución, en lugar de ser la casa segura de todos, corra el riesgo de convertirse en la jaula dorada de unos pocos.
