El maltrato a las familias, en España

Las familias reciben pocas ayudas, de hecho debería multiplicar por 4 la cifra para llegar a la media de la Unión Europea. Los beneficios en razón del número de hijos son prácticamente inexistentes, como lo constata la situación de las familias numerosas. Y esto sucede en un marco donde la pobreza infantil es de la más grandes de la Unión Europea.

El deficiente y deficitario sistema de ayudas a la dependencia hace que la principal carga se acumule sobre las familias, cuando en la exposición de motivos de esta ley de la época Zapatero se declaraba exactamente lo contrario.

También son muy escasas las ayudas sociales en términos europeos y, además, sometidas a una complicada burocracia que combina lo peor de la administración autonómica y del estado.

Hay una elevada tasa de desempleo estructural que hace que fácilmente cuando viene la adversidad económica,  como, el número de gente sin trabajo, se dispare situándonos a la cabeza de Europa en este triste ranking junto con el paro juvenil .

El sistema público de pensiones penaliza a las familias con hijos, que son las que aportan los futuros cotizantes, mientras que premia a las personas que no tienen descendencia.

La sociedad española sufre una reducción extraordinaria del número de matrimonios, mientras que aumentan las cohabitaciones y las parejas de hecho. Esta tendencia tiene consecuencias sociales. Una de ellas es que esta vinculación más débil tiene una menor natalidad que la relación matrimonial, y una mayor tasa de violencia contra la mujer debido a la mayor frecuencia de las rupturas en el vínculo.

También es fuente de futuros hogares unipersonales que, unidos a la elevada esperanza de vida, determina el creciente número de personas de edad avanzada con limitaciones que viven en soledad. También crece el número de hijos fuera del matrimonio y de madres solteras que ya bordean la mitad de la escasa natalidad. Estos niños vivirán la mayoría de ellos en hogares de un solo progenitor que añadirá, a la falta de las dos figuras educadoras, el padre y la madre, unas rentas habitualmente mucho más bajas, lo que constituyen una de las causas de la pobreza infantil.

El envejecimiento de la población, sobre todo debido a la crisis de la natalidad, hace que año tras año aumente la media de edad de la población, con las consecuencias que se derivan por las grandes variables económicas relacionadas con la productividad, el ahorro y la inversión.

En este contexto tan desfavorable para la familia y el matrimonio que la forma, y con tantas consecuencias negativas derivadas de este hecho, ha saltado la liebre de una medida de gran impacto fiscal, que el gobierno había enmascarado en la presentación del su programa de medidas en Bruselas.

En efecto, bajo el capítulo de políticas de igualdad de género y oportunidades, en el anexo IV del plan de recuperación, figura la liquidación de la desgravación que existe en la declaración del IRPF para los matrimonios con hijos que, concretamente, obtienen una reducción de 3.400 euros, que se añade al mínimo exento. Esta ventaja beneficia a 4,2 millones de personas y 2,1 millones de hogares, y representa una minoración en los ingresos del estado de 2.393 millones.

Esta medida significaba, por tanto, una elevación de la presión fiscal para los matrimonios con hijos, que especialmente afectaba a las rentas medias y bajas y a las parejas en las que uno de los dos miembros no recibe ningún ingreso, o lo que percibe es muy inferior al del otro cónyuge, porque cuando los ingresos son muy similares, la desgravación en la forma con que está formulada, tiene un efecto muy limitado.

Beneficia, en la práctica, a familias que tienen hijos que exigen que, generalmente la mujer, uno de los dos miembros, se dedique de manera intensa al hogar, también cuando además hay alguna persona dependiente, y afecta, sin embargo, en una medida muy grande a los contribuyentes de mediana y avanzada edad, dado que los mayores de 55 años suponen el 48% de los beneficiarios. La medida recaudatoria dice mucho de lo poco que le importa favorecer el matrimonio y la familia al gobierno, y también muestra poca sensibilidad con los hogares con más necesidades.

El argumento gubernamental de que esta acción estimularía la inserción en el mercado laboral de las mujeres, formulada en las actuales condiciones del mercado del trabajo, es absolutamente cínica, porque el paro está golpeando en una proporción muy alta precisamente a ellas, que tienen más dificultad en encontrar trabajo.

El otro argumento, el que la participación laboral femenina de España era inferior a la de la Eurozona, no tiene en cuenta que exactamente lo mismo se puede decir de los hombres, porque el problema general de España no es que haya personas que no quieren trabajar, sino que no encuentran trabajo. Por otro lado un país puntero como Alemania tiene una tasa laboral femenina también inferior a la media, lo que no representa ningún inconveniente para su potencial económico.

Lo que hay detrás de esta iniciativa, ahora frustrada por el rechazo que ha despertado es, como siempre, la ideología de género, que ve a la mujer dedicada a la familia y a la misma familia, un adversario.

Como la noticia fue conocida, porque alguien se leyó la letra pequeña y lo hizo público justo antes de las elecciones de Madrid, el gobierno se ha precipitado a anunciar que no la piensa llevar a cabo hasta que no haya una reforma fiscal. Pero, en todo caso, el papel está en Bruselas y forma parte del plan de recuperación.