Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las pensiones del primer paquete, acordado entre los agentes sociales y el Ejecutivo. En él se incluyen, entre otras medidas, la revalorización de las jubilaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año previo; el aumento de las bonificaciones para aquellos que decidan retrasar su retiro y un endurecimiento de los coeficientes reductores para los que opten por jubilarse antes. Además, el Estado pasará a pagarle unos 22.000 millones de euros anuales a la Seguridad Social para ayudar al mantenimiento y a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
«Este es un Gobierno comprometido con el diálogo social, que quiere conseguir el máximo consenso en las medidas y reformas. Era prioritario dar tranquilidad y confianza a nuestros pensionistas. No se trata solo de lograr el mantenimiento del poder adquisitivo [de las pensiones] a corto plazo, sino a también a 20 o 30 años», ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Uno de los objetivos del Gobierno con esta reforma es acercar la edad real de jubilación a la legal, incrementando la bonificación por cada año que el trabajador decida retrasar su retiro, hasta el 4%. Además, se incluye la posibilidad de que el trabajador, en lugar de ese aumento porcentual de su pensión, escoja cobrar un pago único extra por cada año que retrase la jubilación, que variará entre los 4.786,27 euros y los 12.060,27 euros, dependiendo del importe de la pensión y de la cantidad de tiempo cotizado.
Para complementar esta medida, se endurecerán las penalizaciones a la jubilación anticipada. De esta forma, dependiendo de los años cotizados y del tiempo que se adelante la jubilación, la reducción variaría entre un 2,81% y un 21% en caso de una jubilación ordinaria; o entre un 0,5% y un 30% si se trata de una jubilación a la que se ha accedido tras un despido.
Además, la garantía a los jubilados de la revalorización de sus nóminas con el IPC impone además importantes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro. En la siguiente fase se revisará también el sistema de cotización de los autónomos, que fue excluida de este acuerdo tras una fuerte polémica tras una propuesta de Escrivá que este colectivo tachó de «inaceptable».
Otras de las palancas utilizadas por Escrivá para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, que ahora se anota unos número rojos de más de 20.000 millones, son los ajustes contables. Los denominados ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social se trasladan con la reforma a los impuestos a razón de unos 21.000 millones al año, el equivalente al 2% del PIB. A finales de este año se habrán inyectado ya casi 14.000 millones, tal y como estaban recogidos en los Presupuestos, y cada año el dato irá aumentando hasta la cifra acordada con Hacienda. Todas estas proyecciones están, no obstante, muy cogidas con pinzas dado el dilatado escenario previsto para la aplicación de los cambios y la incertidumbre que ello comporta.
Retirarse antes de tiempo tendrá un coste para el trabajador. El diseño de los coeficientes reductores se endurece para los que jubilen 24 o 23 meses antes del límite legal y alcanzará el 21% (la rebaja de la pensión es ahora del 16%) y a partir de ahí el castigo desciende en algunos casos. Por ejemplo, quien deje el mercado laboral 22 meses antes de su edad legal de jubilación verá que su pensión mengua en un 14,67% y no en el 16%. El esquema se repite entre quienes han cotizado durante más tiempo, aunque con menores penalizaciones. Así, a quienes han cotizado entre 38,6 años y 41,6 años se les aplicaría un coeficiente reductor del 19% en el mes 24 y del 16,5% en el 23, frente al 15% actual en el trimestre correspondiente.
El cambio en las penalizaciones en la reforma, pasando de un cálculo mensual a uno trimestral, también se aplicará al de la jubilación anticipada forzosa. En esta, el trabajador puede retirarse hasta cuatro años antes de la edad legal y debe haber sido despedido en un ERE, de forma objetiva o por la quiebra de la empresa. Se fija un sistema para estos casos que reducirá la pensión entre un 30% para el caso de un adelanto de cuatro años con menos de 38 años y seis meses cotizados, y un 0,5%, para aquellos que lo anticipen un mes con 44 y seis meses o más cotizados.
El diseño de los coeficientes reductores se endurece para los que jubilen 24 o 23 meses antes del límite legal y alcanzará el 21% Share on X
