La economista senior del Fondo Monetario Internacional (FMI) Svetlana Vtyurina, mediante un estudio que ha realizado para la organización internacional, advierte que en España el gasto social está desequilibrado. Svetlana asegura que el gasto destinado a sanidad, educación y protección social favorece más a los pensionistas y a las clases medias, en vez de los jóvenes y la población más vulnerable.
El desembolso de las medidas de protección social en España, que incluyen las pensiones, representa aproximadamente la mitad del gasto público total, aunque en relación al PIB, España gasta menos que la media de la UE. Una parte minoritaria de las ayudas familiares se otorgan en función del nivel de renta de los hogares, por lo que su labor redistributiva es mínima. Apenas el 10% de todas las ayudas están destinadas exclusivamente a los hogares vulnerables. El resultado es que el 40% de las familias más pobres (excluyendo la tercera edad) apenas perciben el 30% de las ayudas destinadas a familias. Este es el tercer peor dato de la Unión Europea, solo mejor que Estonia y Lituania. Esta gran diferencia con el resto de Europa es el resultado del «bajo uso de ayudas específicas para determinadas familias, así como las deficiencias en la adecuación y la cobertura», señala el FMI.
En el caso de las pensiones contributivas, la mayor proporción de gasto social, el estudio destaca que cuentan con una tasa de reemplazo «considerablemente superior» a la media de la UE y unas prestaciones por viudedad mucho mayores que la media, lo que implica que la tasa de pobreza entre la tercera edad en España sea relativamente baja y los pensionistas hayan estado bien protegidos frente a la crisis financiera.
Sin embargo, la autora advierte de que «la sostenibilidad del sistema de pensiones está en peligro a menos que se tomen medidas» y señala que la no implementación de las reformas aprobadas, en caso de convertirse en algo permanente, supondrá un gasto adicional en pensiones de entre 3 o 4 puntos porcentuales. La mayor parte del gasto social se destina a las pensiones de jubilación, lo que «implica que la redistribución fiscal se centra en los mayores», mientras que «la cohorte de los jóvenes queda particularmente en desventaja«, alerta el FMI. En la medida en que la redistribución del Estado se centra en los mayores, genera «problemas intergeneracionales». De ahí que el Fondo reclame a España una «reforma integral» del sistema de pensiones, ya que el actual «no es sostenible y se sostiene a expensas de la generación más joven, que ya está en desventaja».
En este sentido, la institución cree que la sostenibilidad de las pensiones está en riesgo a menos que se tomen medidas. Las reformas de 2011 y 2013 habrían mantenido el gasto controlado a pesar de una demografía adversa, defiende el FMI. Pero a la vez constata que estas medidas no han sido socialmente aceptadas. Y ello a pesar de que la tasa de beneficio que brinda el sistema aún habría superado la de la mayoría de países europeos. Si no se cambia nada, el coste de las pensiones se disparará en tres o cuatro puntos de PIB —hasta en 50.000 millones de hoy—. Implicaría casi triplicar el déficit público. Para poder asegurar las prestaciones de jubilación, el Fondo receta alargar la vida laboral, elevar los ingresos sin aumentar las ya elevadas cotizaciones e incentivar el ahorro complementario.
