El chivo expiatorio

Publicado en La Vanguardia el 9-5-22

En el 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctimas a menores. El año anterior fueron 6.153: casi 12.000 denuncias en dos años.

La fiscal del Estado ordenó a las fiscalías de las comunidades que remitieran información sobre todos los “procedimientos penales en tramitación… por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”. Resultado: solo 68 denuncias o querellas. El 0,57% del total de las presentadas en esos dos últimos años.

La pregunta necesaria es por qué la Fiscalía limita la indagación a personas vinculadas a las confesiones religiosas si su participación es marginal, insignificante. ¿Por qué se olvida del 99,5% de los casos? ¿Cuál es la lógica de este proceder? Son preguntas sin respuesta: ningún partido se ha interesado por tamaña anomalía.

Peor todavía. Una mayoría del Congreso acordó encomendar al Defensor del Pueblo un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNB, Bildu, etcétera, consideran que los poderes públicos deben abordar el 0,5% de los casos y omitir el 99,5% restante. ¿No es asombroso?

En el Parlament, los comunes, ERC y la CUP pretendían algo semejante, pero sin externalizar la tarea, acometiéndola directamente. Solo se opusieron Vox y PP. Con buen criterio, JxCat enmendó el texto para extender el informe al conjunto; familiar, deportivo, escolar y de ocio, aunque, como la fobia anticatólica de los promotores no conoce de razones, enmendó a su vez la cuestión para que compareciera primero el ámbito religioso y se hicieran dos informes, el de los confesionales y el del resto, cuando lo necesario es conocer primero el conjunto de los casos.

En realidad, ni a Sánchez, PSOE, UP ni a los seguidores de Colau, ERC y la CUP les importa lo más mínimo el delito de pederastia, lo que quieren es utilizar a la Iglesia y a los católicos como chivo expiatorio. De paso esquivan el abordaje de esta terrible violencia contra los menores. Es una arbitrariedad en el sentido penal del término, que arrastra a la institución parlamentaria por el fango de las obsesiones ideológicas y del descrédito ante los ciudadanos.

En último término, estamos ante una vulneración de los derechos constitucionales y contrario al marco de la Unión Europea de un grupo social definido por su vinculación religiosa.

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