El debate parlamentario sobre la nueva reforma educativa promovida por el gobierno de Pedro Sánchez revela que el principal recurso de los valedores de la enseñanza pública es ponérselo difícil a la concertada. Al olvidar la demanda de las familias, poner condiciones más restrictivas a los conciertos y aumentar las plazas en la escuela pública para absorber alumnos de la privada, la llamada ley Celáa indica la voluntad de ahogar a la competencia por imperativo legal. Pero los supuestos defensores de la escuela pública le hacen un flaco favor cuando, en vez de destacar sus puntos fuertes, se dedican a quejarse de sus debilidades ante la concertada.
Una empresa que quiere ganar clientes procura transmitir el mensaje de que presta mejor servicio que sus rivales. Trata de hacer valer que cuenta con el personal más competente, con las instalaciones más modernas, con el precio más razonable y con la atención más personalizada para dejar satisfecho al cliente.
Esta elemental política de marketing parece que no va con la enseñanza estatal en España, que tiende a presentarse siempre como si estuviera en inferioridad de condiciones respecto a la competencia de la escuela privada. Pero nadie se siente atraído por un sector que se declara a sí mismo en crisis permanente.
Una buena defensa de la escuela pública debería hacer énfasis en sus puntos fuertes frente a la competencia. Que los tiene.
