Recientemente, en Estados Unidos, un grupo de tesoreros y funcionarios financieros estatales de 14 estados envió una carta a altos ejecutivos de cadenas de supermercados y farmacias, como Costco, Walmart, Kroger, Albertsons y McKesson, solicitando que resistan la presión política para comenzar a vender mifepristona, un medicamento para el aborto químico.
Riesgos de la mifepristona
Este gesto abre nuevamente el debate ético entre la política, los intereses comerciales y la salud pública.
La venta de mifepristona pone en riesgo la salud de las mujeres y contradice la misión de las farmacias de servir al bienestar de sus clientes.
Los estudios señalan que los medicamentos abortivos como la mifepristona representan un riesgo significativo, para el 4% de las mujeres que los toman requiriendo en algunos casos atención de emergencia. Mientras un 7% de las mujeres que los consumen sufren consecuencias que requieren cirugía.
Libre distribución del medicamento
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha documentado estas complicaciones, mientras que la administración ha eliminado los requisitos de visitas médicas en persona para la distribución de estos medicamentos, elevando aún más las preocupaciones de seguridad.
Esta acción por parte de los funcionarios estatales también responde a una presión política ejercida por el Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien ha instado a las empresas a comenzar a dispensar mifepristona.
Lander, conocido por su postura política progresista y respaldado por figuras como la ex directora ejecutiva de Planned Parenthood, Cecile Richards, ha sido criticado por su intento de utilizar su influencia financiera para promover una agenda política.
Los firmantes de las cartas consideran que esta presión es un intento inapropiado de politizar el mercado, que podría perjudicar tanto a las empresas como a sus accionistas.
