En la capital de España, bajo el manto de supuestos derechos y protecciones legales, se está gestando un oscuro y perturbador escenario de fraude y genocidio en los abortorios. Se trata de un sistema corrupto que permite atrocidades bajo el disfraz de la ley.
Financiación por parte del gobierno de Ayuso
Lo que está ocurriendo en las clínicas abortistas financiadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es nada menos que un fraude legal. Se revela que millones de euros de dinero público están siendo inyectados en estas instituciones, supuestamente para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, pero en realidad alimentando un negocio siniestro que carece de supervisión y moralidad.
Vox ha acusado al gobierno de Ayuso de «inyectar millones a empresas abortistas». Aunque el PP ha defendido su posición, afirmando que simplemente están cumpliendo con la ley y garantizando el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en condiciones legales y seguras, la discusión ha dejado al descubierto un trasfondo alarmante.
Prácticas financieras opacas
Clínicas como la Dator, rescatada de la quiebra con fondos públicos, son solo la punta del iceberg. Los contratos menores y las prácticas financieras opacas han permitido un lucrativo mercado donde la vida humana se convierte en una mercancía. La falta de transparencia ha generado un entorno propicio para abusos y prácticas médicas cuestionables y procedimientos innecesarios para beneficiar económicamente a unas pocas manos oscuras.
La diputada Ana Cuartero de Vox ha destacado que estas clínicas, vistas como un negocio lucrativo, operan con la protección de los gobiernos y reciben financiamiento sin una supervisión adecuada.
Además, este miércoles, en la Asamblea de Madrid, se menciona que ciertas clínicas han recibido sumas significativas bajo la sombra de contratos menores, sin transparencia ni rendición de cuentas.
Es imprescindible señalar la atrocidad detrás de estas acciones. El dinero que debería destinarse al bienestar y la atención médica se desvía hacia una industria de la muerte, donde la ética y la humanidad son despachados en pos del lucro.
El hecho de que estas prácticas inmorales se perpetúen con la bendición de las autoridades gobernamentales es profundamente alarmante. La falta de supervisión y control ha permitido que este genocidio prenatal se lleve a cabo en las sombras, sin que se exijan responsabilidades por las vidas perdidas y los derechos humanos violados.
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