La polémica lingüística en Cataluña suma un nuevo capítulo con el despido del cocinero Manuel Escribano del Ayuntamiento de Barcelona, quien denuncia discriminación por no acreditar el nivel exigido de catalán. Esta situación reabre el debate sobre la política lingüística en la administración pública catalana.
El caso de Manuel Escribano: despido por la lengua catalana
Manuel Escribano llevaba más de 17 años trabajando para el Ayuntamiento de Barcelona, desde 2007, alcanzando la categoría de personal laboral en 2014.
Su trayectoria terminó abruptamente en enero de 2024 al no superar una prueba interna organizada por el propio consistorio para validar su nivel de catalán.
A pesar de haber obtenido posteriormente el certificado B2 otorgado por el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL), la jueza del Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona consideró justificado el despido y desestimó la demanda presentada por Escribano.
El cocinero denuncia que es víctima de una «dictadura lingüística», señalando que esta prueba interna fue una represalia por su oposición a la exigencia lingüística. Además, Escribano sospecha que detrás del despido está la intención del consistorio de externalizar el servicio de cocina para reducir costes laborales.
La sentencia judicial sostiene que exigir el conocimiento del catalán en la administración pública catalana no es desproporcionado, basándose en jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional. Asimismo, argumenta que Manuel debió haber impugnado las bases del concurso laboral en lugar de solo el despido, razón que llevó a desestimar su demanda.
No obstante, Manuel Escribano y su abogado Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Implicaciones y debate sobre la política lingüística
El caso de Manuel Escribano no es aislado, puesto que otros 11 trabajadores municipales han enfrentado situaciones similares en el Ayuntamiento de Barcelona debido al requisito del catalán.
Destaca también el caso del músico José Joaquín Sánchez, trabajador desde 1997, que sigue peleando judicialmente contra la misma exigencia lingüística.
La situación genera un debate más amplio sobre la política lingüística catalana y sus efectos sobre la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores. Se cuestiona particularmente si la exigencia del catalán es una barrera desproporcionada para empleados cuya función principal no requiere necesariamente habilidades lingüísticas avanzadas, como ocurre en trabajos técnicos o manuales.
Adicionalmente, la externalización de servicios en el consistorio de Barcelona añade complejidad a la polémica, incrementando las sospechas de que detrás de estas decisiones pueda existir un interés económico más allá de la política lingüística.
Manuel Escribano afirma que seguirá luchando para defender sus derechos laborales y denunciar una política lingüística que, según él, está siendo utilizada como herramienta de discriminación y exclusión social. Su caso pone en relieve la tensión en Cataluña respecto al uso y exigencia del catalán en el ámbito público y sus posibles implicaciones en términos de justicia laboral y social.
Su trayectoria terminó abruptamente en enero de 2024 al no superar una prueba interna organizada por el propio consistorio para validar su nivel de catalán Compartir en X
3 Comentarios. Dejar nuevo
Hablan catalán en el mundo: 10 millones.
Hablan castellano en el mundo: 600 millones.
Proporción: 5 a 1800
Mi error. Corrijo.
Proporción: 30 a 1800
¿Y no es mejor decir: 3 a 180 ?