El Congreso de los Diputados por mayoría decidió encargar al defensor del Pueblo la indagación de los delitos de pederastia, pero limitados a los cometidos solo por personas vinculadas a la Iglesia católica.
Esta decisión de la más alta instancia española debe ser cuestionada porque vulnera los derechos fundamentales de un grupo de españoles, al vincular un delito exclusivamente a ellos, y más concretamente vulnera el artículo Primero de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1985, que establece que las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante las leyes, cosa que evidentemente sí sucede en este caso.
Pero, centrémonos en el Defensor del Pueblo, que de momento es el receptor de un encargo que no ha rechazado, a pesar de que debía hacerlo, porque su primera y fundamental misión es defender los derechos constitucionales de los ciudadanos ante las actuaciones de los poderes públicos y de las administraciones, y esto es lo que evidentemente ha sucedido con el encargo. Si resulta inaceptable examinar por ejemplo los casos de robos, pero centrados solo en los que cometen los MENAS, tanto más lo es aplicar este mismo criterio a otro delito, la pederastia y a otro grupo, personas vinculadas la Iglesia católica.
Al actuar así se constata que lo único que hacen es obedecer al mandato de un periódico, El País, que hace años que sigue una campaña indigna, de asociar a los católicos con la pederastia. Al actuar así, este medio de comunicación, lo que hace en realidad, lo mismo que el Congreso de los Diputados, y esto es todavía más grave, es utilizar un chivo expiatorio que tiene una incidencia marginal sobre el delito, para ocultar el escándalo social de su gran extensión. De seguir por este camino el Defensor del Pueblo se convertirá en un colaborador necesario de la ocultación. Hay también una razón política en todo esto que lo convierte en más macabro: indagar la pederastia en toda su dimensión significa oficializar algo que todos los estudios señalan: la existencia de un elevado grado de violencia familiar que se expresa en los abusos infantiles ( y también en el maltrato a los ancianos). Pero la ideología de género ordena que solo son relevantes los sucesos entre las mujeres y sus parejas y que, por tanto, la violencia intrafamiliar es un “invento fascista” La ocultación parlamentaria y de El País de la pederastia como delito obedece a que su investigación revelaría muchos hechos escandalosos, sobre los que no tienen ningún interés que exista luz y taquígrafos, y a la vez haría emerger la realidad de la violencia intrafamiliar.
El Defensor del Pueblo ha de ser consciente de que el encargo recibido es una brutalidad contra los derechos constitucionales y la justicia. Un solo dato de los muchos que se muestran. Un ultimo ejemplo lo encontramos en el informe de Save the Children, que señala que entre un 10 y un 20 % de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Un 44,7 % de los abusos se producen entre los 13 y los 16, aunque la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir abusos es muy temprana, a los 11 años y medio. La mayoría son niñas. En el 78,9 % de los casos analizados las víctimas son niñas y adolescentes. El mismo informe señala:
«Según el Ministerio del Interior, en 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes, representando el 50,8 % del total. Sin embargo, 2020 se presenta como un año anómalo, ya que debido a las restricciones por la COVID-19, los principales puntos de detección, como las escuelas, cerraron, lo que posiblemente provocó un descenso de denuncias. En 2019, se presentaron 6.153 representando un 48,1 % del total. Debemos tener en cuenta que estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse».
Estas son la denuncias, en dos años 11.838. Comparemos esta cifra con la respuesta de las fiscalías de toda España a la petición de la actual Fiscal del Estado y ex ministra de Sanchez Dolores Delgado, de los casos que tenía conocimiento y implicaba a personas vinculadas a la Iglesia católica. ¿Conocen la respuesta? Es fastuosa: 68. La Fiscalía General del Estado comunicó a las 17 fiscalías provinciales que remitiesen información sobre los «procedimientos penales en tramitación que puedan detectarse en las fiscalías territoriales de su respectiva comunidad autónoma, incoados tanto en sede judicial como fiscal, y que tengan por objeto el esclarecimiento de denuncias y/o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa«. Y el resultado son 68. Ahora nos han de informar de quienes son los presunto responsables de los 11.770 casos de las denuncias restantes, descontando las sobreseídas o rechazadas.
Todo esto es un escándalo que nos señala impunemente a los católicos como pertenecientes a un grupo proclive a la pederastia, tanto que solo lo investigan a él. Aunque hay que añadir que la equivocada respuesta de la institución eclesial no ayuda para nada.
Es un imperativo de justicia y honorabilidad responder. Puedes hacerlo aquí.
Por último hay que advertir que los atributos que la ley concede al Defensor del Pueblo no le permiten indagar sobre una instancia civil sin vulnerar la ley, en la medida que su tarea se centra en el ámbito de la administran pública, en sus actos hacia los administrados, y este no es el caso, obviamente, de la Institución eclesial, y sí lo sería, por ejemplo, para los hechos donde están implicados maestros de la escuela pública, un grupo que como hemos vistos, sin ser de lejos el mayor, es mucho más numeroso que el vinculado a la Iglesia católica. ¿Cómo podrá hacerlo sin conculcar numerosas normas, empezando por la legislación sobre la protección de datos?
