Un informe denuncia la inconstitucionalidad de la petición del Congreso al Defensor del Pueblo de crear una comisión independiente encargada de investigar las denuncias de abusos sexuales exclusivamente en el ámbito de la Iglesia católica.
El documento, redactado por el abogado del Estado Manuel J. Silva Sánchez, cuenta con 43 páginas y lleva por título «Informe sobre la proposición no de ley relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente con el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Posibilidades de actuación».
El texto servirá de base a e-Cristians para presentar un recurso de amparo sobre esta iniciativa.
El documento desarrolla un enfoque legal y preciso en el que se plantea que la decisión del Parlamento viola el artículo 14 de la Constitución sobre los derechos fundamentales. Además, plantea otras objeciones como la vulneración constitucional del artículo 9.3, que establece que las decisiones de los poderes públicos no puede ser arbitraria, en el sentido de sesgada y parcial, y que deben, por el contrario, ser razonadas. Una cuestión que, a todas luces no cumple la iniciativa del Parlamento debido a su parcialidad.
La pregunta que emana de la decisión parlamentaria y que aborda el Informe es por qué se ha de relacionar este delito con los católicos cuando, además, los estudios revelan que este colectivo representa una ínfima parte de esta lacra, que afecta al conjunto de la sociedad, tal y como informó ForumLibertas.
Además, y tal y como plantea el artículo 9.3 de la Constitución, el acuerdo vulnera la Ley de la razón de ser del propio Defensor del Pueblo, ya que su finalidad constitucional no es indagar sobre aspectos de la sociedad civil, sino indagar sobre las propias instituciones públicas para defender a los ciudadanos de los posibles abusos que estas puedan cometer sobre ellos. Por lo tanto, nos encontramos con una inversión perversa del uso de las instituciones.
El Defensor del Pueblo es consciente de que le ha caído una patata caliente que desafía frontalmente la legalidad. Probablemente por ello, ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados el próximo lunes, día 20, aunque no se sabe en qué sentido se quiere manifestar, habrá que esperar a la comparecencia para saberlo.
