CSC se lanzó en 2024 en Barcelona, es un movimiento de «renovación social, cultural y política» inspirado en los principios del humanismo cristiano. No es un partido político pero su misión es intervenir en la vida pública y en el espacio político con una propuesta de transformación basada en los valores de la dignidad humana y el bien común. En su fundación, CSC ha contado con la integración de la asociación E-Cristians, una organización de larga trayectoria en la defensa de valores cristianos en la sociedad española.
Ante la tragedia de la DANA en Valencia, CSC, sale a la misión de exigir una política al servicio del bien común y la justicia social, denunciando la falta de previsión y exigiendo responsabilidad y soluciones efectivas ante una desgracia que ha afectado a miles de ciudadanos.
Análisis y exigencias de la Corriente Social Cristiana ante la tragedia de la DANA de Valencia
Las inundaciones y riadas recientes en Valencia han dejado tras de sí una devastación que afecta a más de 800.000 personas y 2.000 empresas. Este desastre natural, aunque extraordinario, es un fenómeno que Corriente Social Cristiana (CSC) califica de previsible y evitable. Con un enfoque crítico hacia la gestión de las administraciones, CSC ha emitido una declaración en la que presenta diez exigencias dirigidas a las autoridades, subrayando la necesidad de una acción efectiva en momentos de crisis.
CSC subraya que, si bien las lluvias torrenciales de la DANA que causaron la tragedia en Valencia fueron de una magnitud considerable, la región tiene antecedentes históricos de inundaciones de esta naturaleza, desde el siglo XIII.
La última gran catástrofe de este tipo se produjo en 1957, cuando el desbordamiento del río Turia causó cientos de muertes y forzó al gobierno a desviar el cauce del río para evitar futuros desastres.
Las recientes inundaciones se han concentrado en el barranco del Poyo, una zona en la que se proyectaron obras de canalización y prevención desde hace más de 15 años, y cuya implementación, denuncia CSC, habría mitigado en gran medida los daños de esta tragedia.
La ausencia de estas obras, financiadas con un presupuesto de 150 millones de euros en el último proyecto de 2021 bajo la dirección del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es una de las principales críticas de CSC.
La organización destaca que la falta de cumplimiento de estos proyectos pone en evidencia la carencia de un plan sólido de prevención y protección civil en la región.
En su análisis, CSC señala que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno español han demostrado una gestión ineficaz de la catástrofe.
La Ley 17/2015, que establece el Sistema Nacional de Protección Civil, obliga a declarar el nivel 3 de emergencia y movilizar al ejército para proporcionar recursos de emergencia en situaciones de esta envergadura.
CSC recalca que una respuesta nacional habría facilitado el acceso inmediato a alimentos, agua, medicamentos, equipos de rescate y otros recursos que habrían aliviado el sufrimiento de los damnificados.
A la luz de esta situación, CSC cuestiona la insuficiencia de las alertas emitidas y la falta de comunicación clara y oportuna por parte de las autoridades valencianas. La actuación solidaria de numerosos voluntarios y la intervención de organizaciones como Cáritas y las parroquias locales han sido fundamentales para suplir la carencia de apoyo institucional.
No obstante, CSC subraya que esta solidaridad no puede justificar la falta de acción efectiva y contundente por parte de los gobiernos implicados, que tienen la responsabilidad de garantizar la protección de todos los ciudadanos.
Las diez exigencias de la Corriente Social Cristiana
Ante la evidente falta de previsión y respuesta, CSC ha emitido una serie de exigencias para los poderes públicos, buscando garantizar que las necesidades de los damnificados sean atendidas de inmediato y que se adopten medidas preventivas para evitar futuras tragedias similares:
1. La declaración de emergencia nacional, de manera que el Gobierno español asuma la dirección completa de la atención de las necesidades.
2. El incremento de la aportación urgente, con carácter inmediato, de liquidez económica para familias, autónomos y empresas. Es vital que a cada familia, autónomo y empresario les llegue ahora una primera inyección de dinero que ya
justificarán después. Hay miles de personas sin recursos que necesitan vivir.
3. La adopción por parte del gobierno de medidas para paliar la situación de ajuares, hogares destruidos y actividades económicas devastadas que garanticen la recuperación de lo perdido, y que no se repitan los errores en las ayudas a los damnificados por el volcán de La Palma y por el terremoto de Lorca.
4. La ejecución del proyecto del barranco del Poyo y todas las demás obras públicas de prevención, así como la realización de actuaciones en los terrenos calificados como inundables en toda España
5. La reconstrucción de las poblaciones afectadas con medidas para reducir el riesgo: edificaciones, equipamientos, urbanización e infraestructuras.
6. La elaboración de un Libro Blanco por una comisión independiente de expertos con participación de todas las partes interesadas, y el debate sobre los resultados en el Congreso y Senado.
7. La definición de nuevos protocolos de actuación ante episodios de este tipo basados en las experiencias de los últimos años.
8. La revisión del sistema de alertas.
9. La investigación de la Fiscalía para determinar responsabilidades de las administraciones públicas.
10. La intervención del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana para evaluar las actuaciones de las administraciones públicas.
CSC finaliza su comunicado subrayando la importancia de que los políticos practiquen la «amistad civil» y se comprometan con el bien común. Pues el enfrentamiento permanente entre facciones políticas es un obstáculo para una gestión orientada a la resolución de problemas reales.
El enfrentamiento permanente entre facciones políticas es un obstáculo para una gestión orientada a la resolución de problemas reales Share on X
