Coronavirus: el peso no puede recaer solo sobre los ciudadanos. La lección que debemos aprender

Es una evidencia que la responsabilidad colectiva y el comportamiento cívico y solidario son básicos para afrontar la grave emergencia a la que nos somete el coronavirus. Esto está fuera de discusión. Pero no es lícito por parte de los gobernantes, depositar todo el peso del problema sólo en nosotros y en los profesionales de la sanidad, porque ellos son los principales responsables de la situación a la que se ha llegado por su impericia e irresponsabilidad en la gestión del bien común.

Es necesario hacer uno claro diagnóstico de todo aquello que ha sido erróneo en las políticas gubernamentales contra el coronavirus. Pero, además, y desde ahora mismo es necesario apuntar con claridad aquello que se sigue haciendo mal, porque la salud de todos está en juego.

El ministro Ábalos, que no es el principal responsable de la política gubernamental, ha declarado que con toda seguridad el periodo de alarma y por tanto de confinamiento y de estrés económico, previsiblemente continuará. Para justificarlo añade que si realmente todos somos responsables y actuamos de acuerdo con los requerimientos y no frivolizamos, evidentemente tendrán más efecto. Pero los primeros que han de actuar con responsabilidad, y de acuerdo con los requerimientos son los miembros del Gobierno, y principalmente quien lo dirige, Sánchez. Pero, además, ¿quién es a Ábalos para prejuzgar una decisión que corresponde, en primer término, al Ministro de Sanidad responsable máximo de acuerdo con el Real decreto de todas las medidas relacionadas con El Covid-19, y en último caso al propio presidente del Gobierno?

Que se va a prorrogar es una evidencia desde el mismo momento en que se dictó el decreto ley, porque pasados los 15 días y por la naturaleza del coronavirus, la cifra de contagiados será muy alta y superará los 10.000 casos. Seguramente se habrá reducido la cifra R de contagios, pero esto es algo que difícilmente sabremos porque el Gobierno otorga poca información sobre ello. Es más, con las medidas establecidas en Madrid, y de manera más incomprensible porque su situación no es tan grave, en Cataluña limitar los test de contagio a los enfermos graves, en definitiva, los hospitalizados y el personal sanitario, el número de personas realmente contagiadas será un enigma mayor que la cifra actual, en la que se desconoce la dimensión de los portadores asintomáticos.

Pero es que, además, Michael Ryan Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó el pasado día 13, que el confinamiento es necesario para que el sistema sanitario no colapse, pero no detendrá esta epidemia por sí sola

Entonces ¿qué se requiere más? Pues todo aquello que no ha hecho el Gobierno en el pasado y que continúa sin hacer. Se trata de practicar lo que ya se sabía: hay que ir lo más deprisa posible para detectar a los portadores del virus, para poder adoptar las medidas pertinentes, rompiendo de buen inicio las cadenas de contagio, y así mismo tratando a los enfermos lo más pronto posible y no solo cuando su caso es ya grave. Eso es lo que ha hecho Corea entre otras medidas, Taiwan, Japón, unido a una desinfección masiva del espacio público, aprovechando los confinamientos. Esto y acrecentar rápidamente la capacidad hospitalaria, cosa que solo se ha empezado a hacer con el actual decreto estableciendo el estado de alarma, más de 50 días después del inicio de la afectación en España, y aún de una manera limitada, porque el gasto público en este ámbito sigue manifestándose contenido.

Hay tres grandes recursos de lucha que España no ha utilizado prácticamente, y sigue sin hacerlo. Uno es la distribución masiva de mascarillas, no para dar una falsa sensación de seguridad que no la tienen, pero sí para evitar la extensión, en una medida no decisiva, pero sí dotada de significación, porque la mascarilla no te protege de otro, pero si evita o reduce el contagio a otro.  Pero esto sólo es útil sí la gran mayoría de la población que sale a la calle dispone de ella.

Una segunda medida fundamental es el uso masivo de tomas de temperatura mediante termómetros láser en los lugares donde se produce aglomeraciones de personas, para Identificar a personas y enviarlas a sus casas, evitando que acudan al trabajo, sea el que sea. También esto va a reducir el contagio y va a permitir una identificación de sujetos con riesgos potenciales. La insuficiente provisión de termómetros domésticos en las farmacias es un aspecto colateral de la imprevisión gubernamental, porque impide el control responsable de las personas, al que apelan desde el Gobierno. Las personas confinadas por síntomas, al menos ellas, debería disponer de uno, y nadie se ha preocupado de proporcionárselo.

Por último, y decisivo, el empleo masivo de las pruebas sobre el coronavirus. Esta es una gran arma porque permite identificar, no a los que ya están enfermos y que conocemos, sino a los más peligrosos de todos, los portadores que no presentan síntomas. Corea ha realizado más de 200.000 de estas pruebas. En España se trata de un secreto bien guardado, porque el número de realizados es escandalosamente bajo, unos pocos miles. Es realmente un escándalo, que aún resulta más acusado en Madrid y en Cataluña, porque allí los gobiernos respectivos han limitado todavía más su uso.

Pero los ha limitado solo en relación con todos nosotros, la gente común y corriente, mientras que los dirigentes políticos, los altos cargos y sus familiares han sido convenientemente testados para ver si eran portadores. Esto explica un hecho que resulta a primera vista sorprendente: la elevada proporción de casos que se da entre los políticos. Es así porque a ellos sí se les practica la prueba para poder adoptar medidas y tratamientos antes de que el virus se haga fuerte en el organismo. Si alguna vez se ha podido hablar de una élite extractora, que se beneficia de su posición de manera extraordinaria, esta ocasión es ahora, porque hay un foso entre las atenciones y prevención que registran todos estos políticos y ad lateres, y lo que se hace con el resto de la población. No se trata de discutir que quienes tienen más responsabilidad disponga de algunas ventajas. No se trata de hacer demagogia. Se trata de denunciar la injusticia del olvido radical y deliberado que se practica hacia la inmensa mayoría de la población y el cuidado extremo que se pone en los que dispone del poder. La diferencia es inmensa y afecta a la salud y en algunos casos a la vida.

Esta es una lección con la que debemos ser consecuentes cuando todo esto amaine. Mientras tanto, hemos de reclamar con fuerza que el Gobierno aplique los recursos de que dispone para frenar el virus en lugar de ir cargando sobre nuestras espaldas el confinamiento, los teléfonos de urgencia que no contestan y la incapacidad de muchos centros hospitalarios para dar una respuesta adecuada, por falta de medios. Es perentorio habilitar más atención médica, camas de agudos, instrumentos para la respiración asistida, plazas en las UCI, personal médico de enfermería y auxiliar. España necesita implantar una economía de guerra, o quedaremos gravemente malparados en nuestra salud, vida y economía.

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