Bruselas ha admitido a trámite la demanda de la CONCAPA contra la reciente aprobación de la Ley Celaá. Es por eso que resulta clave para impulsar la iniciativa una recogida de firmas masiva por el manifiesto.
La iniciativa precisa de llegar a los 2 millones de firmas, meta todavía no conseguida, según los organizadores. Los hijos mayores de 14 años también pueden firmar.
La recogida de firmas tiene lugar a través de la plataforma Más plurales, que explica que la LOMLOE supone «volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación». Un pacto demandado desde hace tiempo por la sociedad.
La LOMLOE, conocida popularmente por el nombre de la ministra de Educación Ley Celaá, pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Es decir, que la Administración no debe valorar como ahora la elección de las familias para establecer las vacantes.
«La eliminación de la demanda social supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados», afirma Más Plurales.
La LOMLOE, según constata, se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente, sin embargo, es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados.
Además, la Ley Celaá vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación. «Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad», explica el manifiesto.
Por contra, «se crea una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. Otra “Educación para la ciudadanía” no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento».
