El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre 2024 ha sembrado la alarma al situar la inmigración como el primer problema. Los más de 4.000 entrevistados sitúan este tema como la principal preocupación. Como contraargumento se señala, que cuando se pregunta cuál de los problemas le afecta personalmente, su importancia retrocede, lo que rebaja la gravedad del diagnóstico.
Si lo ven como el primer problema de la sociedad el 30,4% solo el 13,7% lo considera como principal problema personal. Pero si esta lógica debe llevar a minimizar el resultado, también se debería aplicar, y en mayor medida, con el segundo problema, la política y la situación política (20,6% y 8% respectivamente); el tercero, el paro (20,1% y 11,7%), o el quinto, la desigualdad (16,1% y 7,9%) y no lo hacemos. Nadie afirma que la desigualdad es una cuestión sin interés porque solo le afecta como persona al 7,9% de los entrevistados por el CIS. Y lo normal es evaluar la situación mediante los dos indicadores, no solo uno, y esto conduce a la conclusión evidente que la sociedad española percibe que la inmigración es un problema en casi una tercera parte de sus miembros y que un 14% los vive en carne propia.
¡La inmigración se ha convertido en uno de los principales problemas políticos en la Unión Europea, en Estados Unidos y también en Canadá! En el otro hemisferio, Nueva Zelanda, sobre todo, y Australia mantienen rígidos controles de acceso selectivo al país.
Canadá
El caso de Canadá es sintomático porque constituye lo que podríamos llamar un “país vacío” en el sentido de que tiene una población escasa con relación a su dimensión territorial. A pesar de ello, Trudeau, primer ministro liberal, e hijo del mítico dirigente de este partido del mismo apellido y también líder del gobierno en el pasado, ha modificado la legislación de su padre en este ámbito. Lo que fue un emblema de los Trudeau, el país más generoso en la recepción de inmigrantes, ha dejado de serlo.
Alemania
Alemania ha establecido unas medidas insólitas de control de sus fronteras, que cuestionan la naturaleza de la Unión Europea, basada en la libertad de desplazamiento. Lo ha hecho un gobierno formado por socialdemócratas verdes y liberales, por lo tanto, alejado de los partidos de derecha o de los de la derecha alternativa. Ha actuado así porque el 50% de la población considera que es el principal problema que tiene el país y el 77% afirman que se ha de ser más restrictivo.
La consecuencia de estas consideraciones es que en términos objetivos la inmigración es un problema en la mayor parte de Occidente, incluso en aquellos casos en los que numéricamente no se puede hablar de desbordamiento.
España
Una excepción singular a este estado de cosas es España. Sin entrar ahora a considerar las causas de esta diferencia, debemos presuponer que más pronto que tarde también se convertirá en un problema político de primer orden, por la dimensión alcanzada por el fenómeno, y por el flujo muy elevado de entradas. Además, en nuestro caso, por razones objetivas de peso relacionadas con aquella dimensión e intensidad y su impacto económico y social, también cultural y lingüístico, sobre todo en comunidades, como Cataluña, que combinan una inmigración elevada con la existencia de lengua propia, además del español.
Según el INE, en 2053 habitarán en España 14,8 millones de pensionistas, de los que una parte no determinada, pero para nada pequeña, serán de origen extranjero. Todos los que se mantengan de los actuales inmigrantes hasta los 65 años y que ya son el 17% de la población. Esto convierte a España en el cuarto país del mundo en este capítulo, detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Habrá 18 millones de autóctonos en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros en las mismas condiciones. Esto significa, que, para una población total de 44,8 millones de personas, menos que en la actualidad (48,5 millones), los nacidos en el extranjero serán del orden de una tercera parte. Esto no es el remplazo, pero sí una vigorosa sustitución parcial, mayor todavía si añadimos el impacto de los hijos de la primera generación nacidos aquí de padre y madre extranjera, según y como se haya producido la integración y la igualdad de oportunidades.
En algunos lugares, caso de Cataluña, que ya tiene una población extrajera del 23% (27% en el caso de Barcelona), la cuestión cobra todavía mayor intensidad.
Ante todo esto, el gobierno, los partidos que lo apoyan y la oposición se niegan a tratar la cuestión de acorde con su realidad, de manera que unos optan por politizar y exagerar los rasgos positivos y descalificar en exceso toda crítica (“fachas”, “racistas”, “xenófobos” …) y los otros actúan en sentido opuesto. El resultado es la polarización también en este tema, a lo que se une la carencia de una verdadera política migratoria por parte del Gobierno Sánchez.
Además, el relato sobre la inmigración nunca va solo ideológicamente, sino que forma parte de otros más amplios.
En el caso de los partidarios acérrimos y de aquellos que consideran que no comporta ningún tipo de peligro, va de la mano de políticas que menosprecian la natalidad y la familia clásica y natural, que no consideran un problema importante la baja tasa de nacimientos, que ven con reparos los llamamientos a políticas que fomenten el número de hijos, se alinean con conglomerados ideológicos más extensos, relacionados con la defensa acérrima del feminismo de género y del aborto, su tótem ideológico, y de del proyecto de construcción de identidades políticas a partir de la preferencia u opción sexual. También guardan relación, con mayor o menor medida, con el conglomerado ideológico woke.
Por su parte, la oposición a la inmigración se alinea con posiciones de derechas en el ámbito económico, pero atención, en realidad menos liberales que las que admite la izquierda, que no asumen que la inmigración masiva en España es una fuente de deterioro de las condiciones de trabajo en determinados sectores. Tienden a relacionar la inmigración con la seguridad ciudadana y la droga, sin matices, que los hay y son importantes.
Los cristianos
Los cristianos no hemos de dejarnos llevar por estas banderas partidistas porque tenemos nuestra respuesta, que además es la mejor, no por ser nuestra, sino porque es la que contempla de manera integral todos los factores en juego. Se trata de la doctrina social de la Iglesia. No es una receta, sino una fuente de criterios, fundamentos y valores que debemos trabajar para concretar su aplicación a nuestras condiciones objetivas específicas.
Hemos de abordar la inmigración partiendo de la evidencia de que se trata de un fenómeno que presenta facetas distintas y que todas ellas han de ser consideradas de la forma más ponderada y objetiva posible.
La inmigración es conflictiva porque cuando su dimensión e intensidad se tornan portadoras de conflicto, la hacen notoria, resulta portadora de una contradicción de difícil resolución.
Solidaridad y bien común
Se trata del conflicto potencial que existe entre el principio de solidaridad y el bien común; la contradicción que se produce entre el derecho a emigrar para lograr una vida mejor y el derecho de la sociedad receptora a no ver dañada su cohesión social, cultural ni lingüística, ni el bienestar derivado del estado del bienestar, ni su capacidad económica a corto y largo plazo y mucho menos la seguridad ciudadana. Dónde y cómo empieza y termina cada unos de aquellos dos términos, y su dinámica, es la cuestión. En otros términos, se trata de concretar los límites de la inmigración y las condiciones sobre la misma.
Solidaridad
La solidaridad implica un reconocimiento de la interdependencia entre los seres humanos y exige un compromiso activo con el bienestar de los demás. Este principio llama a compartir recursos y responsabilidades, luchando contra las injusticias sociales. La solidaridad no es solo un sentimiento de compasión, sino una determinación firme y perseverante de trabajar por el bien de todos, especialmente de los más vulnerables.
Bien común
El bien común consiste en las condiciones sociales que permiten a las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, alcanzar su plenitud humana. Este concepto engloba todos los aspectos que favorecen el desarrollo integral de cada persona y de la sociedad en su conjunto, incluyendo la justicia, la paz y la dignidad humana. El bien común es un objetivo hacia el cual deben orientarse todas las políticas y acciones sociales, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.
La respuesta a dicho conflicto, cuando se produce, determina la necesidad de equilibrar la solidaridad con la protección del bien común.
Esto requiere políticas de integración que aseguren que la llegada de inmigrantes no comprometa la cohesión social ni el acceso a los recursos necesarios para el bienestar de todos, incluidos los inmigrantes ya instalados. Que valore la situación y acceso de los bienes y servicios públicos, las consecuencias de la emigración masiva en los países emigrantes, las muertes acaecidas y el tráfico de personas en la inmigración no regulada.
Se trata de soluciones que armonicen ambos principios, asegurando la inclusión sin sacrificar la estabilidad social y económica. No se puede contemplar la inmigración masiva en España sin diagnosticar su impacto sobre la vivienda, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la productividad, el impacto cultural y lingüístico, la seguridad ciudadana, la atención a los menores, la situación de las cárceles, para citar aspectos concretos decisivos.
No se puede utilizar, en nombre de un falso humanismo, la inmigración para tapar nuestras propias miserias y renuncias. Pero todo esto no se hace en absoluto. Y esta ha de ser la guía de la respuesta a concretar en una política pública.
La respuesta a dicho conflicto, cuando se produce, determina la necesidad de equilibrar la solidaridad con la protección del bien común Share on X
