Carta abierta a los Colegios de Médicos y Psicólogos de España sobre la ley trans

Reproducimos la carta abierta publicada en Tribuna Feminista por la médico Elizabeth Tarrío, del Servicio de Urgencias de las Islas Canarias:

«Escribo a mis colegas con formación en medicina y en psicología.

Escribo a los colegios profesionales que nos representan.

Escribo sorprendida por el silencio generalizado de nuestros gremios ante lo que está sucediendo. Silencio; cuando no complicidad abierta.

Lo que supuestamente nos mueve en nuestras profesiones es el beneficio de quienes confían su salud a nuestras manos. Y estamos traicionando esa confianza dejando que se perjudiquen muchas personas.

Estamos permitiendo y validando la difusión de teorías acientíficas y su traducción en políticas y leyes, tales como las conocidas como leyes “trans”, que perjudican la salud principalmente de la infancia y de la población en general.

Estamos permitiendo que se difunda la idea de que una atención adecuada de la salud mental es “patologizar” a las personas y que ser evaluado y atendido por profesionales con formación y acreditación es poco menos que someterse a una tortura.

Estamos permitiendo que se denigre la labor que ejercemos en nuestras profesiones.

Estamos permitiendo que nos impongan teorías absurdas y limiten nuestras actuaciones diagnósticas y terapéuticas, que están enfocadas en aras del bienestar de quienes atendemos.

Estamos permitiendo que nos obliguen a realizar acciones médicas innecesarias e incluso perjudiciales para las y los pacientes, so pena de recibir sanciones desmedidas en caso de negarnos.

Entiendo que hay poderosos intereses económicos detrás. De las grandes farmacéuticas, de clínicas y profesionales que pueden estar lucrándose sin escrúpulos. Pero no es este el caso de la mayoría. Por eso no se entiende este modo de actuar, esta obediencia ciega y acrítica con la que nos estamos dejando imponer dogmas y leyes.

¿Es acaso la comodidad de la ignorancia deliberada, al preferir mirar para otro lado?

¿Es acaso miedo, ante las amenazas de insultos y acoso por quienes consideran que cuestionar sus doctrinas es políticamente incorrecto?

“Despatologizar a las personas trans” es la justificación y la excusa a la que se está recurriendo para rechazar y desprestigiar los informes médicos y psicológicos.

Argumentan que solicitar un certificado médico supone victimizar y señalar a alguien como enfermo. De ser esto cierto cabría eliminar ese requisito también para sacarse el carné de conducir, opositar a bombero o policía, optar a la adopción, portar armas, ejercer determinadas profesiones, acreditar una discapacidad, etc. La certificación médica y/o psicológica y los informes periciales son en realidad una garantía, tanto para la persona que los solicita como para la sociedad, de que se están llevando a cabo procesos adecuados a las casuísticas que se presentan.

Se está confundiendo patologizar con estigmatizar. Y lo que hay que desestigmatizar son los problemas de salud mental, que podemos padecer cualquiera en mayor o menor grado y que requieren atención y cuidado especializados. La valoración meticulosa y exhaustiva por profesionales es siempre algo beneficioso, que debería ser visto como normal y, en el caso de una persona que sufre por no sentirse a gusto con su cuerpo, es más que necesaria.

Se está confundiendo patologizar con estigmatizar

Se está propiciando la estigmatización y el repudio no solo al cuidado de la salud mental, sino a profesionales con conocimientos especializados y años de formación científica a sus espaldas.

Padecer disforia o incongruencia entre el sexo que posees y el género que dices sentir, con el consecuente rechazo a tu propio cuerpo, con el malestar y sufrimiento que esto conlleva, es un trastorno que requiere atención psicológica adecuada, no algo natural e innato, como nos están queriendo vender. De hecho, las propias personas con disforia de género demandan ayuda y acompañamientos profesionales acordes con sus procesos. Este empeño “despatologizante” se traduce en desatención y negación al derecho a la atención de su salud mental. Cualquiera que se someta a algo tan radical como un cambio de sexo, incluso aunque sólo fuese a nivel social, necesita una evaluación y acompañamiento psicológico y médico. Más aún en el caso de comenzar un tratamiento y cirugías que tendrán consecuencias para el resto de su vida.

las propias personas con disforia de género demandan ayuda y acompañamientos profesionales acordes con sus procesos.

Si una persona presenta una condición de vulnerabilidad debe acreditarla, evitando así todo abuso y salvaguardando el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y recursos del Estado. Y un problema de salud psicosocial tiene que ser certificado por profesionales de la salud y equipos psicosociales. Cualquier certificación de un diagnóstico que entra en el campo de la medicina y la psicología, que excluya a estos profesionales, vulnera los códigos deontológicos, ningunea a la ciencia y se coloca en una posición negacionista y de desprecio al conocimiento profesional, además de implicar intrusismo profesional.

Actualmente ya existe en España una ley que permite el cambio del sexo registral a las personas con disforia. El único requisito legal es el informe médico que acredite dicha disforia y la persistencia de esta durante al menos dos años. No se requieren cirugías ni hormonación, ya que esta se puede omitir en caso de que la persona alegue motivos de salud para no someterse a ella.

Si este procedimiento tiene fallos de forma, lo que hay que hacer es corregir esos fallos, no eliminar el requisito permitiendo que la sola palabra de la persona tenga validez legal. Siguiendo esta lógica se eliminarían la gran mayoría de los requisitos y procedimientos judiciales actualmente vigentes.

Ojalá se pidiesen más informes psicológicos. Deberían realizarse valoraciones psicológicas exhaustivas y periódicas, por ejemplo, a educadores, curas, trabajadores sociales, a toda persona antes de someterse a una cirugía estética, a quienes trabajamos en la salud, etc.

En esta propuesta de ley no solo se elimina la obligatoriedad del diagnóstico de salud mental como requisito para reconocer legalmente la llamada “identidad de género” de cualquier persona, sino que además se limita nuestra autonomía profesional mediante la prohibición de exámenes que pudieran ser necesarios y la amenaza velada de calificar de terapia de conversión o de “anulación de la identidad de género” cualquier intento de ahondar en el origen de esa disforia, pasando por alto comorbilidades que, principalmente en menores, se ha demostrado que pudieran causar per se o agravar la incongruencia de género, tales como depresión, trastornos del espectro autista, trastornos de alimentación, ser víctima de violencia, bullying, abusos físicos o sexuales. Se pasan por alto también a quienes padecen enfermedades mentales e incluso a simuladores que pudieran obtener algún beneficio del hecho de declararse “trans”. Incluso se expresa textualmente en dicha propuesta que “la existencia de enfermedades psiquiátricas previas no obsta la validez del consentimiento para llevar a cabo la transición”, obviando incluso la existencia previa de enfermedades psiquiátricas en las que pudiera estar alterada la autopercepción, con el consecuente perjuicio para la persona afectada.

Ya hace tiempo que se presiona al profesional sanitario a actuar en una única vía ante la disforia de género: afirmar que realmente alguien nació en un cuerpo equivocado al que hay que modificar según lo que requiera. Sin ahondar en las posibles causas de ese malestar, sin plantearse la opción de reconciliación y aceptación de su realidad material, que sería lo ideal: ayudarle a amar y aceptar su cuerpo de existir esa posibilidad. La diferencia es que ahora esta presión puede traducirse en una ley, en la cual se proponen multas y sanciones desmedidas para quien, basado en su ética y conocimientos científicos, se cuestione otro tipo de actuación. Esto podría suponer incluso la inhabilitación profesional.

En cualquier actuación médica las intervenciones más invasivas se aplican una vez se han agotado las demás posibilidades. Este es uno de los principios básicos de nuestra deontología profesional: causar el menor daño posible. Sin embargo, en la atención a los casos de disforia se está actuando al revés, priorizando medicamentos con múltiples efectos adversos y cirugías irreversibles a la atención psicológica.

Se pretende disponer de sanitarios “a la carta”, limitándoles a la hora de diagnosticar y tratar acorde a su formación y conocimiento profesionales, obligándoles a recetar medicamentos y realizar cirugías a quien lo solicite, “respetando la progresión e itinerario” que la propia persona marque según su deseo, colocándoles así en el papel de expendedores de medicamentos y cirugías sin ningún criterio propio.

Otra de las propuestas de esta ley es que en la documentación oficial aparezca el sexo sentido o se omita la mención relativa al sexo. Esto aunado al texto que se repite varias veces en el borrador de que “en ningún caso” pueden realizarse pruebas de verificación de sexo, puede dar lugar a errores diagnósticos y de tratamiento importantes, como ya está sucediendo en otros países.

El sexo es un dato que importa mucho a la hora de atender a pacientes. No solo porque existen enfermedades propias de los órganos reproductores, por lo que una mujer transexual puede padecer de cáncer de próstata, p.e. Sino también porque una misma enfermedad puede presentarse de manera diferente en hombres o mujeres, como es el caso del infarto al miocardio, o afectar más a un sexo que a otro, como hemos visto con el Covid, cuya mortalidad es mayor en hombres.

También se verían afectadas por esta ley las estadísticas de salud, entre otras, dado que el sexo es un dato fundamental para estudiar las enfermedades y promover políticas de salud acertadas.

Se contempla en esta ley que menores desde los 16 años puedan solicitar la rectificación registral del sexo, recordemos que sin ningún tipo de diagnóstico de disforia. Que incluso desde los 12 años lo puedan hacer a través de sus representantes legales, con la posibilidad, en caso de desacuerdo, de la pérdida de la custodia por parte de estos. Sin ninguna valoración en la cual se descarte un trastorno del espectro autista, o un trastorno alimentario, o que esté siendo víctima de bullying o de abusos sexuales; o que esté siendo influenciado por el entorno y las RRSS, como se está viendo en muchos casos principalmente de niñas púberes que, sin disforia previa, están realizando transiciones incluso en grupos de amigas, fenómeno expuesto por la investigadora Lisa Littman con el nombre de Disforia de Inicio Rápido.

Dan por hecho que esa persona, de apenas 12 años, posee madurez suficiente para tomar una decisión tan trascendental para el resto de su vida, comprendiendo los cambios irreversibles que la medicación y cirugías van a obrar en su cuerpo sano. Cuando se ha demostrado que el cerebro humano no alcanza la madurez hasta los 20 años o más.

Así como se recalca la no necesidad de hormonarse ni de realizar ningún tipo de cambio corporal en adultos para ser considerados del otro sexo, exponen que el tratamiento hormonal en el caso de menores de edad “comprenderá el uso de bloqueadores hormonales al inicio de la pubertad”. Esto implica que incluso desde los 9 o 10 años comiencen a recibir un tratamiento totalmente experimental, con efectos secundarios graves e irreversibles, y que inicien un camino de dependencia de por vida de hormonas y cirugías.

En el caso de menores tiene especial relevancia poner en valor su capacidad de testimonio, capacidad cognitiva y volitiva, adaptación, etc. No se comprende que esta casuística sea la única donde se pretenda no salvaguardar su bienestar superior, más aún cuando en países como RU, Irlanda o Suecia, se ha puesto de manifiesto que estas políticas identitarias han causado mucho daño, principalmente en mujeres muy jóvenes, quienes están destransicionando, con secuelas de por vida, debido a un mal diagnóstico y a un uso innecesario de medicación cuando eran niñas. Es por esto por lo que estos países están rectificando en la recomendación del uso de bloqueadores hormonales en menores sanos y priorizando la atención psicológica a la transición de sexo indiscriminada.

Mientras tanto en España se desecha el valor de estas experiencias, ignorando además que se ha demostrado en numerosos estudios, que más del 80% de menores con incongruencia de género la supera si se les permite transitar la pubertad.

De aprobarse este borrador de ley perjudicaría no sólo a las mujeres al poner en riesgo los derechos adquiridos en base a su sexo. También a la infancia, al impedir el desarrollo de sus personalidades libres de arcaicos estereotipos de género que los encasillen y limiten y sometiéndolos a medicina experimental con graves consecuencias para su salud. Incluso a las personas transexuales, quienes están siendo utilizadas con fines que no tienen nada que ver con sus necesidades reales diluyéndolas dentro de una categoría difusa llamada “trans”.

Como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad con la sociedad. Seguir mirando para otro lado, ignorando deliberadamente lo que está ocurriendo, no sólo tendrá consecuencias materiales en nuestro trabajo asistencial, sino también a nivel moral, ya que seremos en parte responsables de todo el daño que se está causando, principalmente a la infancia.

Cuando dentro de diez años, o más, nos encontremos cara a cara con miles de personas con secuelas irreversibles consecuencia de mala praxis médica, ¿podremos decirles que, al menos, intentamos parar todo este sinsentido?»