Desde el año 2015, con 3.399 sociedades de inversión de capital activas, ha disminuido su número hasta alcanzar las 2.631. Esta caída del 20% coincide con las cifras de patrimonio: desde los 33.341 millones de 2015 hasta los 28.192 millones de 2018, aunque en 2019 se rompió la tendencia y se produjo un aumento del 8 %, hasta 29.467 millones.
Con este panorama, los grandes patrimonios están poniendo tierra de por medio. La presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, admitió el pasado jueves que el banco ofrece «desde hace años» a sus clientes de banca privada alternativas de inversión, entre ellas constituir una sicav en Luxemburgo, donde tiene licencia desde 2013.
La gran batalla en torno a estas sociedades está en el ámbito fiscal, puesto que sus beneficios se gravan al 1% y sus partícipes solo tienen que tributar cuando venden su participación. En caso de que haya plusvalías se computan como ganancia patrimonial.
El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, alertó sobre el riesgo de deslocalización de estas sociedades y pidió al Gobierno un debate «sano y claro» sobre su regulación para que cese la incertidumbre. Además, consideró que si se produce un cambio de fiscalidad hay un riesgo elevado de que estos instrumentos salgan del país, tesis en la que coincide el presidente de la patronal de fondos de inversión, Inverco, Angel Martínez-Aldama, que señala que se irán a otros países de la UE, sobre todo a Irlanda y Luxemburgo, donde el tipo del Impuesto de Sociedades para estos productos es el 0 %.
La llamada a la calma coincide con el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que defiende trasladar la supervisión de estos vehículos financieros, utilizados especialmente por grandes patrimonios, a la Agencia Tributaria, modificar su fiscalidad y controlar a los socios de las sicav. Además, el debate está centrado en la supervisión, que desde 2005 es responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos defiende en el capítulo relativo a justicia fiscal y equilibrio presupuestario, un «mayor control» de las sicav trasladando la inspección a la Agencia Tributaria.
