Los delitos sexuales se han incrementado más de un 23% en un año. En ese contexto, también aumenta la violencia sexual entre los jóvenes y las violaciones en grupo, según la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondiente al año 2018.
De hecho, “la realidad criminológica de los menores denota una inquietante reproducción de los patrones machistas, la falta de empatía, la mayor precocidad de los autores, la tendencia a restar importancia a este tipo de conductas, o el efecto contagio que se genera a través del uso de las redes sociales”, cita la memoria.
El ministerio público eleva esta realidad de violencia secual a la categoría de “fenómeno” y cree que está relacionado con el consumo de pornografía a través de las redes, “donde se representa a la mujer cosificada”.
En ese sentido, cabe recordar que no son pocos los expertos que advierten de la adicción al porno y que lo consideran un motor de las agresiones sexuales.
Al mismo tiempo, webs con supuestos tutoriales de educación sexual para menores, como Pornoeducativo y Santa Mandanga, muestran un contenido que los expertos consideran pornográfico, con imágenes de sexo explícito.
“Inquietante” aumento de la violencia entre los jóvenes
El informe de la FGE destaca que, aunque los delitos de violencia sexual suponen solo “el 1% del total de diligencias previas incoadas, no puede ocultar algunas cifras especialmente preocupantes”; y recuerda que “la delincuencia sexual afecta particularmente a las mujeres”.
“Los procedimientos iniciados han aumentado hasta un total de 18.986 asuntos, un 23,2 % más que las cifras recogidas en el año 2017”, detalla.
“Por su parte, los delitos contra la libertad sexual fueron los que dieron lugar a un mayor número de escritos de calificación en el procedimiento de sumario, un total de 1.345, de los que 404 fueron por agresiones sexuales, 107 por violaciones y 338 por abusos sexuales”, agrega.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, considera especialmente “inquietante” el crecimiento de la violencia entre los jóvenes y pone el foco en los casos de violaciones en grupo.
De hecho, el documento constata que los casos de violencia machista protagonizada por menores han aumentado en un año, con 648 casos en 2018, es decir una subida del 43% respecto al año anterior.
También pone el acento en que “los fiscales somos plenamente conscientes de que, detrás de esas cifras, hay víctimas que han sufrido un extraordinario impacto por estos hechos, que se ve agravado en aquellos supuestos en los que la Administración de Justicia no ofrece la respuesta esperada”.
Al respecto, recuerda que “las sentencias dictadas durante el año 2018 en el conocido como caso ‘La Manada’ nos invitan a reflexionar sobre la norma penal, sobre su interpretación y aplicación práctica, sobre el tratamiento informativo de este tipo de asuntos, y sobre la imagen que se transmite desde el sistema de Justicia cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoritaria sensibilidad social”.
La prevención pasa por “revisar el sistema educativo”
El informe de la FGE insiste en que, actualmente, los menores reproducen patrones machistas que se supone debían estar superados en la actual sociedad.
Al mismo tiempo, el informe del ministerio público se detiene también en las consecuencias de las relaciones virtuales, especialmente entre los jóvenes.
La Fiscalía alerta de que estas relaciones permiten “nuevas vías de control, persecución o acoso” que, en muchos casos, es “más extenso, dañino y duradero” y contra el que es más difícil luchar.
“Aparecen así nuevas situaciones de dominio y maltrato no solo físico sino también psicológico del varón sobre la mujer, que constituyen la esencia de la violencia de género, pero que encuentran alguna dificultad para incardinarlas dentro de los tipos penales específicos”, advierte.
“Pero, cuando se pretenden dar respuestas desde la prevención se observa que las medidas se plantean de forma parcelada, en función del tipo delictivo de que se trate (educación en el uso de las nuevas tecnologías, formación en igualdad, o frente a la violencia o al acoso, etc.)”.
Por ello, “la respuesta y la prevención no pueden ser sectoriales, ni reducirse a campañas institucionales con eslóganes estandarizados. La prevención pasa por una revisión en profundidad del sistema educativo”.
Esa revisión se ha de hacer realidad “en coordinación con las familias, para promover una sólida y profunda formación en conocimientos y valores, donde el sentido crítico y el desarrollo individual se compaginen con el respeto a la convivencia, a la igualdad y a la diversidad”.
“Una sociedad, si quiere ser de verdad avanzada, debe empezar por asumir esta difícil y, a la vez, apasionante tarea”, concluye la Memoria sobre esta cuestión.
