Ayer la Asamblea de Asociaciones por la Vida que agrupa a más de 130 entidades que trabajan conjuntamente, por encima de cualquier diferencia, por la Vida, su dignidad y la libertad ha reunido a asociados y medios para informar de los próximos pasos que se van a emprender para poner de manifiesto la presunta falta de la obligada imparcialidad de la sentencia de aprobación de la ampliación de la ley del aborto dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 9 de mayo.
El Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y Portavoz del Gobierno, Don Miguel Ángel García Martín, ha tenido la deferencia de saludar a los asistentes en la Real Casa de Postas.
Francisco La Moneda, jurista y Doctor en derecho, ha comenzado recordando que, el pasado día 16 de marzo “por primera vez en nuestra historia democrática, la sociedad civil presentó un escrito de queja ante nuestro más alto tribunal solicitando que los magistrados incursos en causas de recusación fuesen apartados de este procedimiento”, escrito que nunca tuvo respuesta, “y es igualmente excepcional cómo esta sentencia ha afectado la imagen de imparcialidad del Tribunal”.
El jurista ha subrayado que en nuestro ordenamiento jurídico “no existe un presunto derecho al aborto y, más allá de eso, la labor del Tribunal Constitucional es interpretar la ley pero no establecer derechos”. La Moneda ha insistido en que las causas de recusación alegadas no son políticas ni ideológicas, sino que responden a razones técnico jurídicas.
Es por ello que mientras continúan los trabajos jurídicos para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, de acuerdo con la imparcialidad que exigen las normas europeas, emprenderá las siguientes acciones:
1- Presentación ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de una
queja por la falta de abstención de los cuatro magistrados del Tribunal
Constitucional antes mencionados incursos en causas de recusación al haber
participado en otros procedimientos relacionados con esta ley.
2- Por otro lado, se presentará también un escrito denunciando esta situación
contraria al Estado de Derecho ante el Comisario de Justicia de la Unión
Europea.
Federico Trillo, jurista y Letrado del Estado, ha destacado que el acto de hoy no es un acto contra nadie y menos contra la mujer, sino que muy al contrario “trata de reafirmar y unir a todos los que quieren trabajar por el principal derecho, el derecho a la vida”. El exministro ha citado a Julián Marías, quien definió “la aceptación social del aborto es lo más grave que ha sucedido este siglo” y animó a las asociaciones a trabajar para denunciar que el aborto es un mal y no puede ser un derecho.
Trillo ha puesto el foco en la doble trampa de la sentencia de 2023, donde dicen no sentirse vinculados por la jurisprudencia previa del propio Tribunal que recogió en su día el derecho a la Vida y, por otro lado, declaran un derecho al aborto que afecta a un bien jurídicamente protegido, la vida.
Antes de finalizar, Trillo ha propuesto un homenaje a la magistrada Concepción Espejel por su petición de abstención que, aunque no fue admitida por el Tribunal, señalaba todos los motivos por los que se ha perdido la imparcialidad del tribunal en esta sentencia. “Han demorado 13 años la respuesta al recurso a la sentencia sobre el aborto porque estaban esperando a tener un tribunal conformado por personas que lo defienden” ha concluido.
“Nos han privado del derecho de contar con jueces imparciales para decidir sobre un derecho fundamental: el derecho a la vida” ha sido el mensaje inicial de Benigno Blanco, jurista y exsecretario de Estado, quien ha alarmado de la gravedad de que el Tribunal Constitucional se atribuya la creación de derechos. En estas circunstancias y ante la falta de confianza de que el Estado y los tribunales defiendan la vida, Blanco ha alentado
a la sociedad civil ha defenderla “Hagamos cada uno que en nuestro entorno crezca el compromiso de la vida, el valor de la maternidad y la vida del niño no nacido”. El exsecretario de Estado ha señalado que en la sentencia del TC solo existe el cuerpo de la mujer frente a esa vida.
Ramón Rodríguez Arribas, en su condición de exmagistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, exmagistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la International Association of Judges, ha querido centrarse en la obligación de todo juez de ser independiente e imparcial y cómo la falta de imparcialidad lleva a manchar sus resoluciones. “En la sentencia del 2023 hay 4 jueces claramente marcados por su falta de imparcialidad que han dictado una sentencia manchada por su parcialidad”.
El magistrado ha puesto en valor la sentencia del 85, acorde a la Constitución y a la ley y se ha quejado porque desde una mentira se haya constituido un derecho (supuesto derecho al aborto). Rodríguez Arribas ha sufrido por no haber podido hacer más durante su paso por el Tribunal Constitucional, en el intentó suspender la vigencia de la ley hasta que se hubiera dictado la sentencia definitiva. Rodríguez Arribas ha cerrado su intervención subrayando que “La defensa de la vida frente al aborto no es patrimonio de los católicos. El ‘no matarás’ es para todas las personas”.
José Luis Requero Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008), siguiendo en la línea manifestada por los anteriores ponentes, ha puesto sobre la mesa la realidad del Tribunal Constitucional “La historia nos indica que no actúa como un tribunal de justicia. Hoy es una suerte de
tercera capa, con otro ropaje, de la lucha política” y se ha lamentado del daño que ha generado “Un Tribunal Constitucional desjudicializado y politizado es un drama. La sentencia 2023 nos degrada como Estado de Derecho” y ha incidido en que no es labor del TC crear derechos, sino de la ciudadanía a través de los mecanismos del Estado de Derecho.
Josep Miró i Ardèvol, coordinador de la Asamblea por la Vida y presidente de e-Cristians, ha cerrado el acto citando al Deuteronomio, “La justicia y solo la justicia buscarás” llamando a los asistentes a continuar en su lucha por defender la Vida, como el primero y fundamental de los derechos.
No existe un presunto derecho al aborto y, más allá de eso, la labor del Tribunal Constitucional es interpretar la ley pero no establecer derechos Share on X
