Por Jaume Catalán
A lo largo de los años, se han sucedido, también en Francia, leyes cada vez más represivas –la última, del pasado 22 de abril-, en el límite de la constitucionalidad, como sucede con algunas propuestas recientes elaboradas en Bruselas. La reforma del derecho de asilo promovida por Europa se considera anticonstitucional por el Consejo de Estado francés. En el fondo, ese derecho humano forma parte de la «identidad constitucional de Francia»: no se puede devolver a un solicitante de asilo a un tercer país considerado «seguro» sin antes estudiar su expediente sobre el fondo.
Actualmente, Europa cuenta con el consenso de Turquía –no precisamente gratuito- para derivar inmigrantes. Pero esa solución se opone al párrafo cuarto del preámbulo de la Constitución de 1946, al que se remite la vigente de 1958: “todo hombre perseguido por su acción a favor de la libertad tiene derecho de asilo en los territorios de la República”. Aun en el caso de que prospere en Bruselas, esa solución exigirá una reforma constitucional en Francia.
