Las directrices del Vaticano II
El conflicto sobre si la educación debiera ser pública o privada, laica o religiosa, lleva vivo mucho tiempo. La declaración sobre educación cristiana del concilio Vaticano II Gravissimum Educationis, presentaba algunos principios que guían la educación cristiana. Entre las directrices adoptadas por el Vaticano II están los siguientes puntos:
– Todos tienen un derecho inalienable a una educación. Una educación verdadera tiene como objetivo la formación de la persona humana en la búsqueda de su fin último y del bien de las sociedades.
– Todos los cristianos tienen derecho a una educación cristiana. Esto no se reduce a una mera maduración de la persona humana sino también a la meta de permitir al bautizado el hacerse más consciente del don de la fe que ha recibido, y aprender además cómo rendir culto a Dios y conformar sus vidas personales según el hombre nuevo creado en la justicia y la santidad de la verdad.
– Los padres tienen la muy seria obligación de educar a sus descendientes y se les debe reconocer como los primarios y principales educadores.
– Entre todos los instrumentos educativos, la escuela tiene una importancia especial. Está pensada no solo para desarrollar con especial cuidado las facultades intelectuales sino también para formar la capacidad de juzgar con rectitud, para entregar el legado cultural de las generaciones precedentes, fomentar el sentido de los valores y preparar para la vida profesional.
– Los padres tienen el derecho primario e inalienable y la tarea de educar a sus hijos, y deben gozar de verdadera libertad en su elección de escuelas. En consecuencia, los poderes públicos, que tienen la obligación de proteger y defender los derechos de los ciudadanos, deben considerar, en su preocupación por la justicia distributiva, que los subsidios públicos se utilicen de tal manera que los padres sean verdaderamente libres de elegir según sus conciencias las escuelas que quieran para sus hijos.
– La Iglesia tiene en alta estima a aquellas autoridades civiles y sociedades que, considerando el pluralismo de la sociedad contemporánea y respetando la libertad religiosa, ayudan a las familias de manera que la educación de sus hijos se pueda impartir en todas las escuelas según los principios morales y religiosos individuales de las familias.
– La escuela católica persigue metas culturales y la formación humana de la juventud. Pero su función propia es crear para la comunidad escolar una atmósfera especial animada por el espíritu evangélico de libertad y caridad.
Libertad de enseñanza
Los regímenes totalitarios pretenden el control de la enseñanza; los democráticos y libres se refuerzan por la libertad de enseñanza. Por eso, la libertad de enseñanza es la piedra de toque de la verdadera democracia.
La libertad de enseñanza es un principio tanto para la confesionalidad como para instituciones no confesionales. Por lo tanto, no es un problema religioso sino civil. Pero eso no lo entienden los que mantienen una mentalidad fascista o marxista.
La libertad educativa solo puede darse desde la función subsidiaria del Estado, reconociendo de hecho instituciones educativas con derechos anteriores al suyo. El Estado debe posibilitar que los individuos puedan desarrollar sus tareas y solo suplirlas si no pueden realizarlas por sí mismos. Por eso, el Estado debe suplir, pero no suplantar. Eso quiere decir que el Estado debe ayudar, proteger y conseguir que las familias ejerzan sus derechos ayudándolas económicamente.
Si de verdad ayudara el Estado no se sostendría el prejuicio de que las escuelas de iniciativa social son para ricos. El conocido eslogan «el dinero público para la escuela pública» olvida que ese dinero solo es administrado por el Estado y recaudado de los particulares a través de los impuestos. Además, no se trata de imponer una enseñanza, sino de respetar el derecho civil de muchos padres que desean este tipo de educación, legitimado democráticamente en un contexto ideológicamente pluralista.
Monopolio educativo
El monopolio educativo va en contra de una sociedad libre y democrática, y da al poder político la tentación de un totalitarismo ideológico. Por eso, el Estado debe respetar la libertad de las conciencias, reconociendo al individuo el acceso a una cultura conforme a sus convicciones, y en consecuencia facilitar los recursos económicos para que este hecho sea factible.
Por tanto, todo monopolio educativo o escolar que fuerce física o moralmente a las familias para acudir a las escuelas del Estado contra los deberes de la conciencia, o aun contra sus legítimas preferencias, es injusto e ilícito.
