Que un Estado sea de derecho significa muchas cosas, pero hay una de determinante, que exista una instancia de justicia suprema que garantice que los poderes públicos cumplen con los derechos establecidos en la Constitución. Si esta instancia jurídica no funciona, entonces el estado de derecho quiebra y se conculca.
Es lo que sucede hoy en España con el Tribunal Constitucional y el aborto, una vergüenza pública a escala europea. Si Polonia es puesta en picota porque se acusa al gobierno de mediatizar a los jueces constitucionales, lo de España es superlativo. Claro, que aquí como la cuestión se refiere al aborto encuentra una mayor comprensión en las instancias europeas.
Hace casi 12 años, desde junio del 2010, que el Partido Popular presentó un recurso contra la actual ley del aborto. Todo este tiempo ha transcurrido sin que el Tribunal Constitucional haya encontrado el momento de abordar este tema
Hace casi 12 años, desde junio del 2010, que el Partido Popular presentó un recurso contra la actual ley del aborto. Todo este tiempo ha transcurrido sin que el Tribunal Constitucional haya encontrado el momento de abordar este tema, que es emblemático porque establece en qué medida la vida humana engendrada tiene algún tipo de garantía. Han pasado cuatro renovaciones de presidentes del Constitucional, María Emilia Casas; Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos Y Juan José González Rivas. Ninguno de ellos ha hecho nada para que se abordara este asunto. El actual presidente, que tendrá un mandato muy corto, hasta junio, Pedro González- Trevijano, sí que se ha comprometido a llevar el borrador a pleno, pero ya está extendida la opinión de que no se adoptará ninguna decisión hasta que no se haya producido la renovación, a fin de que la actual mayoría conservadora de lugar a otra mayoría de signo opuesto. De esta manera, se garantizaría que la sentencia que dicte esté de acuerdo con los criterios del Gobierno, que no únicamente sostiene esta ley, sino que persigue ampliarla todavía más, limitando la objeción de conciencia y liquidando el derecho a la patria potestad para que los padres no puedan oponerse a que sus hijas menores de edad aborten sin su consentimiento.
Todo esto es abrumador y demuestra que en España no existe el estado de derecho. En todo caso existe un estado de leyes que se aplican de acuerdo con los intereses de quienes mandan y estos, obviamente, están contra la vida humana engendrada.
Pero no se trata solo del Gobierno socialista, sino que es asimismo vergonzosa la actitud del Partido Popular. A lo largo de estos 12 años no ha hecho absolutamente nada para que el Tribunal abordara esta cuestión, cuando es evidente que tenía el deber, no ya político, sino institucional, de interesarse por ello, porque esta era la única manera de salvaguardar la credibilidad del más alto Tribunal. No ha sido así, y ha practicado un desistimiento tácito, de manera que ni tan solo cuando gobernaba manifestó el más mínimo interés por la cuestión.
El resultado de todo ello es un flagrante incumplimiento de la ley por parte del Tribunal Constitucional, que ha sido denunciado en la instancia judicial europea, que en su momento resolverá. De hecho, este riesgo es el que ha impulsado a los actuales miembros del Constitucional a abordar el asunto.
Todo esto demuestra que la defensa de la vida humana es, por desgracia, el acto más revolucionario que se puede acometer en nuestra sociedad
Todo esto demuestra que la defensa de la vida humana es, por desgracia, el acto más revolucionario que se puede acometer en nuestra sociedad, porque su protección se ha convertido en un tema incómodo para quienes nos gobiernan, pero también, y esto es todavía más escandaloso, para los propios jueces. ¿Qué confianza podemos tener en un sistema que actúa, no de acuerdo con la propia justicia que debe impartir, sino bajo el más puro oportunismo político? La respuesta es que ninguna.
El aborto, la situación jurídica en la que se encuentra, la desprotección total de la vida humana, mientras se desarrollan protecciones que van desde las mascotas animales a los huevos de urogallo, muestra una sociedad, una cultura que, o es transformada por una alternativa a favor de la vida y su dignidad, o, más pronto que tarde, terminará mal.
Es lo que sucede hoy en España con el Tribunal Constitucional y el aborto, una vergüenza pública a escala europea Share on X
2 Comentarios. Dejar nuevo
Excelente artículo.
«Es lo que sucede hoy en España con el Tribunal Constitucional y el aborto, una vergüenza pública a escala europea. Si Polonia es puesta en picota porque se acusa al gobierno de mediatizar a los jueces constitucionales, lo de España es superlativo. Claro, que aquí como la cuestión se refiere al aborto encuentra una mayor comprensión en las instancias europeas.»
Así es. A Polonia se la trata con severidad precisamente porque sus leyes coartan el aborto, mientras que en España lo promueven, lo cual satisface la pulsión abortista que domina en la UE.
La UE no tiene ningún interés en apresurar la sentencia del TC español, al contrario, no vaya a ser que se dictamine la inconstitucionalidad de la ley del aborto, lo cual metería de lleno a la UE en un fregado bien pringoso. Pero ya se encargará el gobierno actual, o cualquier otro gobierno, de que el TC resuelva a favor de esta ley ignominiosa. Y entonces la UE hará como si nada, por la cuenta que le trae.
Mientras tanto, en España se mata cada año a unos 90.000 seres humanos por el procedimiento del aborto, y la sociedad, tan bien pensante ella, como si nada. Una estadística a final de año, y a por los abortos del año siguiente. Una democracia, sí, pero la del poder absoluto sobre los más desvalidos e inocentes. Una democracia intoxicada por una ideología pseudo-feminista que ha denigrado y vejado a las mujeres adjudicándoles un derecho espurio que viola el derecho fundamental a la vida de todos los seres humanos sea cual sea su condición. Un Estado de Derecho, sí, pero del derecho a matar. De hecho, es un Estado de Cohecho.
Yo perdí toda confianza en que podamos luchar contra el aborto y la eutanasia con la ley en la mano y eso llegue a buen puerto.
Entendí cual es la función del TC: un Tribunal que no es órgano judicial sino político, creado para justificar las decisiones del poder político y, que además sus sentencias vinculan o no a conveniencia del poder político (ej Cataluña y Rumasa) o no tienen consecuencias ni jurídicas, ni penales, ni políticas (ej 2 Estados de Alarma ).
Si en este artículo se defiende que no estamos en un Estado de Derecho…
¿Donde está la Democracia?