Una controvertida decisión de un tribunal del Reino Unido que quiso obligar a una mujer discapacitada a abortar ha sido anulada tras su apelación.
En una decisión del 24 de junio, la Corte de Apelaciones de Inglaterra, compuesta por los magistrados McCombe, King and Peter Jackson, anuló la sentencia anterior del Tribunal de Protección.
De acuerdo con los informes de la Asociación de Prensa británica, los jueces dijeron que emitirían una explicación completa de su decisión en una fecha posterior, pero que las circunstancias del caso eran «únicas».
La magistrada Nathalie Lieven impuso la decisión original el 21 de junio en el Tribunal de Protección de Inglaterra, que atiende casos relacionados con los asuntos legales y personales de personas consideradas con capacidad mental disminuida.
Se opusieron por motivos religiosos
Lieven dictaminó que el aborto forzado era «el mejor interés» de la mujer embarazada, por encima de las objeciones de la mujer, su madre y su trabajador social, que se oponían. La mujer, que no ha sido identificada, tiene más de 20 años y es de ascendencia nigeriana. Tanto ella como su madre son católicas, y el tribunal escuchó que se oponían enérgicamente al aborto por motivos religiosos.
La decisión sobre la apelación se produjo después de que miles de personas firmaran una petición para instar al Secretario de Salud y Asistencia Social de Reino Unido, Matthew Hancock a intervenir en el caso.
La petición en línea, iniciada por Right to Life UK el 22 de junio, recibió más de 75.000 firmas desde que fue publicada.
La petición insta al Secretario de Salud a «intervenir en este caso, en la medida de lo posible, para evitar que esta injusticia grave sea impuesta por el Estado a esta familia y garantizar que esta mujer no esté obligada a abortar«.
Los médicos que cuidaron a la mujer argumentaron que, debido a sus capacidades mentales, el parto natural o la cesárea podrían dañar su salud mental. Su madre, que es ex comadrona, junto con una trabajadora social que ayuda a cuidar a la mujer, no estuvieron de acuerdo y no deseaban interrumpir el embarazo.
La madre de la mujer se ofreció a cuidar de su nieto, pero la magistrada Lieven rechazó esta idea por considerarla poco práctica debido al trastorno del estado de ánimo de la mujer embarazada y los retrasos en el desarrollo.
«Forzar a una mujer a abortar contra su voluntad y la de su familia cercana infringe sus derechos humanos, por no mencionar el derecho de su hijo no nacido, en una familia que se ha comprometido a cuidar a su hijo», afirmó el obispo John Sherrington, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Westminster.
Sherrington es el portavoz para asuntos de la vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales.
