Antes de a quién votar, preguntémonos por qué y cómo hemos de votar

El actual sistema de partidos presenta unos graves defectos que dificultan y deterioran la democracia representativa. Estos defectos son comunes a derechas e izquierdas, partidos “nuevos” y “viejos”

En estas elecciones, a pesar del carácter presidencialista de las campañas, no elegimos a un presidente del gobierno, sino a nuestros representantes en el Congreso. Aquella elección vendrá después a cargo de los diputados electos, quienes decidirán sin mandato imperativo.

Y este es el primer problema. A pesar de que legalmente esté establecida la libertad de conciencia del diputado, todos siempre votarán bajo la disciplina de voto, hasta el extremo de que, de no hacerlo así, pueden ser sancionados. El diputado no representa a quienes lo han elegido, sino al partido. Y esto es una anomalía democrática porque los partidos son cauces, instrumentos, pero no fines.

Peor todavía. El partido a su vez se reduce a su líder y a un limitado entorno de personas. Mucho hablar de participación y de primarias, pero como hemos constatado a la hora de la verdad quienes dictan el orden de las listas, y por consiguiente, quien puede salir electo, es el secretario general o el presidente y poco más. Los titulares de los periódicos lo han descrito hasta la saciedad sin especial escándalo: “Sánchez sitúa como cabeza de lista…”, “Casado renueva…”, “Rivera cambia a la mayoría de…”, y lo mismo se puede decir de Iglesias, Puigdemont, Junqueras y otros más.  Una sola persona hace y deshace, en algunos casos incluso desde Bruselas.

España posee un sistema electoral proporcional corregido, y esa es una buena herencia de la Transición, porque evita un exceso de votos sin representación, como sucede con los sistemas mayoritarios, en los que solo se lleva el escaño quien alcanza la mayoría en aquella circunscripción. Pero aquel acierto de la transición, al no modificarse al cambiar las circunstancias que lo justificaban, genera un grave vicio que es el responsable en gran medida de conducirnos a la actual partitocracia, a la democracia degradada causada sobre todo por las listas cerradas y bloqueadas, que dejan fuera a la representación de los ciudadanos.

Al inicio de la recuperación democrática esto tenía un sentido porque se concibió para fortalecer las estructuras de los partidos, que eran muy débiles. Ahora es un cáncer que devora la representación del pueblo, acentuado por el caudillismo de los partidos políticos, que la TV y las redes sociales tienden a aumentar.

Resumamos toda la cuestión en un solo punto. ¿Cuántas veces ha hablado usted con algún diputado de su circunscripción?, ¿en cuántas ocasiones ha acudido a él para protestar, solicitar ayuda, proponer algo?  Pues sin ese mecanismo activo, la democracia representativa es una ficción, un contrato en blanco. Como en blanco queda el nombre del diputado que nos debería atender. Y esa ausencia es grave, porque lo que justifica la democracia representativa es precisamente este servicio inexistente.

Los programas electorales y los compromisos que se anuncian se han convertido en una suerte de engaño, que la mayoría de los ciudadanos asume como tal. Te prometen el oro antes de votar y te traen carbón a partir del día siguiente de las elecciones. Esto mina la credibilidad de la política y es una de las razones de la falta de confianza de los ciudadanos en ella. Es un síntoma pésimo que los políticos, en teoría responsables principales del bien común, no solo suspendan siempre en la valoración de los ciudadanos, sino que además los sitúen en último lugar entre todas las instituciones.

Necesitamos una regeneración democrática y en medio de la vorágine electoral que impulsan los partidos es el momento de reclamarla.

Una regeneración que garantice que todos los ciudadanos eligen a un diputado para ser representados por él, sin merma de la proporcionalidad, como permiten diversos modelos electorales que se aplican en el mundo, empezando por el alemán.

Necesitamos la aplicación de una legislación general que garantice en mayor y mejor medida la democracia interna de los partidos, y los derechos de sus afiliados por instancias externas a los mismos. Los partidos no son entidades de régimen privado, y deben poseer controles externos que garanticen su misión, que no es otra que encauzar y organizar la opinión ciudadana en una sociedad plural al servicio del bien común.

De acuerdo con este criterio, deben existir dos tipos de autoridades independientes, como sucede en otros países: Una instancia que valida la consistencia de los programas electorales. No las ideas, claro, sino las propuestas y las cifras que las avalan, e informa públicamente sobre ello y ponen en la picota lo que son brindis al sol. En este país, algo así sería una revolución democrática. Una segunda autoridad estaría dirigida a la práctica de la accountability,: el proceso que hace posible que los ciudadanos vigilen y evalúen la actuación de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización, y que incluyen la posibilidad de penalizar resultados inadecuados a través de órganos o tribunales especializados. Es sin duda un corrector necesario de los abusos de la partitocracia y corrupción.  Ningún partido, ni nuevo ni viejo, propone algo parecido. No lo quieren, no les interesa.

Nuestra democracia está maltrecha, y la principal responsabilidad es de los partidos, que la han secuestrado. La respuesta no vendrá de ellos -convertidos en simples organizaciones que compiten para el poder para sí, en nombre de ideologías diversas- sino de corrientes sociales regeneradoras, un movimiento transversal para la regeneración democrática que, actuando políticamente desde fuera de los partidos, posean la fuerza suficiente, tanto para impulsar su transformación, como para incentivar la formación de nuevos sujetos políticos portadores de aquella regeneración concreta.

Los cristianos, especialmente maltratados en nuestra representación y en la legislación, debemos encabezar este movimiento de necesaria regeneración que, sirviendo en primer término a todos, se traduzca en un trato más justo para la presencia de la hoy excluida concepción cristiana en el espacio público.