El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supone un peligro para muchos discapacitados que se encuentran en el mercado laboral. La razón no es más que, con el incremento, el SMI prorrateado ascenderá a 1.050 euros, esto es, ya no queda margen para un incremento salarial bonificado por encima del SMI en la contratación indefinida, y para los contratos temporales se superarán las cuantías bonificadas en la mayoría de los salarios.
La falta de actualización de las cuantías bonificadas y de la promoción, de una manera coherente, del empleo ordinario de los trabajadores con discapacidad ponen en peligro estos puestos de trabajo. Joaquim Serrahima, director de Fundació Catalònia, ha advertido que más de 9.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual y necesidades especiales están en peligro en Catalunya por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Sin ánimo de atacar a la subida del SMI, Serrahima critica la falta de reserva de financiación por parte de la Generalitat.
Josep Vidal, director general de Economia Social de la Generalitat, alertó hace pocos días que el Gobierno catalán no podía hacer nada para evitar el cierre de los CET de iniciativa social y sin afán de lucro, y que, en todo caso, el dinero tiene que venir de Madrid. La situación crítica lleva años gestándonse, con la reducción paulatina de subvenciones (12 millones de euros menos, además de la desaparición de la subvención para crear puestos de trabajo). Joaquim Serrahima estima que la suma se acerca a los 37 millones de euros.
Las bonificaciones destinadas al fomento de la contratación de personas con discapacidad en el empleo ordinario están estancadas desde la promulgación de la Ley 43/2006, que las fijó en unos descuentos entre 3.500 y 6.300 euros/año, y se aplican en función del tipo de contrato, temporal o indefinido y tomando en cuenta si el trabajador es mayor o menor de 45 años, si es hombre o mujer y si su discapacidad es o no severa.
Desde el Ministerio de Trabajo reconocen que la situación para los 41 centros especiales de empleo que generan puestos de trabajo para personas con dificultades de inserción es muy fuerte. Un 22% más de salario pero también un 22% más de subvención por empleo con discapacidad generado. Una aportación pública que parte de unas cuentas prorrogadas, no hay nuevos presupuestos adaptados a esta realidad ni a nivel Estatal ni regional, donde no se modifica la cantidad a destinar a este fin en función del nuevo salario mínimo. Éste ha pasado de 734 euros a 900 euros y la parte subvencionable pasa de 367 euros al mes por trabajador de media a 450 euros.
