El embrollo mediático de los episodios que ha protagonizado el Ejecutivo de Sánchez a raíz de la situación de las familias con nuevos vientres de alquiler en España deja una situación perpleja.
Como si un partido de tenis se tratara el pasado 14 de febrero el Ministerio de Exteriores frenaba en España el registro de los bebés de vientres de alquiler concebidos en Ucrania y cuya situación intentan regularizar sus padres legales que han pagado por su gestación en el Consulado de España en Kiev.
No era la primera vez que pasaba y decenas de familias se volvían a quedar atrapadas en un limbo legal por realizar una práctica ilegal en España e intentar legalizar su resultado (un bebé concebido por una madre que pone su vientre en el mercado) a través de su registro consular.
El partido de tenis continuaba y dos días más tarde, el 16 de febrero, los medios de comunicación informaban que el Gobierno cambiada de dirección al abrir una vía «sencilla» para inscribir a los nacidos por vientre de alquiler a través de una prueba de ADN y el per miso de la madre biológica gestante.
Sólo 24 horas después el Gobierno de Sánchez rectificaba distanciándose de la decisión del día anterior y el Ministerio de Justicia eliminaba las facilidades anunciadas con anterioridad para inscribir a los niños fruto de un intercambio comercial.
Así acababa un partido de tenis que dejó una imagen insegura de un Gobierno que parecía improvisar constantemente.
¿Calvo ordenó parar la norma?
Dos días después de que el Gobierno reculara con la norma, este martes, 19 de febrero, se ha sabido que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, abría parado la norma, según una información publicada por el diario El País, que a menudo filtra informaciones del Gobierno y que titula «Calvo ordenó parar la norma sobre vientres de alquiler que se le pa´so al Gobierno».
En esa información el medio sostiene que fue Calvo quien tuvo que frenar la instrucción cuando ya las embajadas estaban dándola por válida y los medios de comunicación informaban de ello.
Al parecer la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ni si quiera conocería esa instrucción, siempre según sostiene el diario El País. Resulta sorprendente imaginar que una instrucción de ese tipo, sin embargo, sale adelante sin la autorización y la supervisión de la ministra.
Aún así la instrucción fue enviada a las embajadas y consulados para superar la crisis abierta en Ucrania. Además, ese documento sumaba 20 páginas de fundamentos jurídicos, por lo que no se puede decir que fuera una instrucción improvisada.
Al parecer, el diario El País apunta que el autor habría sido el director general de Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, que fue puesto en su cargo con la llegada del nuevo Gobierno por los propios socialistas. Contra él, sorprendentemente, no se tomará ninguna medida.
Delgado afirmó en los micrófonos de RNE que “No tenía conocimiento de ella y se había hecho pública sin contar con mi criterio”.
La instrucción vigente en la actualidad, que no está permitiendo el registro de los bebés nacidos por vientres de alquiler en el extranjero, fue aprobada en la época del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
