Las tasas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, llamadas coloquialmente como tasas Google y Tobin, podrían no ser tan eficaces como promete el gobierno socialista. ¿La razón? el retraso que acumula el desarrollo de ambos tributos. Aunque el Gobierno esperaba aprobar los correspondientes proyectos de ley en noviembre o diciembre, finalmente han acabado recibiendo luz verde más tarde incluso que los Presupuestos.
¿En qué consisten estos nuevos tributos?
La llamada tasa Google tiene como objetivo gravar a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, de los servicios de intermediación en línea y de la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. El Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros.
Sin embargo, existirán ciertas situaciones en las que la tasa no será aplicable: quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario; determinados servicios financieros.
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La tasa Tobin, llamada también como Impuesto a las transacciones financieras (ITF), es un impuesto de carácter indirecto que consistirá en tributar on un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. En concreto, las acciones emitidas en España de empresas cotizadas (de las no cotizadas, no) cuya capitalización bursátil sea (a 1 de diciembre del año anterior) superior a 1.000 millones de euros.
La capitalización bursátil es el valor de mercado de una empresa y se calcula multiplicando el número de acciones emitidas por su precio de cotización. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones; hasta 10 países de la UE la han impulsado. El impuesto se centrará en las entidades que actúan como intermediarios financieros y que tendrá liquidación mensual.
Retraso en su desarrollo
El gran problema que presenta la aplicación de sus impuestos tiene como origen la tardanza en su desarrollo. En el mejor de los casos, ambos tributos estarían activos a partir de septiembre u octubre. Es decir, que, como mucho, se recogerían unos 510 millones.
La causa de esta situación se encuentra en el retraso que acumula el desarrollo de ambos tributos. Aunque el Gobierno esperaba aprobar los correspondientes proyectos de ley en noviembre o diciembre, finalmente han acabado recibiendo luz verde más tarde incluso que los Presupuestos. La tramitación parlamentaria durará, al menos, unos seis meses y, una vez aprobados por los grupos políticos, todavía tardarán unos tres meses en empezar a aplicarse, según indica el texto de los propios impuestos.
