En España sigue avanzado el proceso parlamentario que conduciría a que en nuestro país se legalice el homicidio a petición, sea como eutanasia, sea como suicidio asistido. El trámite en el Congreso de los Diputados ya ha superado la fase de las enmiendas a la totalidad; solo el Partido Popular se opuso, y se adentrará, pasadas las Navidades y las vacaciones parlamentarias, en las enmiendas parciales. Y esa ley singular, peligrosa como pocas, pude llegar a aprobarse con un escaso debate público, porque ni el gobierno, Podemos, Ciudadanos y los independentistas tienen demasiado interés en ello, ni el PP, a pesar de oponerse, desea mostrar un perfil demasiado alto. Incluso la Iglesia en España, cada vez más discreta, por no decir silenciosa, no parece interesada en debatir una ley que choca frontalmente con el cristianismo, y lo hace prácticamente desde su tradición inicial. Parece como si la Encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II no nos exigiera nada.
Ya me referí a esta legislación en mayo de este año, y no voy a repetir los argumentos de entonces, que obviamente no agotaban la crítica y las razones de la oposición a la misma, porque lo cierto es que existen muchas más explicaciones de peso, que nuestros diputados han ignorado. Una de ellas es que hay muy pocos países en todo el mundo que se hayan atrevido a aprobar una ley sobre la eutanasia. Solo cinco países entre los 193 que componen la ONU, y seis de los 50 Estados de EUA han legalizado el homicidio a petición, seis si añadimos el suicidio asistido de Suiza. Lo que equivale a solo cuatro de los 50 estados europeos, que además son, todos ellos, de una muy modesta entidad demográfica. Unos 38 millones de europeos sobre un total de 740 millones. En el mundo, un puñado de millones de personas se rigen por este tipo de leyes, por más de 7.500 millones en sentido opuesto. Y no es que no haya habido tiempo puesto que la primera ley de la eutanasia fue aprobada por la Alemania nazi. Esto solo debería abrir ya un poderoso interrogante sobre la cuestión. ¿Es que la gran mayoría del mundo es malvado o reaccionario, y no sabe apreciar las ventajas de la eutanasia como acto benéfico y progresista, o bien el error es que impera en aquellas reducidas y persistentes minorías? Y es por esta razón que los diputados no pueden continuar avanzando sin atender a los poderosos antecedentes contrarios a la eutanasia.
Uno de los más importantes es el de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 26 de Junio de 1997, entonces con mayoría de miembros designados por el Partido Demócrata, que cortó en seco la posibilidad de que el más alto tribunal determinara que la eutanasia debería formar parte de la legislación federal. Sus conclusiones negaban tal posibilidad por cuanto la Constitución no la amparaba, y lo argumentaba refiriéndose a la posibilidad de coacción (no certeza, sino posibilidad) de orden económico o psicológico respecto a las personas con menos recursos, de los enfermos terminales o las personas discapacitadas. Decía algo obvio, solo que era el Tribunal Supremo quien lo afirmaba: que la eutanasia es una vía para coaccionar a los más débiles y dependientes. La idea de que la petición de morir será lucida y responsable, cuando el sujeto es susceptible de situaciones de desamparo, dolor físico y psíquico, es una patraña, porque objetivamente ningún acto acometido bajo aquellas condiciones sería aceptado como una decisión libre y autónoma. Por eso son tan determinantes los cuidados paliativos y el acompañamiento. Alguien tan poco sospechoso de reaccionarismo como el que fue presidente de Alemania el socialista Johannes Rau, afirmó en su famoso Discurso Berlinés, que puede ser considerado como su testamento político, un razonamiento que articula la misma idea en otros términos, que la sentencia del Tribunal Supremo de EUA. Dijo Rau: “cuando el seguir viviendo solo es una de las dos opciones legales, todo aquel que imponga a otros la carga de su supervivencia estará obligado a rendir cuentas, a justificarse. Aquello que parece consolidar la autodeterminación –la eutanasia- del ser humano en verdad puede convertirse en objeto de coacción”. En términos llanos, lo que afirmaba el presidente germano es que la eutanasia genera un ser humano sobrante, el descartado, El hombre superfluo sobre el que escribe Ilija Trojanow, aquel al que con la mirada, el gesto y el trato, se le está diciendo: “Y tú en tus condiciones, tú que eres una carga para tu familia, qué haces en este mundo”. Esa es la coacción. Eso es lo que evitó el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y esa amenaza es la que hará realidad, si se aprueba, la nueva legislación española.
La más alta instancia judicial de Estados Unidos señaló otro grave inconveniente: el cambio del rol del médico, que se convierte de sanador de una persona en provocador de su muerte en condiciones legales. Como en tantos otros aspectos, la insuficiencia de un debate reflexivo, no está permitiendo valorar el cambio de mentalidad que provocan las leyes. En el caso del médico, su educación está dirigida a sanar, a evitar la muerte, como sea. Tanto es así que se ha tenido que frenar el llamado encarnizamiento terapéutico, el curar a cualquier precio. Pero esto que es fácilmente evitable, y cada vez más improbable por costoso, puede pendular hacia el otro extremo. No se trata ya solo de poder provocar un homicidio legal, se trata de mucho más, de la formación de una mentalidad que tienda a infravalorar los tratamientos y las urgencias a aplicar a personas presuntamente descartables, ancianos, enfermos crónicos, acentuando una tendencia que ya existe. En los protocolos actuales de urgencias un anciano de 80 años ocupa un lugar secundario en las prioridades de atención, aunque por razón de llegada le corresponda un lugar más destacado. Por eso de manera recurrente los medios de comunicación nos informan de ancianos que han muerto esperando largo tiempo en un servicio de urgencias. Y eso sucede cuando el hecho puede llegar a ser punible. ¿Qué sucederá con la eutanasia legalizada? El ojo clínico aplicado, no ya a sanar, sino a construir una jerarquía en la sanidad pública de quien tiene más derecho a vivir.
Todo esto es tan evidente que no resulta extraño que a distancia en el tiempo y en el espacio, otra alta instancia jurídica, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reúne a diputados de todos los parlamentos, aprobó el 25 de junio de 1999, a instancia de un diputado laborista, la Recomendación a los Estados miembros que incluye entre otras medidas, apoyar la prohibición de poner fin a la vida intencionadamente, de los enfermos terminales o las personas moribundas.
Las advertencias son de autoridad, rotundas y al alcance de todo sentido común. Además, me he referido solo a aquellas que han surgido de ámbitos de la izquierda. Solo unas instituciones y una sociedad que ya no creen en el progreso pueden sostener que la muerte entraña una solución. De hecho, ya podrían pensar que ese no es el camino en el momento que eligen para el ser humano la misma solución que aplica el veterinario al perro que sufre. ¿Eso es todo lo que pueden proporcionar los avances de nuestro tiempo?
Articulo publicado en La Vanguardia el 17 diciembre 2018
