Conocidas las calificaciones provisionales de la Fiscalía del Estado y de la Abogacía del Estado, sorprende la diferencia de calificación de los actos anteriores y posteriores al 1-O. Mientras los primeros dicen que se trató de un acto de “rebelión” o Golpe “de” Estado en grado de tentativa, los segundos prefieren hablar de “sedición”, o sea un Golpe “al” Estado.
Con independencia de las posibles presiones del Gobierno a la Abogacía del Estado, la razón fundamental de las dos calificaciones estriba en los hechos. Los que vivimos “in situ” estos momentos, comprendimos que hay dos hechos incuestionables y que tumbaron el posible –si hubo un intento— Golpe de Estado: nadie en el mundo reconoció el resultado de un referéndum sin control democrático, y el acuerdo de los tres partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos) para intervenir la autonomía con la aplicación del artículos 155 de la Constitución, sin oposición de nadie: al día siguiente nadie movió un dedo. Hoy no existen dudas de que el gobierno catalán fue víctima de una gran improvisación.
Las posiciones de las dos partes (Gobierno central y Govern de la Generalitat) están muy distantes. Los primeros, partidarios del diálogo, no quieren interferir de modo directo en el Poder Judicial (jueces y fiscales), levantando la bandera de la división de poderes que consagra la Constitución. Pero, para no dejar las cosas como estaban, son elocuentes las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al calificar por su parte los hechos de Septiembre y Octubre, junto a otros miembros del Gobierno, rozando la invasión de competencias del Poder Judicial.
Por la parte del gobierno catalán, no se han movido ni un ápice de su posición inicial: liberación de los presos, eliminar el juicio penal y encontrar una solución política al estatus de Catalunya, que solo puede pasar por un referéndum de autodeterminación, si es pactado, mejor. No hubo, por tanto, delito alguno, sino aplicar con el referéndum ilegal del 1 de Octubre el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Este derecho, para el caso de Catalunya, no ha reconocido nadie de importancia, ni Europa, ni Estados Unidos, ni la ONU. Solo Rusia, que tanto ayudó desde el ciberespacio al independentismo, podría hacer un gesto, pero no en solitario.
Así las cosas es lógico que los grupos independentistas catalanes (ERC y PDeCAT) no apoyen los presupuestos generales del Estado, y se tenga que llegar o a una prórroga de los presupuestos del PP de 2018 o a elecciones. Más probable lo primero que lo segundo. ¿Habrá elecciones generales junto con las autonómicas, municipales y europeas de mayo? Solo lo sabe el presidente Sánchez. Pretender negociar los Presupuestos Generales del Estado con PP y Ciudadanos da la impresión que no es más que postureo y ganar tiempo. ¿Quién no se acuerda de la frase “no es no, y no sé qué parte del no, no ha entendido Rajoy”? De eso hace solo dos años.
Por otro lado, los independentistas, y Podemos con ellos, creen que lo ocurrido en Catalunya es la falta de un acuerdo “político”, pues la solución ha de ser “política”. Esto significa que se aparca o se ignora el Código Penal para los hechos de Septiembre y Octubre, y se convoque un referéndum de autodeterminación. Si no, se volverá a la vía unilateral (DUI, Declaración Unilateral de la Independencia).
Entonces, si por “política” se entiende trabajar y negociar al margen de la ley y de los códigos legales, esto no encaja en un país democrático y europeo que se quiera respetar. Mientras tanto, sigue la animadversión –a veces el odio– al Rey, a la Constitución, a España. Nadie niega esfuerzos al PSOE para intentar resolver el tema político mediante el diálogo, pero hasta ahora no ha tenido éxito, pues los independentistas quieren que sea el Gobierno quien dicte sentencia, naturalmente absolutoria, y que se imponga a los jueces. El independentismo no entiende la separación de poderes. Todo es el mismo poder, en el mismo saco.
¿Y el indulto? Dependerá de las penas que imponga la sentencia. Hoy hablar de indulto, sin sentencia, es perder el tiempo. Además, los independentistas no aceptan el indulto, sino solo la libre absolución. No quieren deber favores al Estado.
