El País desencadena una campaña contra la Iglesia animando a la gente a denunciar los posibles abusos que haya sufrido por parte de sacerdotes y religiosos. Para ello ha creado una cuenta específica de correo abusos@elpais.es. Claro que con esta insólita iniciativa se expone a que se le llene el correo de mensajes de protesta. Es un precedente insólito que un medio de comunicación inicie primero una campaña contra una institución, para después pasar a incitar a la denuncia.
Hace semanas que este periódico empezó a construir la imagen de que en España se han producido abusos que no han sido denunciados, aunque, como informó ForumLibertas, los datos que avalan tal información eran mínimos. 33 casos en treinta años, no todos ciertos, y que en todos los casos sí habían llegado a los tribunales, además la mayoría con décadas a sus espalda. Después de denunciar lo que no encontraba, este domingo, el día de mayor difusión, ha lanzado la agresión, y directa, promoviendo las delaciones.
Su resultado inicial es más bien magro, por no decir, un fracaso. Refiere el periódico que ha recibido más de cien cartas, pero solo se atreve a explicar cinco de ellas. El País lo presenta en estos términos “Más de un centenar de personas supuestas víctimas de abusos sexuales (…) en los casos en los que ha sido imposible contrastar los hechos por el silencio de la Iglesia, o por otras circunstancias (que el periódico no especifica) ha optado por informar sobre la denuncia (en realidad una delación en su sentido menos edificante) pero sin dar nombres de los acusados ni de los lugares concretos”. Con este tipo de información es obvio que no se puede cuestionar nada porque no se sabe quién ni dónde. Solo El País lo sabe, convirtiéndose en inductor, informador, fiscal y juez. Es una forma de informar que ofende la deontología de un profesional.
Aunque las narraciones de los cinco casos, que sí se concretan, van firmadas por periodistas, la versión global, la que da cuerpo, lanza la acusación y llama a la delación, no va firmada. Ningún periodista de la redacción se ha atrevido a poner su nombre.
De los cinco casos publicados, el que se narra con más extensión sucedió en un internado de Valladolid hace más de setenta años. Sucedió en plena posguerra, y Leopoldo Martín acusa a los sacerdotes del internado de “tratarlos como esclavos” y “matarlos de hambre” y que, además, pegaban. En este contexto de malos recuerdos, narra los presuntos abusos: Los ponían en fila desnudos para bañarlos “Los curas te lavaban y te manoseaban el cuerpo, y te daban tortazos en el culo” Se trataba de niños de siete u ocho años, y difícilmente la descripción daría pie a un caso de abuso sexual, y sí, más bien, a un trato especialmente duro… en 1948.
Otra denuncia sucedió hace cerca de cuarenta años. Sucedió a una chica. En el 2007 lo contó por vez primera. “Se reconocieron los hechos y se disculparon con mis padres, pero solo con ellos”. El tercer caso, otra mujer, ocurrió también hace más de treinta años, y no fue solo hasta 2015 cuando denunció al sacerdote, que ya había sido apartado tiempo atrás, y el juez sobreseyó la denuncia porque había prescrito.
Los dos casos restantes afectan a sendos varones. Uno de ellos se refiere al año 1982, y el sacerdote ya fallecido, fue en su momento retirado de la población y enviado a su pueblo de nacimiento, que no alcanza los 300 habitantes, donde permaneció hasta su muerte. Nunca más visitó Artana, la población de Castellón donde había ejercido. En este caso la Iglesia actuó de acuerdo con el Código canónico, “desterrando” y advirtiendo severamente al cura. La familia no denunció nada a la justicia, y la propia información de El País refiere la intervención prolongada de la diócesis cuyos responsables sostuvieron hasta una decena de reuniones con el afectado, lo que sirvió para la posterior actuación canónica.
El último es el único reciente, es del 2013 y afecta a los salesianos en un centro escolar de Cádiz, y concretamente a la figura de un exdirector sacerdote. El presunto delito está bajo juicio y el fiscal reclama cuatro años de cárcel por delitos de abusos.
Separando el ruido de las nueces, ¿dónde está la ocultación por parte de la Iglesia, que es la base de todo el escándalo que intenta construir El País? El periódico no ofrece prácticamente nada. Uno de los casos corresponde a uno de tantos de trato poco humano en internados religiosos en los años más duros de la posguerra, en los otros ha habido intervención eclesial, incluso en el único no prescrito, que se encuentra bajo procedimiento penal.
Lo que hace El País es macartismo puro y duro, y es que, al incitar a la delación, cualquier persona resentida, agraviada por la Iglesia, con una congregación religiosa o una escuela, puede fabular sobre unos supuestos abusos cometidos hace un montón de años, con el fin de dañar y vengarse. Esta es la razón por la que este mecanismo, la delación, sea desechado habitualmente, porque favorece la salida de los resentimientos personales. Lo insólito del caso es que, además, sea un medio de comunicación que se proclama reiteradamente como defensor de los derechos humanos, quien lo haga, y deforme su papel informativo para convertirse él mismo en sujeto y protagonista de la información que está creando. Y lo haga propiciando la destrucción de lo que constituye un derecho esencial: el de la presunción de inocencia, utilizando “la pena del telediario” en este caso de El País; es decir, la inculpación no de los tribunales, sino mediática. Y lo hace no contra una persona concreta, sino contra la Iglesia como conjunto.
La Constitución Española, en su art. 18.1 establece que “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” y lo que hace El País atenta contra el honor y la imagen eclesial. Al incitar a la delación incomprobables o ya resueltos, y presentarlos como “ocultación” de actos de pederastia, no puede acogerse al art 20.1 sobre la libertad de expresión que pueden entrar en colisión sobre aquel, porque es él quien fabrica la noticia mediante una campaña.
No se trata de ocultar, ni negar el problema. En este caso la cuestión, y es muy grave, es si permitimos que un periódico, utilizando su poder desencadene campañas contra quien quiera destruir.
