El mapa de los empleados públicos en España: Extremadura lidera el ranking

El peso del sector público sobre la actividad económica es significativo, ya que “condiciona las necesidades presupuestarias y el funcionamiento del mercado de trabajo”, además de tener una “incidencia directa e indirecta sobre la actividad económica privada de pymes y autónomos”.

Así lo recoge en su introducción el estudio ‘Empleados públicos en Cataluña y España. 2008-2015’, publicado por la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) en agosto del año pasado.

Pero, ¿cuál es ese peso sobre el total de trabajadores en España y por Comunidades Autónomas? Pues, según este estudio, el número de empleados públicos en España suma 301.145 trabajadores, es decir un 14,6% del total del empleo.

Además, si se calcula qué porcentaje de empleados públicos hay en cada una de las diferentes áreas de la Administración, este es el resultado: un 21,1% trabajan en la Administración estatal (27.146 personas), un 50,5% en la Administración autonómica (164.586), un 22,7% en la Administración local (84.612), y un 5,8% en las universidades (24.801 empleados públicos).

Cataluña, el menor porcentaje…

Asimismo, el estudio muestra dos mapas referidos a enero de 2015: el primero, que recoge el porcentaje de empleados públicos sobre el total de empleados de cada comunidad autónoma; el segundo, el número de funcionarios de cada comunidad por cada 1.000 habitantes.

En ambos se puede apreciar que “Cataluña es la comunidad autónoma con un menor peso del empleo público”, dice el estudio, tanto en relación al porcentaje de funcionarios sobre total de trabajadores de su comunidad, como por cada 1.000 habitantes.

Así, en el “Mapa 1”, reproducido a partir del estudio y que se muestra a continuación, se observa que en Cataluña solo el 10% del total de sus empleados son funcionarios.

A esta comunidad le sigue, en menor porcentaje de funcionarios, Baleares, con un 11,8%. Por detrás están, entre el 12% y el 14%, Comunidad Valenciana (12,2%), Navarra (12,8%), La Rioja (12,9%), País Vasco (13%) y Madrid (13,9%).

En la siguiente franja, entre el 14% y el 16% de funcionarios sobre el total de trabajadores, se sitúan Cantabria (14,3%), Asturias y Galicia (ambas con el 15,2%), Canarias (15,6%) y Murcia (15,7%).

…y Extremadura, más del doble

En el otro extremo, Extremadura dobla de largo el porcentaje de Cataluña en cuanto al total de sus trabajadores que son empleados públicos. Como se ve en el mapa, el 25,5% de sus trabajadores son funcionarios, es decir que uno de cada cuatro trabajadores extremeños lo es.

Al mismo tiempo, las comunidades que se están en la franja de entre el 16% y el 20% de funcionarios sobre el total de sus trabajadores son las siguientes: Andalucía, que tiene a casi uno de cada cinco (18,2%); Castilla y León, que le sigue los pasos con un 18,1%; y Castilla-La Mancha y Aragón, ambas con un 16,7%.

Por cada 1.000 habitantes, más de lo mismo

Por otra parte, en el “Mapa 2”, el estudio muestra más de lo mismo, es decir que Extremadura tiene más del doble de empleados públicos por cada 1.000 habitantes que los que tiene Cataluña. Así, mientras en Cataluña hay 40,7, en Extremadura son 81,9.

Las comunidades más cercanas a Cataluña son la Comunidad Valenciana, con 45,4 funcionarios por cada 1.000 habitantes, y Baleares (48), como se ve en el mapa.

En la franja entre los 55 y 60 funcionarios por cada 1.000 habitantes están Murcia (55), Cantabria (55,4), Canarias (55,6), Castilla-La Mancha (57,3) y Andalucía (58).

Por último, entre los 60 y 70 funcionarios, están Madrid (60,7), Aragón (65,8) y Castilla y León (66,6), solo superadas por Extremadura.

Cabe subrayar que, en relación al bajo porcentaje de empleados públicos en Cataluña, el estudio subraya que “el bajo peso de los empleados públicos se corresponde en gran parte con el singular y extendido sistema de conciertos sector público-sector privado, en virtud del cual operadores privados prestan servicios de forma concertada y financiada por la administración, y que tiene sus máximos exponentes en la educación y la sanidad”.

Y concluye afirmando que “este sistema de prestación de servicios públicos tiene una larga tradición en Cataluña y se valora, en general, como de una considerable eficiencia”.