Está cada vez más claro que la eutanasia o el suicidio asistido esconde un riesgo inherente que es la redefinición del suicidio asistido como un acto médico legítimo. El pretexto de la autonomía y la beneficencia, se desliza peligrosamente hacia una obligación moral y práctica del suicidio asistido.
La ilusión de la legitimidad médica
El principio fundamental de la autonomía —la capacidad de decidir sobre el propio destino— se yuxtapone en el discurso médico con la beneficencia, que busca actuar en el mejor interés del paciente. En la teoría, ambos principios deben coexistir en equilibrio dinámico. Sin embargo, cuando la muerte asistida se define como atención médica, este equilibrio se ve radicalmente alterado.
Es alarmante que los criterios de elegibilidad actuales no surgen de un consenso médico riguroso, sino de compromisos políticos. Esta ambigüedad conceptual crea un marco en el que los pacientes considerados elegibles para el suicidio asistido podrían ser percibidos, tanto por médicos como por la sociedad, como sujetos para quienes dicha práctica es no solo una opción, sino un deber implícito.
Bajo esta lógica, la pregunta deja de ser «¿puede alguien optar por el suicidio asistido? y se convierte en «¿debería alguien aceptar el suicidio asistido?».
Este cambio sutil pero devastador refleja un deslizamiento ético que amenaza la dignidad humana y la misión médica de preservar la vida.
La influencia de la medicina sobre la sociedad
La progresiva adopción de términos como «asistencia médica para morir» ha transformado la percepción del suicidio de un acto individual y soberano a un procedimiento estándar, gestionado y promovido por profesionales médicos.
Este cambio semántico tiene consecuencias profundas. En lugares como Canadá y algunos estados de los Estados Unidos, la eutanasia ya no es solo una opción para quienes la solicitan, sino un derecho que el sistema debe garantizar y facilitar activamente.
Bajo el paradigma de los derechos de salud como derechos humanos, la eutanasia se convierte en una prestación médica con obligaciones sociales extensivas.
Esto incluye no solo el financiamiento estatal, sino también la expectativa de que las instituciones y profesionales de salud cooperen en su implementación. Las legislaciones más recientes han priorizado la accesibilidad a la eutanasia sobre las objeciones personales o institucionales.
Incluso médicos que no participan directamente en el proceso están obligados a informar a los pacientes sobre su elegibilidad, agarrándose a un supuesto consentimiento informado.
Este enfoque, sin embargo, ignora la necesidad de proteger a los pacientes de la sugestión de suicidio.
El peso de la persuasión médica
Como sociedad se ha llegado a un punto muy alarmante: el médico, bajo el rol de proveedor de «cuidados óptimos», no solo informa sobre opciones, sino que las recomienda activamente.
Por ello, si el sistema considera el suicidio asistido como atención médica legítima, se normaliza la sugerencia —incluso la presión— de que algunos pacientes acepten la eutanasia como una solución benéfica. Este cambio de paradigma representa una carga abrumadora para los más vulnerables: ancianos, discapacitados, enfermos terminales y aquellos en estados de sufrimiento psicológico o físico severo.
El suicidio asistido como una solución benéfica
La supuesta objetividad médica no elimina la subjetividad de estas decisiones. Al contrario, los prejuicios individuales de los médicos y las presiones culturales pueden influir desproporcionadamente en el consentimiento de los pacientes.
Esto es particularmente inquietante en contextos donde los recursos para cuidados paliativos son limitados, creando un terreno fértil para que el suicidio asistido sea percibido como una opción preferida, o incluso como un deber ético y económico.
El discurso pro-eutanasia ha sido sustentado por una narrativa que apela a la compasión y la autonomía.
Existe un factor fundamental a tener en cuenta en la implementación práctica de esta ideología de la muerte. En Canadá, por ejemplo, el uso del suicidio asistido ha alcanzado un nivel desproporcionadamente alto en comparación con estados como Oregón, donde las restricciones iniciales eran más estrictas. Esto demuestra que el verdadero motor de la expansión no es tanto la demanda pública, sino la redefinición de la eutanasia como un deber médico.
Además, la aceptación democrática del suicidio asistido ha sido manipulado.
Las campañas a favor de la legalización se han centrado casi exclusivamente en el ideal de una muerte solicitada por el paciente, omitiendo un debate serio sobre las implicaciones de su normalización como atención médica.
Ante la eutanasia o suicido asistido conviene recordar que la dignidad de la persona humana no se define por su utilidad, su capacidad o su sufrimiento. La vida, en todas sus etapas, es un don sagrado que merece respeto y protección. No puede tratarse el suicidio asistido como una práctica médica estándar. Debemos de promover una cultura de vida que priorice los cuidados paliativos, la compasión auténtica y el acompañamiento espiritual.
La transformación de la eutanasia en una obligación benéfica constituye un grave peligro moral y social.
Las ideologías tienen consecuencias, y la pendiente resbaladiza es real.
A medida que el suicidio asistido se expande, no solo afecta a quienes la solicitan, sino a toda la sociedad.
