El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una guía sobre la inmigración que se destaca por su sensatez.
En particular, el párrafo 2241 del Catecismo establece que «las naciones más prósperas están obligadas, en la medida de sus posibilidades, a acoger al extranjero que busca la seguridad y los medios de subsistencia que no puede encontrar en su país de origen».
Sin embargo, esta acogida no es ilimitada.
Aunque se subraya la importancia de la caridad y el apoyo a los necesitados, también se reconoce que el deber de las naciones incluye proteger el bien común y garantizar la estabilidad de la sociedad.
El Catecismo también aclara que «las autoridades políticas, en vista del bien común del que son responsables, pueden someter el ejercicio del derecho a inmigrar a diversas condiciones jurídicas».
Esto implica que los gobernantes tienen el derecho y la responsabilidad de gestionar los flujos migratorios para evitar cargas indebidas a los ciudadanos.
Lejos de abogar por una política de fronteras abiertas sin restricciones, la enseñanza de la Iglesia promueve un enfoque que equilibre la caridad con la justicia.
Los gobernantes deben tomar decisiones que protejan tanto a sus propios ciudadanos como a los inmigrantes, asegurando que la inmigración contribuya al bien común y no amenace la estabilidad de la sociedad.
La enseñanza católica también establece obligaciones para los inmigrantes, quienes deben «respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que los acoge, obedecer sus leyes y colaborar en el cumplimiento de las cargas cívicas».
Así, la inmigración no es un derecho unilateral o incondicional, sino que conlleva responsabilidades por parte de los inmigrantes hacia la nación que los acoge.
Esta reciprocidad busca fomentar una integración genuina y respetuosa, en la que los inmigrantes contribuyan activamente al bien común.
El bien común como guía
Santo Tomás de Aquino también ha ofrecido un marco conceptual importante para abordar la cuestión de la inmigración.
En la Summa Theologiae, Santo Tomás argumenta que el bien común es el principio último para juzgar si se debe permitir la entrada de inmigrantes a una nación y de qué manera debe hacerse.
Santo Tomás distingue entre interacciones pacíficas y hostiles con los extranjeros.
Las naciones tienen el derecho de decidir qué inmigrantes benefician al bien común y cuáles pueden representar una amenaza.
Esto les permite regular el ingreso de personas de acuerdo a las necesidades y las capacidades de la sociedad.
Santo Tomás se refiere a tres situaciones específicas con respecto a los extranjeros.
En primer lugar, habla de los viajeros que pasan temporalmente por una nación, quienes deben recibir un trato amable y respetuoso.
En segundo lugar, aborda a aquellos que buscan quedarse temporalmente, quienes también deben recibir protección bajo la ley y ser tratados con justicia.
En tercer lugar, Santo Tomás considera a los extranjeros que desean establecerse permanentemente y obtener la ciudadanía.
En este caso, sostiene que la integración debe ser gradual y cautelosa, para evitar los peligros que podrían surgir si se concediera la ciudadanía de manera inmediata.
Santo Tomás advierte que otorgar ciudadanía inmediata podría traer riesgos para la unidad y estabilidad de una sociedad.
Según él, la integración de los extranjeros requiere tiempo, y puede llevar dos o tres generaciones.
De esta manera, se garantiza que los inmigrantes asimilen plenamente la cultura y los valores de la nación, contribuyendo al bien común sin comprometer la cohesión social.
Sin embargo, Santo Tomás también reconoce la existencia de excepciones: ciertos individuos, por sus actos extraordinarios en favor de la sociedad, podrían recibir la ciudadanía de forma más inmediata. Pero estas excepciones no son arbitrarias; se otorgan a aquellos que han demostrado una contribución significativa al bien común.
Justicia, caridad y el equilibrio necesario
El principio del bien común es fundamental tanto en la enseñanza del Catecismo como en la filosofía de Santo Tomás de Aquino.
Si la inmigración masiva amenaza con alterar el tejido social y el bien común, entonces esa política migratoria sería injusta tanto para los ciudadanos como para los inmigrantes.
Por el contrario, una inmigración ordenada y proporcional que se ajuste a las leyes y normas de la nación puede enriquecer a la sociedad, al mismo tiempo que mantiene la estabilidad cultural y social.
La clave está en encontrar un equilibrio entre la caridad y la justicia.
El bien común debe ser el principio rector para tomar decisiones sobre inmigración, asegurándose de que la integración sea plena y que los inmigrantes participen activamente en la vida cívica y cultural del país que los acoge.
Solo así, la inmigración puede ser una oportunidad para enriquecer nuestras sociedades.
En este proceso, tanto el inmigrante como el ciudadano tienen obligaciones y responsabilidades, y la verdadera integración sólo se logra cuando todos contribuyen activamente al proyecto de una sociedad unida, estable y justa.
