La polarización política tiene un coste social muy elevado. La implantación en España de este «sub-sistema» político ha supuesto la llegada al poder (nacional, regional y local) en los últimos años no de las personas más preparadas para la gestión del bien común, sino de los más obedientes a los intereses de sus partidos, de los más radicales con las ideologías que, con el tiempo, se demuestran como ineptos en la gestión de la «res publica».
Los tristes sucesos de estas semanas atrás, con las riadas provocadas por la DANA en Valencia, no son más que la constatación de que el sistema de partidos en el que se basa nuestra Democracia ha fracasado.
Muerte, destrucción, desolación, infecciones y aguas contaminadas… Nuestro modelo de Estado de las autonomías ha colapsado y fracasado y sus consecuencias están siendo terribles para una población de casi 100.000 personas, afectadas por este fenómeno meteorológico.
Y ha fracasado y colapsado no precisamente por falta de medios, pues todos los años nos toca aguantar la típica frase de «… se aprueban los presupuestos con mayor gasto de la historia…»; No, ha fracasado porque, al frente de estos presupuestos, tenemos a una banda de arribistas, trepadores que son incapaces de anteponer el bien común a sus intereses personales y partidistas.
El espectáculo de las últimas semanas entre PSOE y PP está siendo absolutamente lamentable, pero ya estamos acostumbrados a ello, pues llevan más de 20 años usando las tribunas de los parlamentos en España para debatir sobre cúal de los 2 partidos roba más a los españoles, en lugar de debatir sobre como garantizar unos servicios básicos de calidad a la ciudadanía.
España es un estado fallido y fracasado, y no por casualidad. Con la llegada de Zapatero al poder en 2004, comenzó a implantarse una mentalidad entre los ciudadanos en la que, instigados por nuestra clase política, es más importante oponerse y luchar contra quien piensa diferente, que trabajar juntos por el bien común.
Desde entonces, el nivel de los políticos en España se mide por su nivel de obediencia al partido, y no por su trayectoria, experiencia o capacidad de gestión al servicio del bien común.
Uno de los «grandes hitos» de Zapatero, conviene recordarlo, era la promesa de anular todas las Leyes aprobadas por los Gobiernos de Aznar. Además de anular importantes leyes como la educativa (este tema merece un artículo y casi un libro aparte), anuló el Plan Hidrológico Nacional, que ya en 2001 preveía las fuertes inversiones necesarias en la cuenca del Júcar y la Huerta Sur de Valencia para la limpieza y mejora de las canalizaciones de los diferentes barrancos, como el del Poyo.
Más tarde, en 2011, se concedió la Autorización Ambiental al proyecto de «adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo», dentro de un plan de gestión de riesgos por inundaciones elaborado a principios de Siglo por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero nunca pasó del papel por motivos económicos y ambientales, motivos que han acabado costando la vida a más de 200 personas y destrozando la vida de decenas de miles de vecinos de las zonas afectadas.
¿Que han hecho desde entonces los diferentes alcaldes, diputados provinciales, regionales y nacionales, senadores y Gobiernos nacionales y Autonómicos de uno u otro signo político? NADA. Bueno si, destinar cada vez más dinero de nuestros presupuestos públicos al pago de intereses de una deuda pública que no para de crecer, y que, si se tratara de cualquier otra organización, supondría la quiebra económica de la misma.
Y es que el Estado de la Autonomías, además de haber demostrado con su fracaso en la gestión de la crisis y acceso para la ayuda inmediata a las víctimas, además de ser un estado fallido es un estado quebrado y ruinoso.
Pero no es un Estado fallido «per se» o porque el modelo sea necesariamente malo, en absoluto. Es un Estado fallido porque los políticos españoles, responsables de gestionarlo, se han dedicado a hacer chiringuitos y cortijos en sus centros de poder, dejando a un lado el bien común y centrándose en construir un modelo de sistema que asegure el crecimiento y la supervivencia de la estructura de sus partidos.
Nos toca de nuevo a la ciudadanía actuar; Al igual que se ha demostrado en Valencía, dónde gracias a los voluntarios, y no al «estado», las victimas tuvieron auxilio, agua y comida a las 24 horas de la catástrofe, debemos dar otro paso al frente si queremos revertir la situación.
No queda otra que remangarse y meterse en el «fango» de la política, si queremos que la misma vuelva, de nuevo, a ser un servicio al bien común y se limpie, como las calles de Paiporta, Cata-roja o Massanassa, del «fango» que izquierdas y derechas llevan décadas esparciendo en nuestra sociedad.
Porque como bien respondió el Papa Francisco en 2013 a un Joven que acudia al encuentro de alumnos y exalumnos de los colegios jesuitas de Italia y Albania «involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros no podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos: No podemos».
La otra opción es seguir esperando el surgimiento de un «mesías político» que arregle todos los problemas de nuestro país, pero, bien lo saben en Valencia, nadie acudirá a esta llamada de socorro, porque están demasiado ocupados calculando escaños, intenciones de voto y resultados electorales futuros que les garanticen una vida cómoda y una jubilación dorada.
Daniel Fernández Venegas
Asociación Cristianos en Democracia.
