El escenario electoral es el que es, con permiso del CIS de Tezanos (ocupa el vergonzoso lugar 28 entre las empresas encuestadoras a pesar de su abundancia de medios): Sánchez no llega al 30% de los votos, Sumar se hunde por debajo del 10% y Podemos se encuentra al linde de la extinción.
La respuesta del todavía presidente del gobierno es polarizar, radicalizar las posiciones y abrir al máximo los frentes de la guerra cultural. De ahí que en el próximo Congreso del PSOE del 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla, propone modificar la Constitución española para elevar a derechos constitucionales el aborto y el matrimonio homosexual, abriendo así el camino de la guerra cultural, y volviendo al pasado, cuando se hacían constituciones de partido, en lugar de buscar el consenso, como se consiguió en la ahora vigente Constitución de 1978.
Para modificar la Constitución española, existen distintos procedimientos que varían según la naturaleza y la importancia de los artículos que se pretenden reformar. Estos procedimientos están establecidos principalmente en el Artículo 167 de la Constitución y se dividen en dos categorías principales: uno, es el procedimiento Ordinario, cuando la modificación no afecta a la estructura fundamental del Estado ni a los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución. Incluye cambios en aspectos como leyes orgánicas, administración pública o la organización de instituciones no fundamentales. En este caso, la reforma puede ser propuesta por el Gobierno, por una mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados, por el Senado, o por al menos una quinta parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras. Se requiere la aprobación Parlamentaria: una mayoría absoluta en ambas cámaras (Congreso de los Diputados y Senado) y además implica al Rey, debe ser ratificada por el Rey.
Esta es, diríamos, la vía fácil. Pero es evidente que el PSOE no tiene mayoría en las dos cámaras ni la tendrá, incluso estaría por ver que PNV y Junts se la otorgaran en el Congreso, esto al margen de que sitúan en un brete al Rey forzándole a firmar -podría abdicar o dilatar su firma- si fuera una modificación no consensuada y divisiva.
Esto en el supuesto que no se considere que las dos cuestiones, aborto y matrimonio homosexual o una de ellas, no afectan a los derechos fundamentales, cosa perfectamente defendible, porque entonces se requiere mayoría de dos tercios en ambas cámaras, disolución de las Cortes: después de la aprobación inicial, se deben disolver las Cortes Generales y convocar nuevas elecciones y las nuevas Cortes deben aprobar la reforma nuevamente por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
El simple enunciado de los caminos ya señala que Sánchez más que una modificación real constitucional busca una guerra cultural aprovechando la inanidad de una parte de la sociedad española ante estos temas, y la fuerte movilización que provoca en sus seguidores. También piensa que la Iglesia en España dejaría pasar la cuestión, como viene haciendo los últimos -bastantes años- con una simple nota de prensa y quizás un documento, que leen unos pocos, pero sin ninguna intención de mover a sus fieles.
A este eje, añadiría un segundo enfoque que introduzca tensión hacia otro sector: el de los empresarios, «los ricos», aquellos con bienes mobiliarios superiores a 300.000 euros, y las grandes empresas. Este enfoque incluiría una serie de medidas fiscales y de redistribución de beneficios, destinadas a proyectar una imagen social de ofensiva. Con ello, se buscaría revertir la situación actual y preparar el terreno para un avance moderado, o incluso más rápido, hacia las elecciones generales de 2027, dependiendo de cómo el gobierno supere las pruebas parlamentarias clave, como la aprobación del techo de gasto y los presupuestos de 2025. Estas últimas se presentan con carácter urgente, ya que el ejercicio de 2024 opera bajo una prórroga, al no haberse logrado aprobar los presupuestos correspondientes.
Consideramos que ante estas evidencias no hay que esperar pasivamente, dejar la iniciativa a Sánchez y obrar reactivamente y tarde. Hay que construir una gran respuesta y actuar ahora, aprovechando el nuevo exceso de este gobierno, que intenta volver a los aciagos periodos en los que se fabricaban constituciones partidistas, que eran motivo de desunión y conflicto, rompiendo así con la sabiduría de 1978 de hacer una Constitución para todos.
Es necesario forjar una gran alianza surgida de la sociedad civil y que se extienda a los partidos políticos sin importar el posicionamiento en otros temas, y que apele a la responsabilidad de la Iglesia para que anuncie y llame al testimonio de la presencia organizada de sus laicos.
Una gran Alianza para defender la Constitución del Consenso, el rechazo del aborto y el matrimonio homosexual en su texto, la defensa del estado de derecho amenazado por la ocupación del sanchismo de las instituciones y su uso partidista (Presidencia y Mesa del Congreso, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Televisión Española, CIS, Agencia EFE, gobernación del Banco de España; ¡incluso Correos…!), que confluya en una movilización de la ciudadanía responsable y exija unas elecciones anticipadas para restablecer la democracia.
Sánchez busca una guerra cultural aprovechando la inanidad de una parte de la sociedad española ante estos temas, y la fuerte movilización que provoca en sus seguidores Share on X
