El pasado 11 de noviembre de 2024, un ensayo de investigación escrito por Alexander Raikin, publicado en The New Atlantis, sacudió el debate público al revelar que al menos 428 muertes irregulares por eutanasia en Ontario, Canadá, no cumplieron con los requisitos legales.
El informe denuncia que las autoridades, lejos de tomar cartas en el asunto, han decidido mirar hacia otro lado, sumiendo estos casos en el silencio y ocultándolos del escrutinio público.
Esta revelación no solo cuestiona el funcionamiento del sistema de atención médica asistida en Ontario, sino que arroja sombras sobre la implementación de la eutanasia en Canadá. Las cifras son escalofriantes, pero más aterrador es el hecho de que, pese a las irregularidades, ninguna acción penal se ha tomado contra los responsables.
¿Qué implica que un cuarto de los proveedores de eutanasia en Ontario hayan incurrido en incumplimientos legales sin ningún tipo de consecuencias?
La normalización de la irregularidad
El trabajo de Raikin comienza explicando cómo funciona la regulación de la ley de eutanasia en Canadá, un proceso que está controlado tanto por la legislación penal como por regulaciones provinciales y federales.
En principio, la no conformidad con estas regulaciones podría llevar a procesos judiciales e incluso penas de cárcel. Sin embargo, los hallazgos de Raikin muestran un panorama muy diferente: desde 2018, las autoridades provinciales han documentado cientos de «problemas de cumplimiento» con la ley, sin que ninguno haya derivado en una investigación criminal.
El Dr. Dirk Huyer, jefe de la oficina del forense de Ontario, ha sido el encargado de monitorear y velar por el cumplimiento de la ley de eutanasia en la provincia. Según el informe, entre 2018 y 2024, su oficina identificó numerosos casos de «incumplimiento», que van desde salvaguardas rotas hasta casos en los que los pacientes podrían no haber sido realmente capaces de dar su consentimiento. No obstante, en lugar de remitir estos casos a las autoridades correspondientes, Huyer y su equipo se limitaron a mantener «conversaciones informales» con los proveedores o enviar correos electrónicos «educativos».
Incumplimientos desde el comienzo
La historia de la eutanasia en Canadá ha estado marcada por la no conformidad desde sus inicios. En un estudio publicado en 2017, Huyer y sus coautores ya identificaban incumplimientos graves en los primeros 100 casos de eutanasia practicados en Ontario.
Por ejemplo, sólo el 61% de los médicos cumplieron con la obligación de notificar al farmacéutico el uso de medicamentos destinados para la eutanasia, un requisito fundamental para garantizar la transparencia del procedimiento.
Otro problema recurrente fue el incumplimiento del periodo de espera de 10 días, una medida que estaba diseñada para asegurar que los pacientes tuvieran el tiempo suficiente para reflexionar sobre su decisión. En cambio, los informes documentan casos en los que este periodo fue acortado debido a «solicitudes persistentes» de los pacientes o por «la inconveniencia del momento» para las familias, mostrando así una preocupante laxitud en la aplicación de las salvaguardas.
El silencio cómplice de las autoridades
Quizá el aspecto más perturbador de la investigación de Raikin es la decisión consciente de las autoridades de no actuar frente a los incumplimientos de la ley.
En un video desenterrado por Raikin, el Dr. Huyer admite ante un grupo de enfermeras practicantes que algunos proveedores de eutanasia continúan sin responder a la norma y que persisten en sus prácticas irregulares. Sin embargo, ni siquiera esta admisión ha desencadenado cambios significativos. La decisión de no remitir estos casos a la policía o de no abrir investigaciones judiciales demuestra un preocupante nivel de negligencia institucional.
El caso del Dr. Eugenie Tjan
Uno de los casos más ilustrativos es el del Dr. Eugenie Tjan, una profesional que sigue ejerciendo la medicina palliativa y la eutanasia en Ontario a pesar de haber estado involucrada en uno de estos incidentes de incumplimiento. En este caso, el Dr. Tjan llevó medicamentos incorrectos al domicilio del paciente y demostró no tener la preparación adecuada para llevar a cabo el procedimiento. A pesar de la gravedad de estos hechos, la respuesta de las autoridades fue limitarse a remitir el caso al Colegio de Médicos, sin ningún tipo de repercusión penal.
Consecuencias para los más vulnerables
La falta de acciones contundentes por parte de las autoridades ha creado un sistema donde las violaciones a la ley de eutanasia se normalizan, afectando especialmente a los más vulnerables. El informe de Raikin menciona que un 12% de los casos de eutanasia en pacientes con demencia presentaron problemas de cumplimiento, mientras que un 15% de los casos de eutanasia en personas que no eran terminales también mostraron incumplimientos. Estos datos muestran que los pacientes con enfermedades crónicas o cognitivas están particularmente expuestos a ser víctimas de prácticas negligentes.
Uno de los aspectos más preocupantes es la capacidad de consentimiento de los pacientes.
La eutanasia en Canadá se aprobó bajo la premisa de que solo podrían acceder a ella aquellos adultos competentes, capaces de dar su consentimiento informado.
Sin embargo, el reporte de Raikin destaca que en muchos casos no fue posible establecer si los pacientes realmente tenían la capacidad para consentir. Esto pone en entredicho uno de los pilares fundamentales del programa de eutanasia canadiense.
El riesgo de la indiferencia
Canadá implementó la eutanasia bajo el supuesto de que sería un proceso altamente regulado y seguro, disponible solo para aquellos que realmente lo necesitaran. Sin embargo, la realidad mostrada por la investigación de Raikin es la de un sistema plagado de incumplimientos, donde la supervisión parece haber sido sustituida por un deseo de evitar la controversia y mantener la apariencia de normalidad.
La investigación de Alexander Raikin revela una cruda verdad: el público ha sido mantenido en la oscuridad sobre las irregularidades en las muertes por eutanasia porque las autoridades han decidido que no hay nada que ver. Esto no solo plantea serias preguntas sobre la implementación y supervisión de la ley de eutanasia en Canadá, sino también sobre el papel de las autoridades responsables de velar por el cumplimiento de las leyes.
El caso de Ontario, que representa un tercio de las muertes por eutanasia en Canadá, es probablemente solo la punta del iceberg. La falta de transparencia y la renuencia a actuar ante las irregularidades sugiere que el sistema de eutanasia canadiense necesita urgentemente una revisión exhaustiva y un compromiso renovado con la rendición de cuentas.
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