El reciente debate vicepresidencial en los Estados Unidos, que captó la atención de cuarenta millones de espectadores, marcó una pauta inesperada al poner en el centro del escenario el controvertido tema del aborto postnatal.
Aunque es poco probable que estos debates tengan un impacto significativo en el resultado final de las elecciones, este en particular dejó un fuerte eco en la opinión pública al resaltar un aspecto poco abordado del debate sobre el aborto: la realidad de la terminación de vidas postnatales en casos de aborto fallido. Este evento sirvió, además, para que el movimiento en defensa de la vida expusiera un argumento sólido en contra de la postura abortista.
Cambios en la legislación de Minnesota
El debate gira en torno a la modificación de la legislación de protección infantil en Minnesota, donde en 2022 el gobernador Tim Walz firmó una enmienda que revocó la obligación de brindar atención médica para salvar la vida de un infante nacido vivo tras un aborto fallido.
Antes de la modificación, la ley de Minnesota requería que el personal médico tomara «todas las medidas razonables» para preservar la vida y salud del infante nacido vivo, incluyendo el mantenimiento de registros médicos pertinentes.
Sin embargo, el cambio introducido por Walz eliminó esta obligación y la reemplazó por un deber mínimo de brindar «atención de comodidad» al infante, es decir, asegurarse de que el bebé moribundo esté lo más cómodo posible.
Este cambio ha suscitado una intensa polémica en torno a la defensa de la vida pues esta medida abre la puerta a una forma de infanticidio por omisión, ya que permite que bebés nacidos vivos tras abortos fallidos sean dejados a morir sin recibir la atención médica necesaria.
Casos documentados en Minnesota sugieren que, en la última década, al menos un par de docenas de bebés, algunos de ellos con diagnósticos no fatales, han sido dejados a morir tras abortos fallidos.
Esto indica que el fenómeno no es aislado y que la falta de protección a infantes nacidos vivos tras intentos fallidos de aborto ocurre también en otros estados, como Illinois y Nueva York, donde la ley ha experimentado cambios similares.
La posición de Walz y el debate sobre el «derecho a un bebé muerto»
Durante el debate, el candidato vicepresidencial JD Vance cuestionó a Tim Walz sobre la ley de Minnesota, sugiriendo que permitía prácticas infanticidas al omitir el deber de preservar la vida del infante nacido vivo. Walz negó categóricamente esta afirmación, sosteniendo que era una mala interpretación de la ley y del derecho a abortar.
Sin embargo, la respuesta de Walz plantea una disyuntiva lógica. Si, como él sostiene, el derecho a terminar un embarazo no implica el derecho a un bebé muerto, entonces, ¿por qué eliminar la obligación de preservar la vida del infante?
Esta contradicción sugiere que en realidad, y a pesar de la postura pública de Walz, existe un trasfondo en el que el «supuesto derecho a terminar con el embarazo» está intrínsecamente ligado a la expectativa de que el feto o infante no sobreviva. Si verdaderamente no existiera tal expectativa, la protección de los infantes nacidos vivos no debería estar en entredicho.
La importancia de las leyes de protección infantil para los bebés nacidos vivos
La presencia de leyes de protección infantil para infantes nacidos vivos tras abortos fallidos juega un papel fundamental en el discurso sobre los derechos de los no nacidos.
Actualmente, treinta y cinco estados en los Estados Unidos cuentan con algún tipo de legislación que exige la protección de los infantes nacidos vivos, mientras que trece carecen de ella, y solo tres —Minnesota, Illinois y Nueva York— han eliminado este tipo de protección.
Estas leyes insertan en la legislación un reconocimiento implícito de la dignidad intrínseca de los infantes, independientemente de las circunstancias de su nacimiento. Estos actos de protección infantil plantan una premisa que debilita los regímenes de aborto permisivos, al reconocer que el infante nacido posee una dignidad humana que merece la misma protección legal que cualquier otra persona. Esto también sugiere que el feto, aún no nacido, posee una dignidad similar y merece un grado de protección comparable, ya que su naturaleza humana no cambia antes y después del nacimiento.
La contradicción de los “Derechos Reproductivos”
En el debate, Walz insistió en que los «derechos reproductivos» están bajo una grave amenaza y que una administración liderada por Harris-Walz aseguraría la posibilidad de un acceso irrestricto al aborto en todo el país.
No obstante, esta postura plantea interrogantes sobre el verdadero significado de «derechos reproductivos». La reproducción, en términos biológicos, ocurre en el momento de la concepción, y en cada aborto la reproducción ya ha tenido lugar. Si lo que se busca es proteger el supuesto derecho de una persona a interrumpir su embarazo, entonces se debe diferenciar entre «terminar un embarazo» y «terminar la vida del feto o infante».
Si Walz realmente sostiene que el supuesto derecho a terminar un embarazo no equivale a un derecho a un bebé muerto, entonces la «libertad reproductiva» debería estar garantizada en cualquier estado que proteja el derecho a dar a luz, dado que el nacimiento es el desenlace natural de un embarazo.
En otras palabras, el argumento de Walz revela una contradicción: si la libertad reproductiva no implica un derecho a la muerte del feto o infante, entonces las leyes de protección infantil para nacidos vivos no deberían considerarse una amenaza a dichos derechos.
Un debate con implicaciones
La postura de Walz, más allá de sus implicaciones en el ámbito legislativo, es representativa de un sector del movimiento abortista que lucha por mantener el acceso al aborto sin restricciones. Sin embargo, la eliminación de las leyes de protección infantil para nacidos vivos sugiere una radicalización en esta postura, una que va en contra de las creencias de gran parte de la sociedad estadounidense.
El debate vicepresidencial reveló una contradicción fundamental en la retórica abortista. La disyuntiva es clara: o la «libertad reproductiva» está garantizada en un sistema donde todos tienen derecho a procrear y dar a luz, o la postura abortista se ha radicalizado hasta el punto de negar la dignidad intrínseca del ser humano en sus etapas más vulnerables.
La decisión recae en el electorado, que deberá reflexionar sobre las implicaciones éticas de estas posturas y su posible impacto en el futuro de la legislación y de los derechos de los bebés nacidos vivos tras abortos fallidos.
