La reciente visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al Papa Francisco, deja más preguntas que respuestas. En tan solo 35 minutos, Sánchez afirmó haber abordado una lista de temas que abarcan desde la crisis migratoria y una invitación al Papa para visitar Canarias, hasta la guerra en Israel y Gaza, el conflicto con la Iglesia española por la intervención gubernamental a manos del ministro Bolaños sobre la cuestión de las indemnizaciones a las víctimas y la aplicación de la Ley de Memoria Democrática con la resignificación del Valle de los Caídos. Parece poco tiempo para tratar cuestiones tan complejas y delicadas, lo que lleva a preguntarse si esta reunión fue algo más que un acto simbólico y protocolario, una excusa para vincular el nombre de Sánchez al del Papa en un momento de horas críticas para el presidente español.
Cuesta creer que en poco más de media hora se puedan discutir a fondo cuestiones como la «resignificación» del Valle de los Caídos, o la necesidad de que la comunidad internacional cese la venta de armas a Israel, o para enfocar las discrepancias de fondo con la Iglesia en materia de las víctimas de la pederastia. La velocidad y amplitud con la que Sánchez afirma haber tratado estos temas deja entrever más bien una reunión para la foto que un intercambio genuino de ideas.
Sobre la inmigración, Sánchez lleva seis años en el gobierno y no ha hecho nada significativo para mejorar la acogida de inmigrantes ni para regular bien su llegada. Mientras pide a Marruecos que impida la llegada de inmigrantes, en España el sistema de acogida sigue siendo insuficiente y desorganizado, y los injustos CIE se mantienen. La reciente extradición a Marruecos de saharauis retenidos en Barajas es, como poco, un incumplimiento del derecho de asilo, que pone en riesgo la integridad de los expulsados.
Además, Sánchez trató dos temas polémicos con la Iglesia: el deseo del gobierno de que el Estado supervise las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia en la Iglesia, mientras al mismo tiempo se ha negado a investigar lo que sucede en las escuelas que dependen del Estado y los centros de acogida de menores.
Pero, centrémonos en el objeto principal de la visita, tal y como lo relataba El País en su edición del 12 de octubre: las indemnizaciones a las víctimas de pederastia causadas por miembros vinculados a la Iglesia. Como muestra un libro de Josep Miró i Ardèvol de próxima publicación, este es precisamente un caso de manual de discriminación y arbitrariedad del gobierno aplicado a la Iglesia.
La investigación realizada en España sobre los abusos sexuales a menores se ha centrado exclusivamente en personas vinculadas a la Iglesia Católica, convirtiéndola en un verdadero chivo expiatorio en los términos que lo conceptúa René Girard, buscando resolver problemas graves culpando a un grupo específico para desviar la atención. En este caso, la atención sobre la magnitud y el crecimiento de la violencia sexual general y en menores en España. Esta última, que representa entre el 43% y el 49% del total de las víctimas, alcanzó a 9.185 personas en 2023, según los datos del Ministerio del Interior, con un crecimiento del 173% de víctimas infantiles entre 2013 y 2023. Además, menos del 18% de los agresores están vinculados a la Iglesia, lo que representa cifras cercanas a la mitad de los casos.
El Gobierno español, a través del Congreso de los Diputados y con la colaboración necesaria y no obligada del Defensor del Pueblo, decidió centrar sus investigaciones en la Iglesia Católica, ignorando el hecho de que, relacionando los datos del Ministerio del Interior con los casos que dice disponer El País, recogidos desde el anonimato y sin permitir verificaciones de terceros, se muestra que menos del 1% de los agresores están vinculados a la Iglesia. Esto demuestra que la gran mayoría de delitos sexuales ocurren fuera de ella. Este sesgo ha generado una distorsión en el tratamiento de la violencia sexual, dejando fuera de foco a más del 99% de los agresores y víctimas.
Uno de los principales problemas de este enfoque es que desvía la atención de las cifras más alarmantes: los adolescentes de 14 a 17 años, en particular las chicas, sufren una prevalencia desproporcionada de abusos sexuales, siendo 4,5 veces más probable que un menor sea víctima en comparación con un adulto. A pesar de ello, las políticas públicas han ignorado esta realidad, centrando los recursos y la atención en la violencia de género entre adultos. La violencia sexual hacia adolescentes ha aumentado drásticamente, y este grupo ahora representa una cuarta parte de las víctimas, lo que equivale a una «plaga sexual» que no ha sido reconocida por los poderes públicos.
En el ámbito mediático, la Iglesia Católica ha sido objeto de campañas negativas durante más de tres décadas, a menudo sin basarse en nuevos hechos. Recuerda a la campaña de las supuestas fosas comunes en Canadá, que resultaron ser una «fake news», pero que no recibieron el mismo nivel de corrección una vez desacreditadas. Esta narrativa negativa hacia la Iglesia también ha sido amplificada por medios como El País, que ha reportado cifras infladas o inconsistentes sobre los abusos dentro de la Iglesia.
El informe del Defensor del Pueblo también refleja este sesgo. A pesar de que se realizaron más de 113.000 llamadas telefónicas para encontrar víctimas, el informe solo pudo identificar 90 casos relacionados con la Iglesia en una encuesta de 8.000 personas. Estas cifras muestran que, aunque se ha invertido un gran esfuerzo en buscar casos, los resultados son estadísticamente insignificantes. Además, el informe presenta inconsistencias en la presentación de los datos, lo que sugiere una mala fe con el fin de justificar la atención exclusiva a la Iglesia.
De hecho, y a pesar de que los medios gubernamentales intentan presentarlo de forma diferente, España es el único país que ha concentrado y relacionado el delito de pederastia en una sola confesión religiosa, por iniciativa de las fuerzas políticas gubernamentales y la necesaria colaboración del Defensor del Pueblo. Ningún otro gobierno lo ha hecho, porque vincular un delito a un grupo por razones del tipo que sean, étnicas, religiosas o de otra naturaleza, y además sin razones para ello, es un caso de manual de discriminación y arbitrariedad, prohibido expresamente por la Constitución y el derecho europeo.
Mientras, el gobierno se niega a investigar el conjunto del delito, como sí ha hecho Alemania, y ni tan siquiera ha aceptado que se vea la situación en las escuelas públicas y los centros de protección de menores, a pesar de que los datos muestran cifras alarmantes.
La visita de Sánchez al Papa, además en unos momentos de apuro político para él, muestra, una vez más, la utilización espuria de la Iglesia para distraer la atención de lo que está cayendo: corrupción, inmigración, vivienda, crisis sobre crisis. La Santa Sede haría bien en no caer en este juego, que antes que nada constituye una injusticia manifiesta.
