La trampa de la reforma de subsidios por desempleo para víctimas de violencia de género 

Reforma de subsidios por desempleo para víctimas de violencia de género. Entre las novedades más destacadas está la posibilidad de que mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido violencia “machista” accedan directamente al subsidio durante un plazo de 30 meses.  El subsidio ordinario pasa durante los seis primeros meses de cobro de los actuales 480 euros a 570 euros. 

Sin embargo, esta medida, que fue aplaudida por su enfoque social, genera preocupaciones. 

Expone a los hombres a situación de vulnerabilidad

Al facilitar el acceso al subsidio a quienes acrediten haber sido víctimas de violencia de género o sexual, existe el riesgo de que algunos puedan intentar aprovecharse del sistema mediante denuncias falsas para recibir el apoyo económico. 

La facilidad con la que una denuncia podría llevar al acceso a este tipo de ayudas expone a los hombres a acusaciones infundadas, lo que no solo podría afectar su situación económica y social, sino también poner en peligro su libertad y reputación. 

Al tratarse de un sistema de acreditación que en algunos casos puede resultar bastante laxo, se teme que estas denuncias puedan no estar suficientemente fundamentadas, generando injusticias.

¿Quién lo puede solicitar?

Podrán solicitar el subsidio por desempleo aquellas víctimas de violencia que no tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, que no hayan agotado tres veces el derecho al programa de Renta Activa de Inserción, que se encuentren registradas como demandantes de empleo y que no dispongan de ingresos propios.

Si bien el objetivo de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad es primordial, deben establecerse controles rigurosos que eviten fraudes y abusos del sistema.

En este sentido, la acreditación de la violencia debe basarse en resoluciones judiciales, sentencias o informes del Ministerio Fiscal para garantizar que solo quienes realmente lo necesitan accedan al subsidio.

A pesar de estas salvaguardias, el riesgo de que algunos ciudadanos intenten hacer un uso indebido del sistema sigue siendo una preocupación. Este posible mal uso deja entrever la insuficiente seguridad jurídica, dejando desamparados a hombres acusados sin fundamento.

La reforma, aunque pueda parecer bien intencionada, no pone todo su esfuerzo en proteger a las personas en situación de vulnerabilidad pues al intentar proteger a las mujeres, desequilibra el apoyo a las verdaderas víctimas que en muchos casos serán, a partir de ahora, hombres.