El Gobierno negocia con el Vaticano la expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos

El Gobierno de España se encuentra en una etapa crucial de negociación con el Vaticano para asegurar la salida de la congregación de monjes benedictinos del Valle de los Caídos.

El objetivo es que esta salida se haga efectiva para finales de 2025, según han informado fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno busca complicidad en la Santa Sede

La Moncloa, consciente de la complejidad de esta operación, está buscando la complicidad de la Santa Sede para facilitar la salida de los monjes.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asumido la responsabilidad de liderar estas negociaciones con la Iglesia, como parte de su función en las relaciones con la institución religiosa.

El Gobierno considera esencial un acuerdo con el Vaticano para asegurar la salida de los benedictinos. La implicación directa de la Santa Sede en este asunto no solo facilitaría el cumplimiento del plan del Gobierno, sino que también aseguraría que cualquier decisión tomada será respetada por la congregación. 

Es importante mencionar que en 1958 se firmó un concordato entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (de titularidad pública) y la Abadía Benedictina de Silos, involucrando tanto a la Santa Sede como al Gobierno de España. Este acuerdo, en principio, no puede ser rescindido de manera unilateral por el Ejecutivo.

Plan de resignificación del Valle

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dejó claro a finales de mayo las intenciones del Gobierno en relación a los monjes benedictinos en el Valle de los Caídos: «Queremos que se marchen»

El objetivo es convertirlo en un centro laico que explique la guerra y sus consecuencias.

En palabras de Torres, «No pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos». Esta declaración subraya la firme determinación del Gobierno de proceder con la reubicación de los monjes, enfatizando la superación de la identificación del Estado con cualquier confesión religiosa específica.

La Fiscalía ha mostrado su apoyo a estas iniciativas del Ejecutivo, rechazando cualquier intento de paralizar las exhumaciones en el Valle. Esta postura refuerza la intención del Gobierno de cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que incluye, como ya se ha dicho, la resignificación del Valle y su transformación en un centro de interpretación.

Comisión de resignificación del Valle

El Gobierno ha creado una comisión interministerial dedicada a la resignificación del Valle de los Caídos, cuyo objetivo es convertir el sitio en un espacio que honre a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

Si los monjes benedictinos se niegan a abandonar su residencia por su propia voluntad, el Gobierno está preparado para forzarlos a salir.

Por ello, la cooperación del Vaticano es vista por el Gobierno como un elemento crucial para evitar confrontaciones.

En las conversaciones con la Santa Sede, el Gobierno podría enfatizar que la reubicación de los monjes no solo cumple con la legislación española, sino que también refuerza la posición de la Iglesia Católica respecto al Estado y la sociedad, argumentando una supuesta cooperación constructiva en temas de memoria histórica.

El Gobierno tiene marcado como fecha límite para lograr su objetivo,  finales de 2025, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco. Además, planea organizar actividades educativas en las aulas respecto a este tema.