Tanto Rodríguez Zapatero como Sánchez, los dos últimos presidentes de gobierno socialistas, patentaron un método consistente en que, en cuanto se atribulen por algún problema, se meten con la Iglesia. De los dos, el que ha llevado el procedimiento a su máxima expresión ha sido el segundo.
Las inmatriculaciones son un ejemplo, al igual que su actitud con la Abadía del Valle de los Caídos, pero sin duda donde la agresión cobra un nivel nunca visto fue con la Proposición no de Ley presentada por el grupo socialista en el Congreso, acompañado del partido que no hace tanto tiempo tenía como lema “Dios y ley vieja”, el PNB, por la que se encarga al Defensor del Pueblo una indagación sobre los abusos sexuales en menores, pero limitados solo a si quienes los cometían estaban vinculados a la Iglesia Católica. Esto era una estupidez malvada y una discriminación anticonstitucional.
Concretamente, la proposición dice: “El Congreso de los Diputados encomienda al Defensor del Pueblo, Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, que proceda a constituir una Comisión independiente, presidida por él, con el encargo de elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.
La primera cuestión que viene a la cabeza al leer el texto es: ¿por qué solo los delitos “en el ámbito de la Iglesia Católica”? ¿Tan importantes son? Esa es la malvada estupidez porque el gobierno, y se supone que los diputados, saben que los casos que afectan a personas de aquella condición son una ínfima minoría. Lo saben, porque como mínimo desde 2017 se publica por parte del Ministerio de Interior el “Informe anual sobre Delitos contra la libertad sexual”. Antes del 2023, con el añadido de “indemnidad”, que ahora ha desaparecido.
El referido al 2023 establece que el número de víctimas menores (de 16 años) fue de 9.185, una cifra bestial. El informe de El País, que es el mamporrero gubernamental del reino, en su estudio sobre víctimas de la Iglesia, plagado de denuncias anónimas y falsas, pero que en este caso es óptimo porque determina lo que podemos llamar “máximo imaginario”, establece un total de 2.735 casos remontados hasta finales de los años cuarenta del siglo pasado. En términos cuantitativos, esto significa que el “máximo imaginario” de víctimas atribuibles a lo que persigue la Proposición no de Ley, acumulado a lo largo de 75 años, significa solo el 30% de las víctimas de un solo año. La naturaleza marginal de los casos digamos eclesiales es evidente. A pesar de ello, son quienes están en el foco. No es de extrañar que los informes de e-Cristians calcularan con los datos disponibles que podían representar entre el 0,2 y el 0,4% de los casos. Nadie lo ha cuestionado. Mejor el silencio.
La pregunta es evidente: ¿por qué el partido del gobierno se interesa por una cifra tan exigua y deja en la sombra al más del 99% de las víctimas restantes? ¿Cómo calificar esta forma de proceder? Pero no pasa nada, porque, y con eso cuenta el Gobierno, la Iglesia no se zafa de su papel de chivo expiatorio. El primer partido de la oposición, el PP, está para otras cosas más importantes, no para defender la justicia. Los católicos en el espacio público, excepto algunos grupos, son inexistentes y desvaídos, y la ciudadanía ejerce poco como tal.
La segunda cuestión es la naturaleza inconstitucional del texto aprobado. La Constitución Española en su artículo 14 prohíbe la discriminación: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Solo hace falta sustituir Iglesia por cualquier otro grupo social, inmigrantes, gitanos, homosexuales, para constatar la brutalidad del redactado de la Proposición (y ya es significativo tener que acudir a este tipo de ejemplos para constatar la brutalidad del Congreso).
Por este motivo, fue presentado un recurso de amparo por e-Cristians, European Federation for Life and Human Dignity y Josep Miró i Ardèvol a título personal, en un intento de introducir también la argumentación personal de la discriminación a las personas católicas. Fue rechazado sin entrar en el fondo del asunto por considerar que quienes lo presentaban no estaban legitimados.
El Defensor del Pueblo realizó el parto de los montes; es decir, del estudio, del estruendo salió una nadería y, para justificarla, se adjuntó una encuesta que El País, el mamporrero mayor del reino, manipuló debidamente, of course.
Ahora, Bolaños ha vuelto a la carga con motivo de las ayudas que la Iglesia quiere otorgar a las víctimas, con sendas cartas que, naturalmente, publica en exclusiva El País el día 7 de julio, y que con el mismo tenor ha publicado después su entidad subalterna, La Vanguardia de Barcelona (como practican en la era Sánchez el vuelo gallináceo a la busca de alpiste algunas entidades de Cataluña) que reclama que el Estado ha de controlar las indemnizaciones de la Iglesia y la forma como se realizan.
La cuestión previa es esta: ¿qué pinta en todo esto el llamado ministro de Justicia, que debe actuar en asuntos de su competencia? Quieren manejar un dinero que no es suyo, en lugar de buscar y atender a sus propias víctimas directas, mucho más numerosas, en las escuelas, centros de acogida, servicios estatales… Quieren intervenir sin tener atribuciones para ello, solo por la fuerza de la coacción.
La Iglesia respondió que “el plan del gobierno parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía”, lo cual es una evidencia. Si Bolaños y Sánchez quieren meter baza, que vayan a la justicia porque ellos por sí solos no pueden entrometerse en una actuación que se mueve entre sujetos privados. Y el Defensor del Pueblo, antiguo exministro de Educación socialista (que, por cierto, no hizo nada en su mandato para abordar esta cuestión en la escuela) está para defender a los ciudadanos de los malos usos del gobierno; como siempre, mira hacia otro lado.
En realidad, todo forma parte del mismo montaje: la Iglesia como chivo expiatorio, impunidad total ante la violencia sexual contra los menores, que se ha generalizado y crece sin parar, abandono de las responsabilidades del gobierno en este ámbito. Solo existe la violencia de género, pero atención, eso no reza para las menores. Es una forma como otra de dejar impune la pederastia. Es eso lo que debemos denunciar, lo que hay que señalar con el dedo y exigir que, de una vez por todas, se aborde esta terrible y desbordada violencia.
En vacaciones es el momento de entender por qué pasa lo que pasa. Es el momento de leer La Sociedad Desvinculada, de Josep Miró i Ardèvol.
