El pasado 12 de junio el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Real Decreto para regular el acceso a la Universidad. La prueba de acceso a la universidad, a partir del 2025 se va a llamar precisamente así, PAU, Prueba de Acceso a la Universidad.
La norma pretendía una mayor unificación entre las diferentes Comunidades Autónomas y efectivamente se ha unificado el nombre para todas ellas. Antes se designaba con el nombre de EvAU, con uve, en Aragón, Navarra, Castilla La Mancha y Madrid, y EBAU, con be, para el resto, pero… no esperen más unificación que el nombre porque no la hay.
Una prueba injusta
Parece que la ministra de Educación haya encargado el contenido de su decreto a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el escritor italiano célebre por su frase «si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie».
Por mucho que la nueva norma se esfuerce en anunciar que «el acceso y la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales se realizará con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad «, la prueba de acceso a la universidad seguirá siendo una prueba injusta.
Mientras que, para una misma universidad, con evidente limitación de plazas, existan diecisiete puertas de acceso, con diecisiete anchuras y alturas, no se puede hablar ni de equidad, ni de principio de igualdad, ni de más mérito que el de haber nacido en una u otra comunidad autónoma.
El otro gran reclamo, el de la rebaja de un 10% al menos en la nota por faltas de ortografía, se ha colado como titular en muchos periódicos que, sin embargo, no parecen haber profundizado en el texto. Las prisas nunca son buenas.
No se lo crean. Lo más parecido que dice la norma en ese sentido es que los «criterios incluirán, entre otros, parámetros que permitan valorar» «la coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos» cuya valoración «no podrá ser inferior a un 10% de la calificación correspondiente a la pregunta o tarea». Perdón por ahorrarles por el camino varios circunloquios tan pomposos como vacíos de contenido, propios de la logomaquia gubernamental.
Norma intervencionista
En definitiva, la nueva PAU sigue siendo una norma intervencionista, como todas las anteriores, que deja completamente al margen para la selección de sus propios alumnos a todas las universidades públicas.
¿Cuál sería el problema en el caso de que cada universidad pública tuviese libertad para establecer sus propias pruebas de acceso para sus alumnos candidatos, tal y como hacen, por ejemplo, todas las universidades públicas en Estados Unidos? Se me ocurren dos razones que resultan insoportables para las políticas educativas de la izquierda española.
En primer lugar, el Estado no podría intervenir sobre el sistema de acceso a la Universidad pública, con todo lo que ello conlleva: hablo de libertad.
En segundo lugar, un sistema así favorecería la sana competencia entre las universidades que, de este modo, tendrían la opción de elegir los criterios de acceso para sus candidatos según sus preferencias, líneas específicas de investigación y estrategias educativas.
Un sistema libre sería insoportable para la izquierda pedagógica sesentayochista porque generaría una dinámica de sana competencia entre las distintas universidades, que pugnarían para atraer a los alumnos más brillantes y estimularían un esfuerzo mayor en los alumnos que tratasen de acceder a las universidades más prestigiosas.
Un sistema inadmisible para una política educativa, basada de manera enfermiza, en el igualitarismo, verdadero cáncer de nuestro sistema educativo.
Y es que, la diferencia es identificada inmediatamente con la segregación, con la meritocracia, con la selección por aptitud y actitud de los alumnos, palabras y conceptos prohibidos en nuestro sistema educativo que, además, podrían poner de manifiesto las enormes diferencias de exigencia en el bachillerato entre unas comunidades y otras.
Es mucho mejor que el Estado siga controlando el sistema de acceso a la Universidad pública, con el mantra de que «ningún alumno se quede atrás» impidiendo con ello que los más dotados o los más esforzados puedan ir delante.
Mientras que, para una misma universidad, con evidente limitación de plazas, existan diecisiete puertas de acceso, con diecisiete anchuras y alturas, no se puede hablar ni de equidad, ni de principio de igualdad Share on X
