El Parlamento Europeo o el suicidio de Europa

“¿Nada menos que el Parlamento Europeo?

Pues sí, nada menos que el Parlamento Europeo”.

“¿Y hablamos entonces de una resolución que insta a todos los países miembros de la Unión Europea a reconocer el aborto como un derecho fundamental?”

“Pues también, exactamente eso, a todos los países, sí señor, y como derecho fundamental”.

La trágica resolución, como ustedes sabrán, es del pasado 11 de abril.

Lo primero que conviene destacar es que la resolución, en sí misma, no tiene la más mínima incidencia legal efectiva en ninguno de los países miembros de la Unión.

Ahora bien, ¿cuál es la repercusión real y efectiva, al margen de la legal, en Europa?

Pues me temo que altísima, porque el efecto que estas notician generan en la opinión pública casi siempre es enorme, y este es un aspecto que se está pasando por alto en todo este debate. Por mucho que la resolución no sea vinculante para los estados, por mucho que no los obligue a nada ni tenga repercusión legal directa e inmediata en ellos, la forma en que todo esto ha transcurrido y, sobre todo, como siempre, la manera en que los medios lo han presentado a la opinión pública, otorga un halo de legitimidad a la decisión del Parlamento, que hace percibir todo el tema del aborto como un debate cerrado. Se impone un algo así como: “sobre el aborto ya no hay nada que discutir ni que opinar, porque Europa ha hablado, y ha dicho que es un derecho”. ¡Y sanseacabó!

Se trata del carácter pedagógico y didáctico de la ley, que casi siempre olvidamos.

Es sencillo. Consiste en percibir como bueno lo que está permitido en la legislación actual, y como malo aquello que está prohibido, aunque todos sepamos que, en buena lógica, no es así. Robar no es bueno, aunque pudiera haber una legislación que lo permita, y matar es malo, aunque no tuviésemos una legislación que lo penalice. Y, por seguir con los ejemplos, matar a un bebé es un crimen horrendo, aunque tengamos una legislación que lo haya despenalizado e, incluso, que pueda llegar a reconocerlo como un derecho; sigue siendo un crimen.

Pues resulta que en la actualidad el “razonamiento” que se impone suele ser el contrario: “si el Parlamento Europeo insta a que el aborto sea reconocido como un derecho, sin duda debe de ser porque efectivamente es un derecho, y ya está”. Trágica forma de razonar, si es que podemos llamar a eso razonar. Desde luego, en lo que a mi respecta, razonar no consiste en que el Parlamento europeo piense por mí; lo siento, pero me niego.

Asunto añadido a todo lo anterior es el de la crisis de natalidad que atravesamos, pero de verdad que en este debate me parece algo por completo irrelevante.

Siendo una situación dramática la de nuestro actual occidente, con índices de natalidad por los suelos, conviene decir bien alto y claro que, aunque la natalidad estuviese disparada y naciesen más niños que nunca, el aborto seguiría siendo lo que es, acabar con la vida de un bebé inocente en el seno de su madre. Lo digo porque en los últimos días son varias la noticias que he leído afirmado poco más o menos que “¿cómo podemos pensar que el aborto sea un derecho, con el invierno demográfico que estamos atravesando?”. Repito, me parece un argumento por completo improcedente para la ocasión, sin negar la preocupación que la baja natalidad merece, y que por descontado comparto.

Principio de subsidiariedad

Por otra parte, hay otro aspecto que llama la atención en la forma en la que todo esto se produce, y no es otro que la posible injerencia que esta resolución de la Asamblea supone para los países de la Unión Europea. Efectivamente, una resolución de este tipo, adoptada sin unanimidad, parece ir en contra del principio de subsidiariedad de los países, y en contra del más elemental respeto a su soberanía nacional.

Creo que todos más o menos nos hacemos idea de lo que es la soberanía nacional de un país, requiere de pocas explicaciones para entender el riesgo evidente de invasión de terreno ajeno que la resolución europea supone.

El principio de subsidiariedad tal vez precise algo más de desarrollo, sencillamente porque casi nadie hoy en día habla de él, más allá del Magisterio de la Iglesia católica. Efectivamente, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia lo analiza con cierto detenimiento:

“Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos.

 Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda («subsidium») —por tanto, de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores”.

Yo, que no soy jurista, lo simplifico al máximo: “lo que puede hacer un organismo inferior, jamás debe hacerlo el superior”. ¿Y eso por qué? Pues porque el precio es altísimo: ¡la libertad!

Si yo, como padre, resuelvo a mi hijo todos sus asuntos y problemas, le quito marrones de encima, no cabe duda, pero a costa de crearle un problema mayor. Si yo soluciono el desorden del cuarto de mi hijo haciéndole la cama y recogiendo todo mientras está en el colegio, mi hijo pierde libertad, aunque la apariencia más inmediata es que sale ganando. Mi obligación, como padre, es poner todos los medios para que mi hijo haga las cosas, pueda hacerlas, tenga los medios adecuados y además “regular” que las haga bien.

La obligación de un Estado, por lo tanto, jamás es hacer las cosas en sustitución de los ciudadanos, sino garantizar que estos pueden desarrollar iniciativas y ejercer sus derechos. Insisto, no olvidemos que la primera “sensación” cuando todo me lo dan resuelto desde arriba es siempre de alivio, se nos presenta como una ventaja, “qué bien, ya no me tengo que ocupar de nada”. Mucha atención, cuando yo me despreocupo de todo, casi siempre el balance final es aterrador.

Todo esto se percibe y se entiende hoy con enorme dificultad, acostumbrados como estamos a Estados mastodónticos que todo lo abarcan, a todo llegan, todo lo regulan, y todo nos lo dan solucionado. Ya saben, habrán oído hablar del “estado-elefante”. Bajo su “providencial amparo”, parece que el ciudadano no se tiene que ocupar de nada, porque todo se lo da resuelto el Estado. ¡Mucho cuidado!, insisto, cuando alguien hace todo por ti, no eres libre.

La “sobrelegislación”

Es tan notoria e invasiva lo que yo llamo la “sobrelegislación” actual que ¿dónde queda mi libertad? Que se lo pregunten, por ejemplo, a cualquier emprendedor. La legislación actual que le afecta, ¿favorece o dificultad su iniciativa empresarial y económica? ¿Necesita tanta legislación y regulación para arrancar y mantener su empresa? Los ejemplos podrían llevarse a muchos otros campos.

Lo que me parece obvio es que la sobrerregulación jamás es indicio de un orden mejor de la sociedad, ni de mayor calidad de vida de sus ciudadanos. Es más bien indicio obvio de una voluntad de las administraciones de controlar mejor a la población, mermando sus libertades, eso sí, siempre bajo apariencia de mayor libertad. Porque normalmente la sobrelegislación produce confusión, desconcierto y, en consecuencia, inseguridad jurídica.

Pues así es, los ciudadanos tenemos todo desde hace tiempo bien organizadito por “papá-estado” y ahora se ve que los Estados también tienen todo bien organizadito por “papá-europa” —una europa que no merece ya ni la mayúscula—, no tienen tampoco que ocuparse de nada, se lo dan ya todo hecho desde el Parlamento Europeo.

“Bueno, eso será en asuntos menores, ¿verdad?”

“¡Qué va, de menores nada! Hablamos nada menos que del aborto, un tema en el que además no hay la más mínima unanimidad entre los estados miembros”.

Un tema que seguiremos abordando en días sucesivos en estas páginas porque, obviamente, tiene aristas infinitamente más graves que la posible violación de la soberanía nacional de los países.