ABC ha informado que tanto El País como el Defensor del Pueblo cayeron en la trampa de un caso de abusos falsamente reportado. José Ramón Pareja, periodista de ABC, entrevistó a Alfredo Fernández, portavoz del grupo católico detrás de la falsa denuncia. El objetivo de Fernández y su grupo era «demostrar la debilidad de la investigación» llevada a cabo por estas instituciones, la cual ha quedado demostrada en el informe de El País y el Defensor del Pueblo.
El caso falso, conocido como «testimonio 359», fue incluido en el informe sobre abusos en la Iglesia católica del Defensor del Pueblo y reproducido por El País sin una verificación rigurosa. Este descuido ha puesto en tela de juicio la integridad de toda la investigación, suscitando interrogantes sobre la veracidad y el rigor de los procesos seguidos.
Además, el informe de El País, que alegaba casi medio millón de abusos en la Iglesia española, ha sido objeto de críticas por su metodología y extrapolaciones. Gabilondo y Michavila, figuras clave en la investigación, han rechazado estas extrapolaciones, mientras varios obispos han expresado su preocupación por la manipulación de los datos.
El Defensor del Pueblo presenta el partidista informe sobre abusos en la Iglesia entre críticas
Esta situación no solo cuestiona la credibilidad de El País y el Defensor del Pueblo, sino que también plantea dudas sobre sus intenciones al enfocarse exclusivamente en la Iglesia. Los obispos españoles, que reconocen la existencia de abusos que deben ser erradicados, ahora enfrentan un escenario donde deben reevaluar la validez de las acusaciones y la posible agenda detrás de ellas.
Por otro lado, Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha sido criticado por su enfoque en la investigación de abusos en la Iglesia, señalado por su posible inconstitucionalidad y parcialidad. Este enfoque ha generado una reacción adversa, incluso llevando a un colectivo cristiano a buscar amparo en el Tribunal Constitucional.
Posible violación de derechos fundamentales
Los cuestionamientos a Gabilondo incluyen la posible violación de derechos fundamentales, la parcialidad de la investigación, y la falta de consideración hacia la prevalencia de abusos en otros sectores de la sociedad.
Causa general contra la Iglesia. Esto no ha hecho más que empezar
Además, su expectativa de que la Iglesia colabore en una investigación que muchos ven como sesgada ha sido vista como ingenua o malintencionada.
El descubrimiento de un caso falso en un informe tan significativo plantea serias dudas sobre la validez de todo el proceso investigativo.
Mientras los obispos y la Iglesia católica reflexionan sobre sus próximos pasos, la sociedad española observa con escepticismo las acciones de medios de comunicación y entidades gubernamentales en su tratamiento de temas tan delicados como los abusos sexuales.
