En una decisión que ha generado alarma entre diversos sectores de la sociedad, el Tribunal Constitucional ha anulado una ley promulgada por Isabel Díaz Ayuso, la cual buscaba limitar el derecho a la eutanasia de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid para preservar el derecho a la vida de discapacitados. Esta ley, respaldada por la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, requería la autorización judicial para que una persona con discapacidad tutelada pudiera acceder a la eutanasia.
La sentencia, dictada por unanimidad de conservadores y progresistas del Tribunal Constitucional, establece que esta regulación invade competencias estatales. Lo que ha llamado la atención es que, en tiempos recientes, ha sido raro que este tribunal haya dictado decisiones por unanimidad, lo que ha llevado a ciertos analistas y observadores a plantear inquietudes sobre la composición y decisiones del tribunal.
La reciente modificación en la composición de los jueces del Constitucional, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, ha generado críticas y acusaciones de que se está configurando un tribunal sesgado y alineado con las intenciones e ideología del actual gobierno. Esta preocupación se acentúa aún más cuando se considera el delicado tema de la eutanasia y los derechos de las personas con discapacidad.
El peligro de no limitar la eutanasia es una pendiente resbaladiza en la que, al no tener límites claros y definidos, se corre el riesgo de que se vulneren derechos fundamentales. La decisión del Tribunal Constitucional podría ser interpretada como un paso en dirección a una mayor desprotección de las personas con discapacidad y vulnerar el derecho a la vida de discapacitados
La normativa madrileña, que fue suspendida de forma cautelar desde junio, requería autorización judicial no solo para la eutanasia, sino también para cualquier acción que afectara el «derecho a la vida» de una persona con discapacidad. Esto podría incluir, según Isabel Rodríguez, portavoz del ejecutivo, desde intervenciones quirúrgicas hasta transfusiones de sangre.
La cuestión que queda es: ¿dónde se traza la línea entre proteger el derecho a la vida y permitir el acceso a la eutanasia? Y, ¿hasta qué punto la composición del Tribunal Constitucional influirá en futuras decisiones sobre temas tan sensibles y cruciales para la sociedad española?
Esta ley, respaldada por la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, requería la autorización judicial para que una persona con discapacidad tutelada pudiera acceder a la eutanasia Share on X
