La Consellera de Educación de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó, hizo público el pasado mes de julio que el Gobierno catalán ha decidido retirar el concierto de la ESO a dos escuelas diferenciadas por sexos, la escuela Viaró de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la Camp Joliu de L’Arboç (Tarragona), a partir del próximo curso, el 6 de septiembre. Este hecho quiebra el derecho constitucional a la elección educativa.
Esta medida, que implica un cese en la financiación pública a estos centros en la etapa de ESO, puede verse como una acción contraria a los derechos constitucionales de los padres. La Constitución española reconoce la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, lo que implica que el gobierno tiene la obligación de proporcionar y financiar una amplia gama de opciones educativas. De ahí la importancia de la escuela concertada.
Sin embargo, la decisión del Gobierno catalán parece ignorar este principio fundamental. Simó declaró que, «Si alguna familia quiere llevar a Secundaria a sus hijos en una escuela diferenciada por sexos lo tendrá que hacer de forma 100% privada, no con recursos públicos«, lo cual es una imposición ideológica totalitaria. Este tipo de acciones, que cortan la financiación pública a las escuelas diferenciadas, son anticonstitucionales y contrarias a los derechos de los padres.
El término «escuelas que segregan» ha sido empleado reiteradamente para describir estas escuelas diferenciadas, una nomenclatura que tiene una connotación negativa y peyorativa. Cabe recordar que la educación diferenciada no implica segregación o discriminación, sino una elección metodológica que considera las diferencias de sexo para optimizar el aprendizaje. No proporcionar este tipo de metodología rompe el derecho constitucional a la elección educativa.
A pesar de la retirada del concierto en la etapa de ESO a estas dos escuelas, la financiación para las etapas de Infantil y Primaria seguirá vigente hasta el curso 2026-2027, en consonancia con el contrato existente.
El anuncio de la Consellera Simó, quien considera que con esta medida «gana la coeducación y la igualdad», pone en el foco la tensión entre las visiones diferentes sobre qué tipo de educación promueve verdaderamente la igualdad y el bienestar de los estudiantes.
Se mantiene la esperanza de que en el futuro, la diversidad educativa sea vista como una fortaleza y no como un obstáculo, y que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos sea respetado en su totalidad.
