El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado inconstitucional este martes, 31 de enero, la última ley del país que legaliza la eutanasia aprobada por el parlamento portugués en 2022. Es la segunda vez que este Tribunal rechaza una ley que permite la eutanasia. Como informó ForumLibertas en su momento, en los intentos anteriores fue el parlamento o el presidente el que bloqueó esta ley.
Todavía no se sabe los términos precisos en que algunas partes de esa ley han sido declaradas inconstitucionales y hay que esperar la publicación de esta decisión para realizar un análisis más a fondo. De hecho, existe un problema porque el rechazo de la ley por parte de la Corte no se basa en la inconstitucionalidad del concepto de eutanasia, sino sólo en los términos de cómo debe ser prevista y realizada, por lo tanto, no cierra la puerta a su legalización en un futuro.
El Tribunal Constitucional tumba la Ley de eutanasia de Portugal
Mientras tanto, cabe felicitarse porque este es el cuarto intento en los últimos siete años que intenta legalizar la eutanasia en Portugal y que fracasa. Además, estos intentos han tenido lugar en un momento en el que, en los últimos tres intentos, la mayoría del parlamento está a favor de la eutanasia y, a pesar de ello, no prosperó.
Esta tercera versión de la Ley para despenalizar la muerte asistida ha sido rechazada por una estrecha votación de siete jueces contra seis del Tribunal Constitucional de Portugal.
La opinión del TC ha sido emitida en respuesta a una solicitud de fiscalización preventiva planteada por el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, según recoge el periódico ‘Diário de Notícias’. Ahora el jefe del Estado debe devolver el proyecto de ley a la Asamblea de la República sin promulgarlo.
Es la segunda vez que el TC se pronuncia sobre la norma después de que en febrero de 2021 el presidente solicitara la opinión del tribunal.
Es la tercera versión de la norma aprobada por la Asamblea lusa después de que Marcelo Rebelo de Sousa rechazara una primera intentona por falta de precisión en los conceptos empleados. Rebelo de Sousa remitió la tercera versión al TC tras indicar que persistía en su opinión la «indefinición conceptual» y poner en valor la necesidad de «seguridad jurídica».
