¿Por qué presentamos como editorial el análisis de los informes del periódico El País sobre la pederastia, en lugar de presentarlo como una información?
La razón es muy concreta: pretendemos de esta manera subrayar la importancia de la manipulación de este periódico, que ha sido un agente decisivo en la discriminatoria decisión del Congreso de los Diputados, de encargar una comisión al Defensor del Pueblo sobre este grave delito, pero limitada solo a las personas vinculadas a la Iglesia católica, a pesar de que todos los datos disponibles señalan que este grupo significa solo una ínfima minoría, y que tal y como señala el recurso al Tribunal Constitucional, que presentaron e-Cristians y One of Us, solo representa entre el 0,2 y el 0,4% de los casos. Actuando de aquella manera, el Congreso de los Diputados, y al asumirlo el Defensor del Pueblo en estos términos, sin tener la obligación de hacerlo, lo único que hacen es contribuir a la ocultación del 99% de los casos y autores y a convertir a los católicos en un chivo expiatorio.
Pues bien, el origen de todo esto radica en los informes del citado periódico y en la sistemática campaña llevada a lo largo de casi dos años, semana a semana, presentando un goteo continuo de casos, en muchos casos reciclados, que el análisis de sus dos informes sitúa en su justo lugar.
El País ha llegado al extremo de incentivar la denuncia anónima mediante un teléfono permanente para que se pudieran denunciar presuntos casos de pederastia por parte de personas de la Iglesia. Aceptar el anonimato como medio, impulsar este tipo de práctica presentándola como periodismo, es simplemente repugnante. Y es precisamente esta forma de proceder lo que convierte en buena parte del informe en un papel sin valor. Porque como mínimo en 1/3 de los casos la información es tan indeterminada, vaga, que no expresa nada dotado de significación. En realidad, en una investigación periodística seria, se hubiera depurado este 33%-35% de casos, que no hubieran aparecido en la versión final. Pero claro, esto presentaba un problema para la iniciativa del periódico, dado que al final la recolección de tanta denuncia incentivada era muy flaca. Si encima se cargaban a uno de cada tres, la cosa quedaba en casi nada.
Porque, hay que advertir, que el recuento de casos se remonta a la década de los cuarenta, ¡nada menos que ochenta años atrás! Y sobre esta base construye el relato. En contrapartida, el número de supuestos de este siglo son solo 14 en 22 años. Según el informe de la Fundación Anar por cada presunto delito cometido por un sacerdote o religioso, los monitores han cometido 5, los maestros y profesores 18, los que tienen su origen en internautas 26, su pareja o expareja 40 y un amigo o compañero 72. Algo más de la mitad de los abusos se concentran en la familia nuclear y extensa, y en amigos de esta. Pero el foco solo se fija en la Iglesia.
Lo más escandaloso es que en 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctimas a menores. El año anterior fueron 6.153: casi 12.000 denuncias en dos años. Repitámoslo: solo 14 en más de veinte años ha conseguido reunir la “investigación” de El País. Del total de 505 supuestos que presentan cerca del 30 % son previos a 1970. Del resto, la gran mayoría corresponden a la década de los 70 y 80.
En 82 años El País ha reunido poco más de medio millar de supuestos, que representan menos de 600 casos, dándolos todos por buenos; solo unos 400, descontando los que carecen de fecha, concreción de lugar o persona, o refieren un lugar fuera de España.
Pero, incluso en máximos, ¡la cifra de presuntos responsables católicos en ocho décadas es del orden del 10% de las denuncias formuladas de media en un solo año en estos últimos tiempos! Y esto se presenta como un escándalo…para la Iglesia. Qué despropósito, que cinismo, qué injusticia y qué grave es que la más alta instancia de la representación política de este país, el Congreso, lo asuma.
Lo diremos alto y claro una vez más: exigimos por razones obvias de seguridad para el futuro de los menores de nuestra sociedad una investigación de todos los casos y todas las causas, empezando por los más escandalosos: las instancias de la propia administración pública, donde se multiplican los casos, de acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación.
