El 1 de diciembre del año 1955, Rosa Parks tuvo un gesto de resistencia que catalizó el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que acabaría llevándola a la cárcel por haberse negado a ceder el asiento a un pasajero blanco y moverse a la parte trasera del autobús.
Y tenemos otro autobús, y este es de ahora. Lo sucedido esta semana pasada en Barcelona no es exactamente lo mismo y no hace falta, por tanto, ponerse estupendo, pero sí hay un trasfondo común entre aquel suceso de hace casi 70 años y el autobús fletado contra la ley trans, cuando la policía catalana, por orden de la Generalitat, lo detuvo y expulsó de Cataluña, obligándoles a tapar los eslóganes que afirmaban cosas tan terribles como: “Les niñes no existen”, “No a la mutilación infantil” o “Las mujeres no tienen pene”. Tres afirmaciones obvias.
Este hecho, escandaloso desde el punto de vista de los derechos civiles, ha pasado desapercibido para la mayor parte de España e incluso en la propia ciudad de Barcelona, si no fuera porque un periodista de reconocido prestigio que colabora en La Vanguardia y en la emisora del mismo Grupo Godó, RAC1, la de mayor audiencia en Cataluña, criticó sin matices el sectarismo del poder, en el artículo “Dejadnos hablar y pensar en paz”, que merece ser leído.
También se ha perseguido y se persigue centros concertados de ideario cristiano en nombre de leyes autonómicas, como la ley trans o la LGBTIQ como ha sucedido incluso en la Comunidad Autónoma de Madrid, presidida por Ayuso. Lo cual permite añadir que el PP ni mucho menos está libre de graves responsabilidades.
Defender el derecho a formular lo que discrepe del poder forma parte del estado de derecho que, en teoría, rige en nuestro país, aunque cada vez resulte más vulnerado, como en la ocasión apuntada, y sustituido por un estado de leyes. La diferencia entre uno y el otro es fundamental. En ambos los derechos están contemplados por los textos constitucionales, pero en el estado de leyes se aplican “según y cómo” convengan, con plenitud a los amigos del régimen, de manera escasa o contraria a los contraculturales y disidentes. Y esta es la situación en España.
Si tuviéramos que situar un hito en este deterioro, lo concretaríamos en la ley integral contra la violencia de género, que consagra esta ideología como propia de las leyes españolas y después de este principio establece una aberración contra los derechos civiles: la de una pena más grave para un mismo delito en función de si quien lo comete es un hombre. No se trata de una causa agravante, por su mayor fuerza o por abuso de confianza, o cualquier otra agravante, nada de eso. Como teoriza la ley y el Tribunal Constitucional, se trata de que los hombres, por el hecho de serlo, son más culpables porque forman parte de una “estructura”, el patriarcado, que oprime a las mujeres. Y como las ideas tienen consecuencias, como escribió en 1948 Richard M. Weaver en un famoso libro del mismo título, empezó la aplicación asimétrica de los derechos y las leyes; y como estas cosas se acaban pagando por justicia histórica, se ha traducido en la crisis del tercer poder.
En España si te declaras miembro de las identidades políticamente dominantes LGBTI dispones de derechos singulares, incluidos beneficios de extranjería y económicos, y lo más importante de todo, tienes la ventaja de la inversión de la carga de la prueba. Se puede acusar a alguien de fobia, y él ha de demostrar su inocencia. Esta ruptura con los derechos civiles ha continuado recortando unos, los de los padres y la educación de sus hijos, o ampliando otros, las personas trans, es el caso. También se atacan los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación si se oponen al aborto y con relación a las clínicas que basan su negocio en esta práctica.
En definitiva, la lista es ya muy larga, y solo la falta de altura de la oposición ha impedido una recapitulación necesaria de cómo en España se han ido cercenando los derechos civiles, también en el ámbito de la tramitación de las leyes, y es otro de los muchos casos.
Es necesario responder a ello. Primero codificando todas las vulneraciones y mostrando la radiografía de la maltrecha situación del ejercicio de los derechos. Y segundo, organizándonos y levantando la bandera de los derechos civiles, culturales, políticos y religiosos.
