Como es bien sabido, el carisma de 40 Días por la Vida, un grupo internacional, es el de orar y ayunar delante de los lugares donde se practican abortos, para, de esta manera, rogar por las mujeres que incurren en ellos y por los hijos que van a perecer. No hacen nada más, solo rezan. No es infrecuente que alguna mujer al verlos u oírlos se acerque a ellos y acabe rectificando su decisión, en base a su libertad, pero esto no gusta a los abortistas ni al poder que lo promueve. Pero ¿cómo impedir que se ejerzan unos derechos fundamentales establecidos por la Constitución?
Una vía es la del amedrentamiento, la amenaza. Así se ha de entender la modificación específica del Código Penal para culpar, a los que rezan, por coacciones a las mujeres que se dirigen a las clínicas. Pero claro, el problema es que el rezo no es ninguna coacción, por mucho que se retuerza la cuestión. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues para lo dicho, para amenazar y en su caso forzar a la policía a una intervención sin más consecuencias que la identificación de las personas, lo cual es una forma de atemorizar.
Los responsables de 40 Días por la Vida, asesorados jurídicamente, han dejado siempre claro, y tienen razón, que aquel cambio legal no va con ellos. La prueba es que por ahora no se ha registrado ninguna intervención policial sistemática, a pesar de que la campaña de oración actual es pública y notoria. Ninguna intervención, con dos excepciones. Una en el País Vasco donde la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, obligó a que el punto de vigilia fuera desplazado lejos de la clínica abortista (a reparar, que ni siquiera se atrevieron a suprimir su presencia). Pero, por intervención de la justicia, estas medidas han sido revocadas y los voluntarios podrán seguir rezando delante de donde se practican los abortos.
Los servicios jurídicos de 40 Días por la Vida interpusieron contra aquella resolución un recurso contencioso-administrativo que ha sido íntegramente estimado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La sentencia revoca la resolución de la directora de la Ertzaintza. En palabras del Tribunal: “la Administración actuó incorrectamente al margen de las atribuciones recogidas en el ordenamiento jurídico aplicable al exigir la modificación del lugar de reunión”. La Sentencia declara que la resolución recurrida no es conforme a Derecho. El propio Ministerio Fiscal solicitó la estimación del recurso.
Pero hete aquí que la voluntad de perseguir no ceja, y la segunda actuación ha sido en Cataluña, donde el gobierno de Esquerra Republicana ha subido el nivel. No han hecho intervenir a los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, sino que ha sido la Consejera de Igualdad i Feminismos, Tània Verge quien ha presentado una denuncia a la Fiscalía. Una intervención política y gubernamental, un peldaño superior a lo hecho en el País Vasco, con una agresividad mucho menor, porque en Cataluña lo que se pide es lisa y llanamente suprimir derechos fundamentales.
La querella se presentó el viernes ante la Fiscalía Provincial de Barcelona. La administración catalana denuncia que se está vulnerando un derecho fundamental, como es el de la interrupción voluntaria del embarazo, y que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de coacciones y acoso con arreglo al artículo 172 del Código Penal, es decir, se utiliza por primera vez en España la ley modificada. No deja de ser llamativo que sea un gobierno que se declara independentista el primero que acude a una “ley española”. Poca coherencia con sus propias leyes de “desconexión” de la legislación española.
La denuncia abarca «a todas las personas promotoras, impulsoras y participantes en los actos de la campaña», y que está convocada para el período que va del 28 de septiembre al 6 de noviembre.
La Generalitat pide a la Fiscalía que intervenga para evitar que el delito de coacción y acoso se repita a diario hasta el 6 de noviembre, evitando así que se puedan producir las lesiones derivadas de esa conducta en la esfera psíquica. O sea, que rezar provoca lesiones psíquicas. Esta es una aportación maravillosa al ateísmo de persecución. Aduce también la Consellera que incomodan a las personas trabajadoras y profesionales de las clínicas, «cuestionando y juzgando su actividad de forma negativa con parámetros morales». O sea, que rezar y pedir por la vida incomoda a quienes trabajan en terminar con ella. El mundo al revés.
No es un detalle menor que la información aportada por La Vanguardia, descaradamente contraria a quienes rezan, y publicada en su versión digital, ha dado lugar a numerosos comentarios. Y, a pesar de ser una información orientada a desprestigiar la iniciativa del rezo, manifiestan una clara mayoría de comentarios favorables a quienes lo practican. Cosas de la vida.
En Cataluña la persecución es ya gubernamental, a cargo de un gobierno que solo tiene 33 diputados de un total de 168. Democracia pura.
1 Comentario. Dejar nuevo
Excelente editorial.
La postura del gobierno catalán es una impostura. La consellera Tània Verge denuncia a quienes rezan con el cuento de que acosan a quienes van a abortar y a quienes perpetran los abortos, pero en realidad son ella y el govern quienes acosan e incitan al odio a quienes no hacen más que clamar al cielo por las barbaridades que se perpetran en los abortorios, que por muy legales que sean no son menos barbaridades. Quienes rezan están en su derecho de hacerlo, un derecho que además es un deber que beneficia a toda la sociedad.
Los nazis hubiesen aniquilado ipso facto a quienes se hubiesen puesto a rezar ante las cámaras de gas. El Govern no se atreve ello, pero bajo cobertura democrática brega por aniquilarlos moralmente y defenestrarlos jurídicamente. Va a ser que no, desde luego, y tendrán que tragarse su mala baba, su mala lecha, y su mala fe.
Una sociedad está tocada de muerte por descomposición cuando el defender sin violencia alguna la vida de los más pequeños y desvalidos se trata como un delito, solo porque el abortarlos, es decir, matarlos, se trata como un derecho.